CNA pide aclarar tema de retractaciones en el caso ‘pinchazos'

Las sorprendentes declaraciones de tres testigos dentro del proceso seguido por las interceptaciones telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal merece la apertura de una investigación que demuestra que la justicia no es selectiva. Así lo considera Alfonso Fragela, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

La investigación estaría dirigida a establecer la veracidad o falsedad de estas tres declaraciones para garantizar la confianza de la sociedad en las autoridades de justicia.

Es preocupante para el dirigente del gremio de abogados la acusación directa de tres testigos contra jerarcas del Consejo Nacional de Seguridad y del Ministerio Público de ejercer presión para responzabilizar de las escuchas telefónicas al exmandatario Ricardo Martinelli y a sus directores de inteligencia, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.

A juicio del abogado, las declaraciones vertidas por los tres testigos podrían recaer en la figura de simulación de un hecho punible, lo cual es aún más delicado.

La fuerza del testimonio, según el abogado, es uno de los pilares del proceso, ‘es la prueba'. Los señalamientos de los testigos podrían indicar que los hechos no ocurrieron o que se declaró algo que no era cercano a la realidad, dando como resultado una acusación sobre hechos falsos. En derecho, explicó, esto puede indicar que se simuló un hecho punible que nunca ocurrió.

‘La justicia se basa en dar a cada uno lo suyo, pero basado en el debido proceso y en la presunción de la inocencia. La justicia no puede ser un instrumento para perseguir enemigos e intimidar. Se basa en derechos que considera la sociedad se han visto afectados o violado, afectando la convivencia pacífica de los asociados', concluyó.

Las candentes declaraciones de Jaime Agrazal dieron un rumbo inesperado al proceso de las escuchas telefónicas. El martes 4 de octubre de 2018, el exagente del Consejo de Seguridad se retractó de su testimonio inicial contra los exdirectivos del órgano de inteligencia. Como si fuera poco, aseguró que el actual director de la institución, Rolando López; el subdirector de la Policía Nacional, Jacinto Gómez; y un mayor de la Policía Nacional, son las personas con quien negoció su testimonio a cambio de que lo libren de la cárcel, después de ser condenado a 64 meses por un caso de drogas. Con esas personas conversó en las oficinas del Ministerio Público de David, dijo Cristóbal Arboleda, abogado defensor de Garuz.

El juez Séptimo del Circuito Penal, Enrique Pérez, recordó al testigo que se encontraba bajo juramento, por lo que no debe incurrir en falso testimonio. El funcionario judicial anunció que compulsará copias para darle paso a la apertura de una investigación judicial.

Otro testimonio que ha cobrado relevancia dentro del proceso es el de Isabella Stanziola, quien aseguró que fue utilizada por el actual Secretario del Consejo de Seguridad y autoridades del Ministerio Público para declarar en contra de Pérez, Garuz y Martinelli. La testigo aseguró que durante tres años guardó silencio por temor a represalias.

En particular, la testigo se refería al Secretario General de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, y el Subsecretario David Díaz.

Sobre el tema, el procurador general de la administración, Rigoberto González, dijo que si el juez considera que existe mérito para investigar a algún funcionario debe proceder y remitir copias del expediente para la investigación correspondiente. ‘En todo caso, de presentarse una denuncia mi obligación es investigar, como en todo caso', dijo brevemente el procurador.

En medio de este escándalo también salió a relucir el testimonio del exjefe de inteligencia del Consejo de Seguridad, Ronny Rodríguez, quien se encuentra prófugo de la justicia precisamente por el caso de las escuchas.

En un video que puso a circular en las redes sociales tildó a López de ‘mentiroso' y ‘descarado'. Pero, además, lo acusó de haber ejercido todo tipo de presiones para armar el caso de los ‘pinchazos' telefónicos en donde él también está sindicado.

Por esta misma causa (interceptación de las comunicaciones) está siendo acusado el expresidente Martinelli, quien se encuentra detenido en la cárcel ‘El Renacer' desde junio de 2018, cuando fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia.

LA OTRA VERSIÓN

Pleno de la Corte niega fianza a Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli permanecerá detenido en la cárcel El Renacer. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la fianza de excarcelación a Martinelli por considerar que existe el riesgo de desatención del proceso y la afectación de pruebas.

‘Por mayoría, el Pleno negó la fianza de excarcelación al imputado, vinculado al proceso de las interceptaciones telefónicas', informó el Órgano Judicial a través de su cuenta de Twitter.

Martinelli, de 66 años, está detenido en una cárcel de mínima seguridad en las afueras de la capital panameña desde el 11 de junio pasado, cuando fue entregado a Panamá por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal, en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

López, por su parte, rechazó las declaraciones de Agrazal. ‘Es falso que se insinuaba a personas dentro de este proceso penal hacer declaraciones a favor o en contra de personas vinculadas a este caso de violación a la intimidad y delito contra la libertad', dijo en una carta pública del 6 de septiembre de 2018 rubricada con su firma.

Rodríguez y Díaz también salieron al paso de las declaraciones de Stanziola. Según Rodríguez, la testigo nunca formó parte del expediente de los ‘pinchazos', ni muchos menos del que se adelanta por el hurto de los equipos de escuchas.

‘Nunca participó como testigo ni como testigo protegido', aclaró. Por el contrario, Stanziola manifestó que estaba siendo víctima de amenazas, por lo que acudió al Ministerio Público en diciembre de 2014 donde fue atendida en calidad de víctima.

El caso fue abierto por un supuesto delito de lesiones personales y amenazas telefónicas. Stanziola aseguró que era amenazada por una persona con quien mantenía una relación de afinidad y que es uno de los imputados de las escuchas. ‘Ella temía por su seguridad personal y psicológica', añadió Rodríguez.

Díaz, por su parte, explicó que un domingo 4 de enero de 2015 recibió una llamada del periodista Álvaro Alvarado, donde solicitaba que se atendiera a Stanziola en el Ministerio Público, considerando que podría ser víctima de delito. Esto, según, Díaz coincidió con la petición que le realizara al Secretario General de la Nación la expresentadora de noticias y abogada Edna Jaramillo.

Stanziola se presentó a la institución el 5 de enero de 2015, en compañía de Jaramillo. Ella describió que fue objeto de amenazas telefónicas y agresiones verbales como consecuencia de una relación con uno de los imputados del caso escuchas ilegales. ‘Manifestó sentir temor por su seguridad y la de su hij,o porque este sujeto era hábil en el manejo de armas de fuego y era muy peligroso', dijo Díaz, intentando dar pistas sobre la personalidad del supuesto victimario.

‘Su relación con el caso era con uno de los imputados y no con los hechos de la investigación', agregó el subsecretario.

Díaz negó que se halla coordinado una entrevista con algún periodista o medio de comunicación social. También negó que se hubiera prometido algún tipo de protección a cambio de una entrevista. ‘Únicamente conversamos con ella el 5 de enero; esta ha sido la única entrevista que sostuvimos con ella en el marco de condición de víctima', concluyó el subsecretario.

‘Ni Stanziola ni Maui de Alemán - esposa fallecida de Pérez- fueron testigos del caso, aseguraron los funcionarios del Ministerio Público'.

Sobre la retracción del testimonio de Agrazal, Rodríguez dijo que no tiene ninguna validez, después de tres años de su primera declaración. Pero, al mismo tiempo, aseguró que si el juez ordena la reapertura del expediente el Ministerio Público será para investigar por qué ha variado sus declaraciones.

Las declaraciones vertidas tienen como propósito desvirtuar la investigación a nivel mediático, pero no debe tener ningún efecto ante los tribunales, consideraron ambos funcionarios.