‘No se puede culpar al resto de nuestros errores', dice abogado Luis Cabezas

Actualizado
  • 04/09/2017 02:05
Creado
  • 04/09/2017 02:05
Así opina el catedrático de derecho penal y secretario legal del Partido Revolucionario Democrático sobre el "caso de los radares", parcialmente anulado por la Corte

Un prominente constitucionalista catalogó como un "incesto jurídico" el reciente fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, a favor del ex ministro José Raúl, que deja sin efecto la investigación por la compra de radares a la italiana Finmeccanica.

El fallo en sí ha generado una ola de opiniones a favor y en contra y la opinión del constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi también.

MULINO Y GARUZ

El exministro de Seguridad y el exdirector del Consejo de Seguridad eran investigados

La compra de radares y otros equipos de seguridad a la empresa italiana Finmeccanica fue el origen de esta investigación, anulada, según el exministro José Raúl Mulino

El abogado, catedrático de derecho penal y secretario legal del Partido Revolucionario Democrático, Luis Carlos Cabezas, a diferencia de Pedreschi, no ve el problema en la Corte Suprema, sino en la actuación del Ministerio Público.

El abogado revisó exhaustivamente el caso y dijo que la fiscalía tuvo ocho meses para armar el expediente. De hecho, dice, el caso inicia el 12 de agosto de 2014 y el 8 de enero solicita prórroga, lo cual se le concede el 20 de enero de 2015. El término de la prórroga empieza a correr el 26 de enero y se le vence en septiembre de 2015. El 16 de septiembre la fiscalía solicita nueva prórroga y el 28 de octubre se le niega. La fiscalía apela ante el Segundo Tribunal de Justicia, quien también niega la prórroga.

La fiscal Zuleyka Moore, en lugar de enviar el expediente al juzgado, continuó la investigación y generó actuaciones de imputación de cargos, indagatorias y conducción.

En pocas palabras, dice Cabezas, de lo que se trata es que no puede ser que quienes están llamados a realizar investigaciones al amparo de la Ley la realicen al margen y peor aún, cuando otro órgano del Estado, en abierta injerencia, entra a cuestionar al órgano de control constitucional.

"No podemos estar culpando al resto de nuestros errores. Ha sido reiterado el señalamiento de un Ministerio Público que, teniendo en su favor expertos y profesionales idóneos, no comprende aún que su trabajo no es favorecer requerimientos mediáticos, económicos o políticos, que en algunas ocasiones, en su desesperación, resultan claramente visibles", afirma el abogado.

Lo cuestionable -afirma Cabezas- es que el Ministerio Público señale la culpa en la Corte Suprema de Justicia cuando la verdad es que la crisis se genera en sus entrañas. Y es que la Corte Suprema de Justicia no es quien investiga y no puede tomar decisiones sino es a través de los resultados de las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público.

"Si las pesquisas resultan inapropiadas, producto de un trabajo para favorecer apetitos de persecución e injerencia de quienes no conocen el derecho y ordenan o inducen a los funcionarios de instrucción a realizar cuasi forzadamente condenas previas, nos alejan del cumplimiento del debido proceso y nos hacen caer más profundo en la crisis que se genera sin duda en un trabajo cuestionable del Ministerio Público. Hagamos un alto y dejemos a los operadores de Justicia hacer su trabajo", concluye.

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