Nuevos magistrados, las mismas expectativas sobre el sistema de justicia

El proceso aplicado por el Ejecutivo y su resultado es satisfactorio, en su contenido y en el mensaje a la sociedad. A los designados les considero capaces, con carácter e independencia; sus actuaciones hablarán ante la sociedad. Sin embargo, me inclino por el respeto a lo dispuesto por la Constitución, que atribuye al Presidente, junto al Consejo de Gabinete, acordar el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no a intermediarios, no importa que por ley se le haya confiado tales atribuciones constitucionales a otro organismo. El actual presidente ha demostrado que el proceso y la designación para esta materia se puede hacer de forma objetiva y científica. Es un tema de voluntad y decisión.

No debe ser una expectativa, es una obligación que pesa sobre los magistrados designados una vez sean ratificados por la Asamblea Nacional. Experiencias recientes exhiben frustración ciudadana y de usuarios del sistema. Los ocupantes de las instituciones del Estado no se han distinguido por estar a la altura de los intereses de la Nación, lo que han exhibido es mezquindad y pequeñez. La actual coyuntura es crucial, ofrece una nueva oportunidad que exige respuesta visible. Las sociedades se frustran desembocando crisis con lamentables resultados.

Democrático dentro del Estado de Derecho. Hasta que no exista una reforma constitucional que establezca procedimientos más rigurosos, los profesionales que califican dentro de las exigencias actuales, pueden acudir. No es lo mejor, es lo que hay. Debe ser transformado.

No lo creo y no lo comparto. Este preciso momento nos demuestra que los evaluados por la Concertación Nacional pasaron al Ejecutivo para una reevaluación más eficaz y eficiente, cuyos resultados han propiciado las actuales designaciones. Veo a la Concertación como escenario de discusión y de proyección de visión de largo tramo, no como organismo deliberante de decisiones de Estado. Hoy, esa facultad constitucional pertenece al Órgano Ejecutivo y eso debe ser respetado en el Estado de Derecho. La democracia participativa no debe ser interpretada como el derecho de pequeños grupos o intereses que someten al resto de los ciudadanos. Creo en el Consejo de la Judicatura integrada por académicos, operadores y profesionales, que preseleccionen y quizás, en la elección directa por los ciudadanos. ¿Quiénes saldrán electos? Si ese es el temor, las democracias crecen y se desarrollan con más democracia, no con limitaciones y vallados puestos por intereses de grupos. Debemos capacitar a la población para la mejor toma de decisiones colectivas.

Sencillo, pero complicado. Genuina y suficiente independencia y autonomía presupuestaria, que el Órgano Judicial no dependa de otro órgano del Estado que someta sus actuaciones para que le doten de recursos. Adecuado carácter que deben exhibir los operadores de justicia para actuar con independencia, objetividad y conocimiento del derecho; capacitación de los actuales jueces, principalmente en la esfera penal dentro de un sistema garantista y adversarial, que aún no es comprendido, por el contrario, a diario se deforma. Transparencia absoluta, cada actuación debe ser conocida por los asociados, que tenemos el derecho de fiscalizar y exigir. ¿Es complicado? Sí, porque requiere de madurez y voluntad política dirigida a concebir y construir una nueva sociedad con instituciones democráticas, funcionales y modernas, lo que resulta difícil, a juzgar por la mayoría de los actuales actores políticos.

Las designaciones han sido bien aceptadas por múltiples sectores de la sociedad, toda vez que no sólo parecieran haber sido seleccionados profesionales del Derecho con una hoja de vida académica a la altura del cargo, sino que son personas de una conducta ética y moral libre de tachas o escándalos. Personalmente aplaudo que se ha considerado a mujeres en cargos de relevancia en la toma de decisiones en el engranaje judicial.

Tienen una oportunidad dorada para realizar una gestión transparente, independiente y ejemplar; con estas designaciones se oxigena un tercio de la Corte, lo que representa un porcentaje nada despreciable si realmente entran con la voluntad de mejorar no sólo la imagen, sino la esencia del Órgano Judicial.

¿Cuántas personas conoces que al momento de aplicar a un trabajo de manera sincera digan “no soy capaz para ese cargo”? Es aquí donde resulta relevante la labor de filtro, entrevistas, puntajes y escrutinio a las conductas personales de los aspirantes, a fin de lograr que los que pasen sean de los mejores profesionales del derecho. Es oportuno hablar sobre la empresa de tercerización que seleccionaba los distintos perfiles, si bien se empleó a un tercero, este tercero atendía requisitos de selección brindado por los actores tradicionales que han ostentado el poder por generaciones.

Debo responder que no, partiendo de ¿quiénes son la Concertación? En gran medida cabe algo de responsabilidad en la Concertación Nacional en las inquietudes sociales que han surgido en las reformas constitucionales, toda vez que han sido múltiples las voces que se han alzado diciendo “no me representan”; lejos de cuestionar los méritos de los miembros de la Concertación, sí cuestiono la representatividad o legitimación de alguno de ellos. Recordemos que no fueron electos popularmente y que si se cuestiona que 71 diputados no representan a un país de casi 4 millones, 30 personas no seleccionadas de manera democrática menos pueden ser los llamados para proponer a los magistrados. Todo ejercicio que nos lleve a pensar nuevas maneras de selección es válido, pero considero que debemos como sociedad, seguir madurando el proceso de selección y afinar más el lápiz.

Necesitamos una carrera judicial fortalecida, presupuestos robustos para la administración de justicia, designaciones imparciales e independientes y que se entienda que la independencia no es solamente político-partidista, sino de grupos económicos y religiosos para solo mencionarte los más importantes.