ARAP admite la existencia de flota enmascarada y anuncia reclasificación

“Es importante precisar, en relación con una supuesta ‘flota enmascarada’, que la Autoridad se encuentra en un proceso de revisión, inspección y verificación de las características de las embarcaciones, con el propósito de categorizarlas acorde con los resultados que se obtengan”.

De esta manera se pronunció la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) ante la investigación de La Estrella de Panamá, que evidenció la existencia de una flota con equipo mecanizado clasificada por la entidad como “de pequeña escala”, lo que impide su fiscalización.

La investigación de este diario, titulada “Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital”, del 23 de marzo, y “Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP”, del 24 de marzo, evidenció la falta de controles del sector por parte de la autoridad.

Entre los hallazgos, se reveló que, a julio de 2025, solo el 14% de la flota palangrera cuenta con monitoreo satelital o VMS (por sus siglas en inglés), a pesar de que el Decreto Ejecutivo 126 de 2017 lo obliga para todo tipo de embarcaciones palangreras.

También se constató que la bitácora pesquera, un requisito clave para fiscalizar la actividad, no está siendo solicitada, según testimonios y confirmación de la propia ARAP.

La investigación contó ampliamente con las explicaciones de la entidad, que ante el cuestionario reiteró que los hallazgos detectados se deben a la “coexistencia” de normas en el sector.

“El país se encuentra en un proceso de adecuación normativa en ejecución conforme al Decreto Ejecutivo 13 de 2023”, informó la ARAP, al tiempo que indicó que las naves de pequeña escala serán reclasificadas, según el comunicado emitido ayer.

La ARAP también confirmó que más de la mitad de la flota palangrera (66%) carece del dispositivo VMS para su seguimiento.

No obstante, actualizó que el porcentaje reportado por este diario (14%), con datos a julio de 2025, ahora se ubica en 34%.

Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú, que establece “el principio de no regresión y de progresividad”, por lo que el país estaría incumpliendo este marco al no aplicar el Decreto 126 de 2017, alertan abogados.

En el comunicado de ayer, la ARAP modificó su posición frente a este medio sobre la “coexistencia de normas”: “No existe una ‘coexistencia normativa’ en los términos planteados, sino una transición regulatoria propia del sistema”, y negó que exista descontrol, al afirmar que se trata de un “proceso en curso de fortalecimiento del sistema de ordenación pesquera”.