Panamá,25º

09 de Dec de 2019

Nacional

Gustavo Pérez llena los requisitos como director AAC

Pérez trabajó en la institución de Aeronáutica Civil por más de 15 años en varias direcciones como controlador de Torre

El nuevo director espera ratificación de la AN.

El piloto Gustavo Pérez, quien espera ser ratificado por la Asamblea Nacional como director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, manifiesta que para ocupar el cargo la Ley 22 del 31 de enero de 2003 solo exige ser panameño, de reconocida solvencia moral y profesional, con más de cinco años de experiencia en el campo aeronáutico, y no haber sido condenado por la comisión de delito contra la administración pública.

En relación a las opiniones expresadas por algunos diputados de la nación, a quienes corresponderá dar el voto positivo para el piloto, la Ley no requiere que el director cuente con un título en administración de empresas.

Pérez trabajó en la institución de Aeronáutica Civil por más de 15 años en varias direcciones como controlador de Torre, departamento de compras, navegación aérea, hasta que se dedicó a estudiar para graduarse de piloto. Una fuente ligada a la institución indicó que ‘ha llegado con un equipo profesional que conoce de aviación'.

Entre los próximos retos de la institución, debe enfrentar dos auditorías una de seguridad en aviación en 2020 para la cual deben prepararse desde ahora y otra corresponde al rubro operacional que debe ser anunciada por la Organización de Aviación Civil Internacional, de la cual aún no se tiene fecha exacta, sin embargo la institución debe estar preparada ante el sorpresivo anuncio.

La Ley que rige la institución indica que el Director General solo podrá ser suspendido o removido de su cargo por el Ejecutivo, en virtud de decisión adoptada con el voto de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, por manifiesta incapacidad física, mental o administrativa, o por haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso o contra la administración pública.

Entre sus atribuciones está velar por un buen funcionamiento y desempeño del organismo, de sus dependencias y empleados, resguardando permanentemente los intereses del Estado.