Afirmación Nacional

Es deber de todo ser humano con discernimiento respetar el ordenamiento legal y moral de la sociedad. Ese ordenamiento debe ser conocido por todos los asociados y nadie puede alegar después de su infracción que desconocía la norma. Es una presunción que se podría calificar como muy dura si se aplica a un sujeto ignorante y domiciliado en un rincón del país.

En los sectores urbanos, la función didáctica del hogar para habilitar al niño como nuevo miembro de la sociedad tiene en la escuela un apoyo excepcional. Existen ventajas en este ambiente si se compara con la precariedad del hogar campesino y con las dificultades de la escuela rural.

‘Denunciar el robo con fundamento para ‘No mentir, no robar, no matar'. No mentir para no matar moralmente a un inocente...'

La familia y el Estado se asocian para convertir a los nuevos seres en ciudadanos que pueden entender las normas de conducta impuestas para convivir armoniosamente. A pesar de los grados de cultura diferentes, siempre ha sido así.

Antes de la llegada de los conquistadores, los aborígenes más desarrollados tenían requisitos superiores para admitir y tolerar la presencia de un nuevo miembro en la tribu. Eran exigencias sencillas: ‘No mentir, no robar, no matar'. Si las exigencias eran sencillas, las penas a sus violadores eran severas.

En aquellas sociedades tan lejanas se protegía la fe pública, el patrimonio y la vida. En el Imperio incaico, por ejemplo, los bienes de subsistencia, a nivel de los súbditos, eran colectivos. Existía un comunismo agrario. El robo era una lesión al patrimonio colectivo. Estas sociedades aborígenes fueron evolucionando hasta que se estableció la propiedad individual. Sus formas de gobierno también fueron evolucionando y se innovaron con la llegada de los españoles. Se estableció el llamado derecho intermedio que tendía a respetar las prácticas y normas de los habitantes originales. Los bienes comunes fueron respetados y aún en las instituciones modernas, los bienes de las comunidades, unos llamados comunes y otros, como los ejidos y las grandes extensiones de tierra que reciben el nombre de inadjudicables.

A mí se me antoja pensar que la sentencia ‘no robar' de los aborígenes estaba dirigida a los bienes comunes, a los bienes de las divinidades y a los bienes del Inca. Ha existido un respeto milenario, sobre todo por los bienes colectivos.

FICHA

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia.

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé.

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá.

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanendo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.

En los días que corren, la tutela de los bienes comunes también está garantizada. Son los bienes del Estado, de los municipios, de las entidades públicas; en fin, de la sociedad en su conjunto. El ‘no robar' de los indígenas adquirió hoy categoría de norma positiva, codificada. La sociedad actual se alarma cuando se hurtan o roban los bienes muebles ajenos, pero el reproche es más general cuando se sustraen los bienes del Estado. En el peculado, por ejemplo, se afectan bienes públicos pertenecientes, desde luego, al Tesoro Nacional. El peculado es una forma de corrupción y son tantas sus formas, que obliga a toda la sociedad a armarse de instrumentos adecuados para combatirlas. El sector público y el sector privado no escapan a tan terrible flagelo.

Ayer, para erradicar el mal se invocaban preceptos rudimentarios, hoy se utilizan normas tipificadas claramente en el Código Penal. La lucha actual contra la corrupción en sus diversas formas responde a una cruzada mundial. Esa lucha resulta muy peligrosa donde imperan dictaduras.

En los gobiernos democráticos se facilita porque se responde a una estructura que diseñó Montesquieu. Pero esa cruzada tiene sus condiciones para que la denuncia se perfeccione y no quede flotando para alimentar la maledicencia. La gestión cívica del denunciante debe culminar con la presentación del caso ante el Ministerio Publico y mucho mejor si se aportan las pruebas que generaron el gesto cívico de la denuncia. El Ministerio Publico investigará, recabará las pruebas y demostrará su idoneidad.

Recuerdo a la Cuba de la época de Chibás. Este extraordinario dirigente cubano hacía de su vida cotidiana un permanente ejercicio, lanza en ristre, contra la corrupción. Aquella máxima de los aborígenes de América era el lábaro de su espíritu de gran sagitario. Denuncia que hacía contra la corrupción, era denuncia comprobada con documentos y pruebas. Se convirtió en la conciencia moral de Cuba. Hasta que un día acusó al Ministro de Educación de Cuba, Aureliano Sánchez Arango, de estar en negociados con el Gobierno de Guatemala. El Ministro Sánchez Arango contestó: ‘Pruébemelo. Saque las pruebas que tiene en su maletín'. Chibás replicó: ‘Las voy a sacar'. El día y hora escogidos para la presentación de las pruebas fue terrible. Chibás no las pudo presentar. Y ese hombre, ese roble del decoro, en pleno programa y como hombre de honor ser dio un tiro en las entrañas y murió ante la consternación del pueblo cubano. ¡Esa muerte cambió el rumbo de la historia de Cuba!

Si Chibás reencarnara hoy y las denuncias de corrupción fueran formalizadas con las pruebas presentadas para su investigación en el Ministerio Publico, como lo ordena la ley, volvería a tener vigencia aquellas normas primitivas de los aborígenes americanos: ‘No mentir, no robar, no matar'. Y fundados en esa norma simple, surgirían otros luchadores como Chibás sin correr el riesgo de un pistoletazo suicida.

Denunciar el robo con fundamento para ‘No mentir, no robar, no matar'. No mentir para no matar moralmente a un inocente y no matar para que, en conjunto, prive el Estado de Derecho.