Los jueces de Paz: Mitos y realidades

Las justificaciones y el itinerario bosquejado por los voceros del “buen gobierno de Nito Cortizo” para corregir las falencias y entuertos jurídicos de la “Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz” (Artículo 2 de la Ley 16 de 2016) -no “justicia administrativa”, señor Ministro Rolando Mirones-  ocasionados por los jueces de paz, son los mismos planteados de forma  y equívoca, por el gobierno de la fracción varelista de la plutocracia. Motivo por el cual –desde el año pasado- en sendos artículos de opinión advertía sobre el mal manejo dado por el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional y las autoridades locales a esta importante normativa.

“Las buenas intenciones, si es que las hubo,  -decía en el primer artículo- fueron sepultadas bajo la basura del clientelismo político de exrepresentantes de corregimiento, ahora diputados de la República y diputados/representantes, que se confabularon a la hora de aprobar la ley que resultó un verdadero esperpento jurídico. Por ejemplo, todo se redujo a sustraer el nombramiento de los jueces de paz de la competencia de los alcaldes para devolverlo a los representantes doblemente presentes (Junta Comunal y Concejo) en la Comisión Técnica Distrital, que tiene, entre otras funciones, la de realizar el proceso de selección de los jueces de paz, mismos que finalmente fueron nombrados por el Consejo Municipal de una terna enviada por el alcalde. Es decir, en la práctica, el cacique político del corregimiento selecciona y nombra al novedoso administrador de justicia”. (La Prensa 15/06/2018)

“La Ley de Paz -señalaba en el segundo artículo de opinión- no hay que modificarla para complacer a los “Torquemada” del siglo XXI, eufemísticamente denominados jueces de paz, sino derogar totalmente una norma que “nació muerta”. ¿Cuáles son modificaciones propuestas por el jefe de la Cartera de Gobierno? 1. Aumentar el salario a los nuevos inquisidores, mal llamados  jueces de paz; 2. Establecer competencia para los jueces nocturnos de paz; 3. Nombrar secretarios idóneos y; 4. Facultar a los jueces de paz para privar de libertad a la gente pobre de Panamá, en términos coloquiales, meter presos a los “hijos de la cocinera”. ¿Por qué estas reformas solamente? Porque son las peticiones de los jueces de paz, únicos participantes de la famosa “consulta nacional” de la que habla el imberbe ministro de gobierno. Medidas que llevarían  –las actuales tropelías de los jueces de paz- a grados de arbitrariedad y de cohechos, realmente inimaginables”. (La Estrella de Panamá 22/03/2019)

Estos son los antecedentes utilizados por el ministro Mirones para señalar irresponsablemente que los jueces de paz “sueltan los delincuentes”, dando muestras de “ignorancia inexcusable”, porque es absolutamente inexacto que los jueces de paz solo conocen los “delitos de bagatela” cuyo monto no sea mayor de mil balboas; sino también y mayoritariamente, infracciones comunitarias, controversias civiles cuya cuantía no exceda de mil balboas, medidas provisionales que incluyen “aprehensiones a prevención”, medidas de protección en caso de violencia doméstica y pensiones a menores. Además de la sanción de multas que pueden ser hasta de mil dólares y más, de conformidad a disposiciones municipales.

¿Cuál es la “hoja de ruta” o el verdadero propósito del “buen gobierno”? No es acabar con las tropelías de los jueces de paz, por el contrario, el resultado de las modificaciones propuestas a la Ley 16 de 2016, sería el incremento del abuso y la venalidad de los jueces de paz, además de  integrar a la justicia comunitaria al régimen punitivo/policíaco, a objeto de acallar la protesta social y ciudadana ante las precariedades y miserias que viene siendo sometido el pueblo panameño, derivadas de regímenes autoritarios y corruptos de las distintas fracciones de la plutocracia que se han turnado en el poder político del Estado, luego de la cruenta invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado, especialista en seguridad ciudadana y analista político.