Hay 17 casos de corrupción ‘estancados' en el Judicial

Ni una sola condena ha conseguido el Ministerio Público (MP) en las veinte investigaciones adelantadas por corrupción en los últimos tres años, 17 de ellas conclusas y en el Órganos Judicial, sin juicio ni sentencia.

Así lo reseña el capítulo panameño de Transparencia Internacional, que alerta de riesgo de que dos de estos casos emblemáticos queden impunes.

‘HAN SIDO IMPUTADAS 274 PERSONAS —159 PARTICULARES Y 115 SERVIDORES PÚBLICOS—. HAY 17 PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA CUYAS ÓRDENES DE DETENCIÓN FUERON SOLICITADAS A INTERPOL',

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PANAMÁ

Los resultados del monitoreo de veinte casos de corrupción realizado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, deberían hacer reflexionar a más de uno en el Órgano Judicial, donde las investigaciones parecen estancarse debido a la reiterada cancelación de audiencias o el retraso en la fijación de fecha para estos procedimientos.

Llama la atención que uno de los casos más escandalosos, el desfalco de la casa de valores Financial Pacific, que tiene 24 meses de investigación y 14 tomos escritos por la fiscal Lieda Sánchez, no tenga una vista fiscal y menos un llamamiento a juicio. Además, que uno de los socios principales de la casa de valores, West Valdés, esté detenido por la investigación de un préstamo de la Caja de Ahorros y no por el desfalco a Financial Pacific.. O que el expediente en el que se investiga el fraude financiero y blanqueo de capitales con uso de información privilegiada de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd. no se haya localizado en el Órgano Judicial.

El caso estaba a la espera de reparto y la información sobre la cantidad de tomos que abarca el expediente tampoco está disponible.

Esta investigación fue efectuada a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores al tomar la batuta de esta entidad Marelissa Quintero, en relevo de Juan Manuel Martans.

El regulador, tras el escándalo de la casa de valores, sufrió un deterioro institucional significativo, así como en el grado de credibilidad mientras se desarrollaba la crisis de Financial Pacific.

Aunado a esto, hay informes de la prensa extranjera que reportan que al expresidente Ricardo Martinelli se le abrió un proceso en Estados Unidos por posible utilización de información privilegiada para la compra de acciones de la minera.

DATOS DUROS

Entre los veinte casos monitoreados por Transparencia Internacional, el Ministerio Público ha acumulado un total de 819 tomos que contienen todas las investigaciones, pero con pocos resultados. Han sido imputadas 274 personas —159 particulares y 115 servidores públicos—.

Hay 17 prófugos de la justicia cuyas órdenes de detención, supuestamente solicitadas a la Policía Internacional (Interpol), no han surtido ningún efecto en más de treinta meses.

De los veinte casos, aún permanecen en sumarias de averiguación (MP) el expediente de Odebrecht Suiza (uno de los más abultados, con 160 tomos); los contratos de la Asamblea Nacional y el de Financial Pacific.

Al momento de tomar el mando de la Procuraduría General, Kenia Porcell se comprometió a poner especial énfasis en el caso de la casa de valores.

La procuradora dijo que revisaría el expediente y el trabajo realizado por los fiscales que lo investigaron, pero aún no se conocen resultados sobre las revisiones que efectuó Porcell. De hecho, el informe del monitoreo sitúa al expediente aún en el MP.

Con vista fiscal, a la espera de audiencia preliminar, se encuentran los siguientes expedientes: alquiler de aeronaves, blanqueo de capitales del Programa de Ayuda Nacional (PAN), compra de granos (55 imputados), programa Piso-Techo, mochilas escolares, radares, enriquecimiento injustificado de Guillermo Ferrufino.

Pero, por ejemplo, han sido llamados a audiencia y se han suspendido en múltiples ocasiones los casos: bolsas de comida, comida deshidratada, Riego de Tonosí, Cobranzas del Istmo, mochilas escolares, tecnología AIG Criptex, debido a apelaciones, recursos, incidentes o controversias.

En el caso por el cual está siendo perseguido el expresidente Martinelli en Estados Unidos, el de las escuchas telefónicas, aún están a la espera de juicio el resto de los imputados.

Martinelli se encuentra recluido desde hace un mes en la prisión federal en Miami, Florida, a la espera de su extradición. En este caso están imputados tres funcionarios del Consejo de Seguridad vinculados, pero dos están prófugos.

ÓRGANO JUDICIAL

Según el reporte de Transparencia Internacional, el Órgano Judicial demora las decisiones de habeas corpus , amparos de garantías y otros recursos. También hay lentitud en la definición de fechas de audiencia y permisibilidad ante la abusiva práctica de posposición de estas.

Entre otras cosas, el Judicial carece de tribunales especializados para delitos de corrupción o contra la administración pública, o de un sistema disciplinario por la no aplicación de la carrera judicial, no hay controles éticos y disciplinarios y con una gran crisis de credibilidad.

MINISTERIO PÚBLICO

En el MP, según el mismo documento, se han congestionado las Fiscalías Anticorrupción por la gran cantidad de investigaciones atendidas. La entidad carece de recursos, lo que se refleja en los escasos auditores y expertos en delitos de blanqueo de capitales y financieros, tópicos de gran importancia en la investigación de estos complejos casos que requieren de expertos para probar el delito.

También se aprecia, dice el análisis, un MP sometido a presión y acoso debido a las decisiones contra exfuncionarios de alto perfil del gobierno anterior.

PRÓFUGOS

En los distintos casos, el MP asevera haber emitido orden de detención a varios implicados que abandonaron el país, pero cuyas alertas no han reflejado resultados hasta ahora. Las personas requeridas son las siguientes: Rafael Guardia Juárez (hijo), Rosa Elvira González, Abraham Williams, Yasmina Pimentel, Viyei Etzell Pérez, Adolfo de Obarrio, Roberto Pérez, Ricardo Calvo Latorraca, Víctor Ríos Frías, Mauricio Oryz, Claudio Poma Murialdo, Francisco Fillu Nigaglioni, Oscar Iván Rivera, Ronny Rodríguez, William Pitty, Ricardo Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares.

El estudio revela que entre todos los casos se pudo haber originado una lesión patrimonial al Estado por $357.3 millones.