Gabinete aprueba penalizar el ingreso de celulares a las cárceles

El Consejo de Gabinete aprobó, en su sesión de este martes, un proyecto de ley que penaliza el ingreso o intento de ingreso de armas y celulares a las cárceles.

La propuesta, que debe ser presentada ante la Asamblea Nacional, adiciona artículos al capítulo XI del Código Penal y, además, penaliza la tenencia de equipos o sistemas de comunicación electrónico, informático o inalámbrica, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

PROPUESTA Y CORRUPCIÓN

La introducción de objetos punzocortantes y celulares a las cárceles ha sido denunciada.

El Gobierno busca penalizar la introducción de estos objetos, como también de armas de fuego.

El ministro Carlos Rubio dijo que la corrupción afecta los programas de resocialización.

Además se penalizará la posesión de arma blanca o punzocortante, pistola electrónica paralizante, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos, sustancias y objetos prohibidos por la ley y reglamentos del Sistema Penitenciario.

A esto se suma que se encuentra penalizada la posesión ilegal de armas de fuego. El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, indicó que la medida busca combatir los actos de corrupción en los centros penitenciarios, ya que existe vinculación de los delitos del crimen organizado con las llamadas realizadas desde los penales.

El ministro Rubio reconoció que la introducción de celulares a las cárceles provoca que desde adentro de los centros penitenciarios se realicen actividades de pandillerismo. La propuesta también, dijo el ministro, penaliza la introducción de bebidas alcohólicas a las cárceles.

A su juicio, la introducción de sustancias y objetos a las cárceles están relacionadas con actos de corrupción. ‘No vamos a permitir estos actos de corrupción porque afectan los programas de resocialización', recalcó el ministro.

Las sanciones penales serán aplicadas a personas privadas de libertad, funcionarios administrativos, custodios y policías, así como a visitantes y personal de empresas contratistas que brindan servicios y que aprovechando el acceso al centro penitenciario incurran en alguna de las conductas descritas, señala el comunicado del Ministerio de Gobierno.

En el 2003, mediante la Ley se creó la carrera penitenciaria y la seguridad internas de las cárceles quedó en manos de agentes penitenciarios que están bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno.

La Policía Nacional, por su parte, es la responsable de la seguridad en los perímetros externos de las cárceles.