Indígenas reclaman cumplimiento de un acuerdo por construcción de hidroeléctrica

Actualizado
  • 12/10/2019 00:00
Creado
  • 12/10/2019 00:00
El pasado 13 de septiembre, los indígenas sostuvieron una reunión con el viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, en la que participó un representante de la empresa Aes Panamá y la Defensoría del Pueblo

El conflicto entre los indígenas y la empresa Aes Panamá por la construcción de la hidroeléctrica en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, aún no termina.

Como mecanismo de protesta, han cerrado calles en los últimos meses para exigir que la compañía y el Gobierno cumplan con el acuerdo tripartito alcanzado en 2009, cuando el proyecto hidroeléctrico aún estaba en construcción.

Además del acuerdo tripartito, existe un acuerdo de solución amistosa como parte de una medida cautelar que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los indígenas.

A pesar de que han pasado dos administraciones gubernamentales, aún deben resolverse algunos puntos. En cuanto al Gobierno, exigen el reconocimiento de tierras colectivas de algunas comunidades afectadas por la inundaciones de sus tierras y por la empresa, explicó Rafael Ábrego, uno de los dirigentes.

En total son 300 indígenas que aún esperan el cumplimiento total de los acuerdos.

El pasado 13 de septiembre, el viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, sostuvo una reunión con los dirigentes indígenas, representantes de la empresa y de la Defensoría del Pueblo y se firmó una declaración de compromiso para resolver los “puntos pendientes” con las comunidades Charco La Pava y Changuinola Arriba. En aquel entonces, los indígenas llevaban varios días bloqueando la calle para exigir el cumplimiento del acuerdo.

“El Estado reconoce que hay que concentrar esfuerzos en afrontar y minimizar las afectaciones medio ambientales, económicas y sociales a las que se enfrentan las comunidades”, señala el documento que lleva la firma de Ducruet, Ábrego, Miguel Bolinga, representante de la empresa Aes, y Diego Almanza, director de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

La declaración de compromiso establece que el Estado y la empresa se comprometen a realizar las obras comunales “pendientes y necesarias para el desarrollo de esas comunidades”.

El Gobierno, por su parte, se comprometió a delimitar y demarcar las tierras tradicionalmente ocupadas donde se encuentran las comunidades bajo el procedimiento de tierras colectivas.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, visitará la zona el 7 de diciembre como parte de una gira de trabajo y para constatar los trabajos a realizar, señala el documento.

La declaración de compromiso también establece que las “controversias entre el Estado, la empresa y miembro de las comunidades deben resolverse rápidamente en un espíritu de cooperación y consenso”.

En el acuerdo alcanzado en el 2009, el gobierno se comprometió a que las áreas de reubicación que se definan con las comunidades afectadas se aplicaría el procedimiento especial para la adjudicación de tierras colectivas.

La empresa Aes, por su parte, se comprometió, entre otros aspectos, a constituir un fideicomiso de inversión social y ambiental cuyos fondos serán invertidos en actividades de protección del área protegida Bosque Protector Palo Seco y en desarrollo y mejora de calidad de vida de las comunidades. De acuerdo a los indígenas, esto no se ha cumplido.

En medio de las protestas y reclamos, los indígenas presentaron una denuncia penal contra Luis Antonio Galan, gerente de Aes Changuinola, subsidiaria de Aes Panamá, por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad en contra de los dirigentes Rafael Ábrego, Santiago Santos. Eligio Ábrego y Celestino Ábrego.

La denuncia se sustenta en que Galan ordenó decomisar los celulares de los dirigentes indígenas en un reunión, les pidió las contraseñas y borrar los mensajes e imágenes que contenían en los aparatos electrónicos.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre pasado, tres días después de la reunión el viceministro Ducruet, en Changuinola, Bocas del Toro.

Rafael Ábrego, por ejemplo, narró ante la Fiscalía que le preguntó a Galan ¿por qué le quitaba los celulares? a lo que él le respondió que no confiaba en ellos.

A pesar de que se le envió un correo a la empresa Aes Panamá y se llamó a la oficina para conocer su versión, no hubo repuesta.

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