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17 de Oct de 2019

Nacional

TI pide veto parcial a ley de imprescriptibilidad

Los capítulos de TI piden específicamente el veto de los artículos 3 y 4 al considerar que disminuyen dos herramientas para la lucha contra la corrupción

El proyecto fue aprobado en tercer debate el pasado 3 de abril por la Asamblea Nacional.

Los capítulos de 10 países de América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI) solicitaron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetar parcialmente el proyecto de ley No. 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

En una carta al mandatario panameños, los capítulos de TI piden específicamente el veto de los artículos 3 y 4 al considerar que disminuyen dos herramientas para la lucha contra la corrupción: inhabilitan permanentemente a las empresas que hayan aceptado acogerse a la colaboración eficaz en casos de corrupción para contratar con el Estado y exoneran de sanciones a las personas jurídicas que sirven de intermediarias en la comisión de estos delitos si no reciben beneficios directos.

‘Esta norma disminuirá su capacidad de asistir y ser asistida por los países de la región en la investigación de corrupción'

COMUNICADO

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

De esta manera, los capítulos de TI de Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Chile, Brasil y Costa Rica se unen al de Panamá (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana) en solicitar el veto parcial del proyecto de ley, que fue una iniciativa de la sociedad civil organizada.

La colaboración eficaz (o delación premiada) en las investigaciones del caso Lava Jato, ha permitido romper una tradición de impunidad en la región y, gracias a ella, se han logrado emblemáticas detenciones y condenas, señala la misiva enviada al presidente Varela. Además, ha sido posible la recuperación de miles de millones de dólares y el acopio de pruebas vitales, que en otras circunstancias hubiera sido imposible conseguir, agrega la nota.

‘Pretender sancionar a los colaboradores eficaces con la prohibición de contratar de por vida con el Estado, implica eliminar el incentivo para la colaboración. Ya lo demostró el fracasado Decreto 003 en el Perú, el mismo que tuvo que ser derogado al generar un impacto negativo e incrementar la crisis generada por el caso Lava Jato', se queja los capítulos locales de TI.

Consideran que hay que mantener un equilibrio para no permitir la impunidad, pero a la vez, establecer condiciones básicas para que no se profundice el impacto social que causa la gran corrupción en materia de desempleo y ampliación de la pobreza.

La negociación de acuerdos eficaces con los actores del sector privado involucrados, es necesaria, pertinente, y es compatible con los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción que asumimos los países signatarios de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés).