Cuestionan fallo del caso Buko Millonario

Un grupo de organizaciones civiles ha cuestionado el fallo de  sobreseimiento provisional dictado  al caso del  “Buko Millonario”, en favor del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima; de la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos Giselle Brea; y del exsubcontralor Luis Felipe de Icaza.

El juez ordenó, además, dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a los imputados por el supuesto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos.

En un comunicado, las organizaciones civiles señalan  que la medida ordenada es "preocupante y decepcionante" para la ciudadanía que espera justicia para los casos que escandalizaron la opinión pública.

La denuncia penal por este caso, presentada por la empresa afectada con el resultado de la licitación, logró completar un expediente de ocho tomos, en los que se buscaba probar que los entonces funcionarios no cumplieron con sus obligaciones de fiscalizar  y supervisar la explotación de los juegos de suerte y azar, al ocultar información para  otorgar una concesión que violaba la ley, añade el comunicado.

“Lo escandaloso, y que todo el país conoció  por los medios de comunicación, fue que el grupo Martinelli tenía el 55% de las acciones de la empresa que obtuvo la licitación y que en nueve meses lograron recaudar $12.5 millones en ganancias”, agrega la nota de prensa.

Las organizaciones civiles cuestionan que el sobresimiento provisional dictado por el Juez Decimoquinto del Circuito Penal se  haya dado sin siquiera haberse realizado  una audiencia preliminar,  negándose así a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción la oportunidad de sustentar su  investigación y  su acusación, continúa el documento.

Según el comunicado de las organizaciones, la  preocupación es mayor porque fue este mismo juez quien dictó sobreseimiento  definitivo para tres funcionarios en el caso de comida deshidratada.

“Exigimos jueces probos que actúen con independencia y respeto al debido proceso y que con su fallos envíen un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción no paga y que la impunidad no es una opción”, concluyen las agrupaciones.