‘No investigué a (Lasso) por Odebrecht' , Belfon

La exprocuradora de la Nación Ana Belfon rechazó el argumento del Ministerio Público sobre la existencia de doble juzgamiento en el caso Odebrecht en donde se menciona al médico y exdiplomático Jaime Lasso Del Castillo.

‘No investigué a ese señor (Jaime Lasso) por el caso Odebrecht', señaló a La Estrella de Panamá la exprocuradora de la Nación, al tiempo que agregó que las investigaciones realizadas por ella fueron en el año 2014, ‘cuando no se conocían en Panamá las incidencias internas sobre este caso'.

Las declaraciones de Belfon se dan en reacción a los argumentos de la fiscal Especial Anticorrupción Zuleika Moore, en la audiencia pública de homologación de acuerdos de colaboración sobre el caso Odebrecht, realizada el pasado jueves 9 de noviembre.

Moore dijo que en la pasada administración del Ministerio Público se emitió una resolución de archivo de la causa por considerar que no había delito, haciendo uso del criterio de oportunidades, que es una facultad de la fiscalía de seguir investigando o no a una persona.

CASO ODEBRECHT

MP pide tiempo para concluir la investigación

La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, aseguró que ‘saldrán más nombres' relacionados con el caso Odebrecht, ‘si se nos da más tiempo para continuar las investigaciones'.

Al respecto, la Fiscal Anticorrupción, Zuleika Moore, indicó que las confesiones de los directivos de la constructora son ‘imprescindibles para entender la trama de corrupción y sentar en el banquillo a los panameños que malversaron dinero público y recibieron sobornos'.

Moore, en una audiencia pública, dijo que la constructora aportó información de tres estructuras societarias -Mundial de Valores, Mar Pesca y Caribbean Holding- del periodo 2007. La información desafortunadamente no ha podido ser analizada ni procesada por el impasse del expediente, agregó la funcionaria de instrucción.

El 25 de octubre de 2017, la juez suplente del Juzgado Duodécimo de lo penal se negó a extender por dos meses más el tiempo de investigación y ordenó remitir el expediente con vista fiscal.

Porcell, quien estuvo participando en un evento internacional en Italia, aseguró que los fiscales del Ministerio Público ‘han recibido amenazas y persecuciones' como resultado de sus investigaciones, reiterando que ‘no dejarán de hacer el trabajo que corresponde', a pesar de esta situación.

‘Estamos recuperando dineros públicos, gracias a que se ha hecho un trabajo sólido, en donde se han presentado pruebas documentales y financieras contundentes; ese trabajo nos alienta a continuar adelante', apuntó Porcell.

Esta acción, según la fiscal, impide que el caso seguido a Lasso y a su hija Michelle sea reabierto.

La causa contra Lasso, a la que hace alusión la fiscal Moore, es por $700,000 aportados por la constructora para la campaña electoral del Partido Panameñista en 2009.

Hoy se espera un pronunciamiento detallado por parte de la exprocuradora Belfon, sobre el caso de Lasso.

Estas declaraciones de la exprocuradora Belfon generan más dudas que respuestas sobre la transparencia e imparcialidad con que se desarrolla el proceso por los dineros que pagó la constructora a funcionarios y políticos panameños, aun después de la audiencia del 9 de noviembre de 2017, cuando se dieron a conocer los nombres de los supuestos beneficiados.

Por ejemplo, el caso seguido al exdiplomático Jaime Lasso es uno de los temas más cuestionados, considerando que los dineros que recibió de la constructora fueron destinados a una campaña electoral del partido que hoy controla el poder político del país.

El presidente Juan Carlos Varela, por su parte, reconoció que en su campaña a la vicepresidencia recibió apoyo de una persona vinculada a la constructora, en momentos en que no estaba cuestionada por irregularidades.

El Partido Panameñista igualmente se defendió al manifestar en un comunicado que cuando la constructora Odebrecht contrató los servicios del exdiplomático para asesoramiento y lobby , no estaba señalada por actos de corrupción y participaba activamente como donante de proyectos sociales, culturales, periodísticos, ecológicos y hasta religiosos.

