Panamá aprueba extradición del ex gobernador de México, Roberto Borges

Actualizado
  • 19/09/2017 09:33
Creado
  • 19/09/2017 09:33
Por el momento, Roberto Borge se mantiene en detención preventiva en una celda de la sede de la Dirección de Investigación Judicial en el corregimiento de Ancón

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores concedió este lunes 18 de septiembre al Gobierno de México la extradición a nivel ministerial  del del exgobernador mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge.

Tras ser notificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería, el exfuncionario mexicano anunció que a través de sus abogados interpondrá como  recurso de apelación  un incidente de objeciones, que se surte ante la Sala Segunda de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades del gobierno de México agradecen a las autoridades panameñas, todo su esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó nuestro país, que permitieron primeramente, lograr la captura inmediata del señor Borge el pasado 5 de junio cuando se disponía a partir hacia Europa; así como para resolver la concesión de su entrega con base en los compromisos asumidos por ambos Estados en el tratado de extradición suscrito en el año 2004", indica un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) del país azteca.

Conforme a la legislación panameña, el exfuncionario mexicano contará con los medios de impugnación correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país.

Caso Borge

Borge, de 37 años, fue detenido el 4 de junio en Panamá cuando intentaba tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino a París, Francia.

El 2 de agosto la justicia panameña lo puso a órdenes de la Cancillería para que fueran las autoridades encargadas de la diplomacia panameña las que decidieran sobre su extradición en un lapso de dos meses.

El exgobernador mexicano enfrenta siete procesos judiciales en su país, uno de ellos por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, así como por haber dejado en quiebra al estado que gobernó de 2011 a 2016.

También está implicado en la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

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