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07 de Dec de 2019

Nacional

Porcell, la primera dimisión de los 'Varelaleaks'

En horas de la tarde, la procuradora Kenia Porcell se reunió con el Ejecutivo para comunicarle su renuncia a partir del 1 de enero próximo. La ciudadanía esperaba un pronunciamiento, pero prefirió una entrevista

La procuradora Kenia Porcell dejará el cargo el próximo 1 de enero 2020.Archivo | La Estrella de Panamá

La de Kenia Porcell, procuradora General de la Nación, es la primera dimisión que ocurre como consecuencia de las filtraciones de las conversaciones del celular del expresidente Juan Carlos Varela publicados en la página Varelaleks.com.

Porcell presentó su renuncia al mandatario, Laurentino Cortizo, a partir del 1 de enero de 2020, y deja un espacio de transición para el reemplazo que designe el Ejecutivo. Ambos se reunieron en horas de la tarde en la Presidencia, previo al anuncio.

Las filtraciones que se publicaron el 5 de noviembre revelaron una estrecha relación de la procuradora con el entonces mandatario Varela. Una en la que se contaban todo a toda hora. A pesar de que Porcell manifestó que no había tenido tiempo de revisar los cientos de chats que intercambió con el mandatario, admitió que eran propios, aunque algunos tal vez alterados.

La población se quedó a la espera de un supuesto anuncio en el que Porcell daría la cara al país. En cambio, ella decidió optar por una entrevista a un medio radial en la que después de más de 20 minutos de transcurrida la entrevista, en los que describió lo que ella consideraba de su gestión, anunció que dejaría el cargo a partir del 1 de enero próximo.

Algunos abogados, como Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, analizan que en el contenido de los chats pueden haber indicios de hechos delictivos. “Pero le corresponde al Procurador de la Administración determinarlo. “Él no puede ampararse en señalar que se trata de información ilícita, porque el conocimiento de la información puede llevarlo a recabar información legal y verídica”, indicó el jurista.

Porcell dijo que las filtraciones son un delito que debe investigarse y dejó entrever que existen máquinas pinchadoras en el campo.

En los chats puede haber sospechas de tráfico de influencias. Se notan opiniones de Porcell a Varela sobre temas que no competen a su cartera, recomendaciones de a quién designar como director de la Policía Nacional. Pero una de las informaciones más delicadas resultó en la triangulación entre ella, Varela y su hermano, el diputado José Luis Varela, para negociar el acuerdo eficaz con André Rabello y la empresa brasileña Odebrecht, que aparentemente se acomoda a los intereses de los brasileños más que al de la justicia.

Sobre lo anterior, Porcell dijo que se trata de una investigación compleja que requiere de la colaboración internacional. Instó a jueces y magistrados a ser valientes, “que no se dejen comprar ante esta investigación inconclusa”, manifestó.

Porcell admitió que después de dos años de haber iniciado las pesquisas sobre las coimas otorgadas por la constructora, aún quedan pendientes los periodos del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-19) y los de Martín Torrijos (2004-09).

Apuntó al Órgano Judicial ante la falta de decisión sobre si otorgará o no más tiempo para las pesquisas. Sugirió a jueces y magistrados que fallen para que pueda confeccionar la vista fiscal y en el juicio se conozca el contenido de las delaciones de los brasileños, cuestionadas por las filtraciones.

Sobre el caso de FCC, que en España ha tenido un gran desenlace, dijo que en 2017 se abrió el expediente pero “aquí hay que cumplir trámites procesales para tomar algunas acciones”.

Porcell mencionó que se debe hacer una investigación sobre la forma en que los chats del exgobernante salieron a la luz, porque es un delito que se enmarca en el Código Penal. Una investigación que requiere de mucha ayuda tecnológica que algunos homólogos extranjeros se la han ofrecido.

No será sencillo hallar el origen de las filtraciones de los 24 GB del móvil del expresidente. La fiscalía superior que vela por los derechos de propiedad intelectual, después de tres años aún no ha podido identificar al responsable de la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete Fonseca Mora, conocidos como los “Papeles de Panamá”.