El colectivo político, que reaccionó posterior a la publicación de la indagatoria del médico, añade que las contribuciones se usaron para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país, y fueron reportadas al Tribunal Electoral.

El colectivo político niega sobornos

En su indagatoria del 4 de septiembre de 2017, Lasso dijo que ‘entiende' que ‘los fondos fueron reportados para la candidatura del vicepresidente, en las elecciones del 2009', hoy presidente Juan Carlos Varela, y que dichos dineros fueron depositados en una cuenta en Estados Unidos, a nombre de la Fundación Don James, entre el 12 de enero de 2009 y el 28 de abril del mismo año.

Una vez ganadas las elecciones, al médico se le distinguió con el cargo de embajador y cónsul de Panamá en Corea.

CASO LASSO DE 2014

En 2014, la Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones contra Lasso: por un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de sus cuentas y por cheques filtrados que daban cuenta de sus aportes políticos.

El 27 de junio de 2014, Belfon se abstuvo de la acción penal y declaró improcedente una instrucción sumarial con el informe de la UAF, declaró Lasso en su indagatoria.

El segundo caso, continúa explicando el médico en su indagatoria, denominado ‘implican a candidato en lavado de dinero', Belfon también se abstuvo de la acción penal.

Según el médico, el expresidente Ricardo Martinelli se dedicó a investigarlo meses antes de las elecciones del 2014, tratando de vincular a un candidato presidencial con actividades ilícitas.

PRINCIPIO DE DOBLE JUZGAMIENTO

Juan Carlos Araúz, doctor en derecho y ciencias políticas, considera que en este caso de Jaime Lasso no se puede utilizar como medio de defensa la figura del doble juzgamiento.

Explica que para que haya doble juzgamiento deben existir cuatro elementos: la existencia de un proceso anterior, que lo que se investigue sea idéntico y contra la misma persona y un sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria.

A su juicio, en este momento la investigación está relacionada con el método de operación de la constructora, que ‘reconoce pagó coimas para obtener beneficios'.

‘MP espera que se decida si se adecúan los términos para continuar investigando',

KENIA PORCELL

PROCURADORA

Araúz agrega que ‘la línea de investigación debe centrarse en ese aspecto y no debe guardar relación con procesos previos, que podrían ser conductas autónomas que no están vinculadas a la trama de corrupción Odebrecht'.

En el caso Odebrecht, advierte Araúz, no puede usar este concepto de cosa juzgada, como forma de defensa, porque la investigación de corrupción y la posterior aceptación de la empresa del delito no ha ocurrido en otro expediente.

En una entrevista que Rodrigo Tacla Durán, consultor de la empresa Odebrecht, ofreció al diario español El País , explicó que la constructora movía cerca de 260 millones de euros en comisiones ilegales.

El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Tacla Durán explicó que la empresa usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP). Así se hizo llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente Varela.

EL PROCESO A SEGUIR

El 9 de noviembre de 2017, el Juzgado Duodécimo de lo Penal, a cargo de Oscar Carrasquilla, validó tres acuerdos de colaboración con tres representantes de la constructora Norberto Odebrecht (André Luiz Campo Rabello, Olivio Rodrigues y Luiz Eduardo Da Rocha Soares).

El juez ordenó la salida de los tres colaboradores del expediente y el archivo de la causa contra ellos, considerando que sus declaraciones fueron eficaces. Pero el proceso debe continuar contra los otros imputados dentro de la causa penal.

‘No investigué a ese señor (Jaime Lasso) por el caso Odebrecht',

ANA BELFON

EXPROCURADORA

A través de las delaciones de los colaboradores, la fiscalía estableció la vinculación de nueve personas naturales y una jurídica con los delitos de lavado de activos y contra la administración pública, quienes, según la investigación, habrían recibido al menos $85.3 millones de Odebrecht.

En estos momentos el caso está en espera de una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, tras la apelación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, luego de que la juez suplente del Juzgado Duodécimo de Circuito de lo Penal, Lania Batista, negara la extensión del plazo de investigación y ordena remitir el expediente con vista fiscal.