La SPIA concluye que pliego de cargos es clave en nueva ley de Contrataciones Públicas

Una nueva ley de Contrataciones Públicas y no reformas, es lo que se requiere para acabar con la discrecionalidad en los pliegos de cargos que conduce a actos de corrupción, fue la conclusión del foro de Contrataciones Públicas realizado este jueves por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

El abogado Carlos Gasnell, especialista en contrataciones públicas cuestionó en su presentación la excesiva discrecionalidad de los que redactan los pliegos de cargos, sumado a la cantidad de reclamos de empresas cuando culmina el acto público, retrasando el inicio de los proyectos.

Otro de los aspectos en la actual ley y que se espera sea reformado en el proyecto que debe discutirse en la Asamblea Nacional, es la estandarización de los contratos y pliegos de tal manera que se parezcan lo más posible entre las instituciones del Estado, que el registro de proponentes asuma un papel más protagónico y que las evaluaciones tengan lugar al momento de obtener la certificación. Con este último se lograría que en el acto público se evalúe el precio y otros puntos realmente importantes.

Por su parte, Rogelio Delgado, expresidente de la SPIA y actual director de la Regional de Azuero, manifestó que en el nuevo proyecto de ley de Contrataciones se exigirá mayor transparencia y el impulso de acciones concretas que eliminen la corrupción y que justifiquen técnicamente la inversión de los dineros públicos en las obras a desarrollar.

Delgado hizo énfasis también en los denominados Términos de Referencia (TDR) que generalmente son confeccionados para favorecer a algún proponente en particular y en los que descalifican a los profesionales nacionales de la ingeniería y arquitectura por una serie requisitos no pueden cumplir.

A juicio del expresidente de la SPIA, los contratos de diseño, construcción y financiamiento no han contribuido al buen ejercicio de la ingeniería y arquitectura en el país.

En tanto, el diputado Julio Mendoza cuestionando el proyecto de ley del Ejecutivo en el aspecto de limitar hasta $7 millones a participación de pequeñas y medianas empresas nacionales en los actos públicos. Aclaró que hay que separar el estudio y diseño de la construcción porque por ahí se cuela el virus de la corrupción.