Panamá,25º

19 de Nov de 2019

Nacional

Proyecto sobre pago a denunciantes de delitos patrimoniales pasa tercer debate

La iniciativa establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de un delito contra la administración pública

José Antonio Dominguez A., diputado proponente de los proyectos de ley 215 y 415.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes en tercer debate, el proyecto de ley 215, que fue fusionado con el proyecto 415, para que los ciudadanos que denuncien delitos patrimoniales podrán recibir una recompensa o incentivo económico del 10 al 30% del total que recupere el Estado, así como asegurar su integridad física.

La iniciativa establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

Se conoció que los denunciantes no pueden haber intervenido en la presunta comisión de estos delitos y, además, deben estar apoyadas con información idónea, eficaz y oportuna quepermita abrir una causa penal y recuperar los caudales ilícitos, así como garantizar la protección de los denunciantes.

De acuerdo con el contenido, los ciudadanos tendrán derecho a las medidas de protección como la reubicación en el país o fuera del país, ya sea temporal o permanente, cambio del lugar de trabajo, sin que ello signifique el desmejoramiento de sus condiciones laborales o cualquier otra medida que determine la ley.

Para reclamar el incentivo o recompensa, el denunciante deben cumplir una serie de requisitos como: no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales del Ministerio Público, aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción que los hechos constituyen actos ilícitos y que permitan la identificación o individualización de los autores y colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso.

El proyecto de ley 215 presentado por el diputado del circuito 8-6, José Antonio Dominguez A. en enero de 2015 y el proyecto de ley 415, que trata sobre las medidas de protección para los denunciantes en julio de 2016.