Tribunal admite 11 pruebas de la defensa, la fiscalía las califica de suicidio procesal

La tarde de este martes, en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por ‘pinchazos', transcurrió con la lectura de pruebas documentales introducidas por la defensa que presentó 11 de 33 pruebas documentales que el jueves continuarán con la lectura.

La fiscalía, no obstante, considera que los documentos admitidos por el Tribunal, irónicamente, refuerzan su teoría del caso y los calificó como ‘un suicido procesal' para la defensa.

Ronier Ortíz, abogado de la defensa, difiere. Alegó que uno de los documentos, que consiste en un certificado del Tribunal sobre el caso que se investigó por la pérdida de las pinchadoras, fue sobreseído y su cliente no figura en ninguna de las investigaciones, ni siquiera mencionado. El equipo defensor, también presentó documentación sobre las víctimas que alegaban haber sido ‘pinchados' por el gobierno de Martinelli, en las que se demuestra la extemporaneidad en las fechas que comprende la investigación de la fiscalía (2012-2014).

Sobre dos noticias publicadas en el Panamá América que tratan sobre un supuesto tumbe de dinero del cual sería víctima el diputado Yassir Purcait, lo que la defensa pretende es dejar plasmado al Tribunal que los pinchazos se efectuaron debido a que se trataba de un caso de crimen organizado y las intervenciones estaban judicializadas por la Corte por la naturaleza del mismo. No obstante, la certificación de estas autorizaciones no logró aportarla la defensa en el juicio porque aducen que cada vez que se acercaron a la Corte para solicitar los papeles, los mismos no fueron proporcionados.

El abogado de Martinelli indicó que la defensa evaluará más adelante si citará como testigos a dos funcionarias de la Contraloría que elaboraron el audito sobre la pérdida de los equipos de escuchas. En dicho informe, a pesar de que se determinó que existe una lesión patrimonial por $8 millones, la defensa lo toma a su favor en el sentido de que su cliente no fue relacionado al mismo.

Por su parte la fiscalía, en voz del fiscal Ricaurte González, manifestó que la defensa, lejos de introducir evidencias y testimonios que prueben la inocencia de su cliente, ha colaborado con la teoría del caso del Ministerio Público.

‘Debo decir que cada una de las pruebas que han presentado han contribuido a fincar la teoría del caso de la fiscalía. Realmente nos sorprenden algunos elementos que han sido introducidos por lectura, como el auto de apertura a juicio en donde Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad, son requeridos a juicio", exclamó el fiscal.

Explicó que el auto hace una relación importante que confirma la actividad probatoria del Ministerio Público, y que incluso, Ricardo Martinelli aparece mencionado en el auto porque Pérez hizo señalamientos importantes, ‘como que había tenido dificultades con el expresidente en 2013 que lo obligaron a renunciar por situaciones irreconciliables', indicó el fiscal González.

Pérez es quien recibe uno de los softwares y firma el contrato de otro. ‘Esto pareciera un suicidio procesal porque las pruebas de ninguna manera fortalecen la no acusación o la postura de la defensa del acusado', añadió González.

Ricaurte dijo que el perito contable, ‘César Contreras, que citó la defensa en horas de la mañana, confirmó el audito que efectuaron las peritos de la Contraloría, que existió un software para hacer vigilancias electrónicas, que pasó por control previo y posterior, y esto queda constatado por el perito de la defensa'.

Más temprano, el abogado Sidney Sittón, había explicado la importancia del audito que efectuó el perito de la defensa: ‘En el audito que hicieron no se menciona el nombre de Ricardo Martinelli, no se le relaciona o vincula. Lo que las auditoras dijeron es que había debilidades administrativas, y lo ratifica nuestro perito'.

El equipo fue adquirido en 2010 y refrendado en el 2011 por la Contraloría, por lo que para la defensa, el hecho de que se haya auditado la compra por parte de la Contralora en funciones y que no se haya detectado lesión patrimonial, fortalece su teoría.

El juicio continuará el próximo jueves. La defensa adelantó que cuenta con cinco testigos, aparentemente se trata de funcionarios del Consejo de Seguridad, la Presidencia y la Policía Nacional.