Sittón pide amonestación verbal para contraparte

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli replicó ayer durante la audiencia intermedia en el caso de los pinchazos las objeciones de la fiscalía y el querellante autónomo, Rosendo Rivera.

Así concluyeron con las pruebas periciales y las testimoniales. Hoy continuarán con las documentales, más de 80, que conforman el grueso de la carga probatoria de la defensa.

Casi al final de la tarde, uno de los defensores, Sidney Sittón, acusó a Rivera de perfidia (traición), ya que éste hizo una objeción a una prueba pericial sobre un delito contra la administración pública. ‘El acusador autónomo no está constituido por delito contra la administración pública, solo por inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad', dijo el abogado de Martinelli, Roniel Ortíz.

Sittón solicitó una amonestación verbal para el acusador, ya que éste no debe oponerse a una prueba que no le corresponde.

Sin embargo, Rivera asegura que no hay limitaciones para presentar objeciones de la defensa. ‘Si la prueba está mal formulada, tengo todo el derecho para objetarla', dijo Rivera.

Se trata de una prueba pericial de un contable que declara que el expresidente no tuvo nada que ver con la pérdida del equipo de escuchas.

Todas las pruebas deben presentarse oralmente en el juicio, y anunciar de qué forma serán introducidas en el juicio, la siguiente fase del proceso.

Según Rivera, la defensa del expresidente cometió una falla técnica al no especificar de qué forma introducirían la prueba del contable.

Otra que se objetó por parte de la fiscalía fue la prueba lofoscópica, de una huella digital del testigo protegido.

‘No tiene sentido esta prueba porque el testigo protegido va a comparecer', argumenta Rivera.

La teoría del caso de la defensa se centra en que el proceso contra Martinelli es político y armado, por lo que tratarán de desvirtuar las pruebas de la fiscalía.

No creen que el testigo protegido que va a presentar la fiscalía sea el mismo que declara en la carpetilla. Asimismo, ponen en duda la legitimidad de las actuaciones de la fiscalía.