Unos derechos universales y sus aplicaciones en Panamá

En Panamá no tenemos mucho que celebrar, para mí fue muy triste que al celebrarse los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el instrumento internacional por excelencia que tenemos para la defensa de los derechos humanos, haya pasado prácticamente inadvertido. Por las redes sociales pude leer un desnutrido comunicado de la Presidencia de la República y en el país casi que no se hizo referencia a la fecha. Pareciera que hay un plan sistemático para que las personas no reclamen. Renuncian a sus derechos humanos que son inalienables e irrenunciables porque vemos medios de comunicación y personas influyentes reprochando las organizaciones que trabajan los derechos humanos.

Evidentemente, este artículo hace referencia a que todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad, en la práctica se convierte en una aspiración porque hoy en día no se está cumpliendo en el país, a pesar de que contamos con normas constitucionales que establecen más o menos lo mismo, me refiero al artículo 19 de la Constitución, que establece la igualdad, como la libertad de culto y el respeto a las garantías fundamentales; sin embargo, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos y el 19 de la Constitución son letras muertas. Sentimos que estos artículos, y en el caso de la Declaración de los Derechos Humanos es el artículo 1, es para que tengamos las mismas dignidad e igualdad de los derechos. Uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos son los cientos de despedidos que se están dando en el Gobierno sin justificación, porque por situaciones políticas no se puede discriminar a las personas.

Somos de la convicción de que los diferentes gobiernos cuando hacen alusión a los derechos humanos en nuestro país es pura retórica. No hay realmente una decisión política sobre la aplicación de esos derechos y que no sean letras muertas. Panamá ha suscrito diversos pactos internacionales que buscan garantizar derechos civiles, económicos y sociales, así como ha ratificado cientos de convenios de las organizaciones internacionales; sin embargo, existen falencias en su aplicación que, incluso, han ocasionado que el país haya sido sancionado por violación de los derechos humanos y lo más patético, que esas sanciones se han dado en los últimos años en gobiernos democráticos.

Hay que recordar que la Declaración de los Derechos Humanos se pactó después de la Segunda Guerra Mundial que provocó millones de personas fallecidas. En el marco de esa reflexión post guerra se planteó que existiera un instrumento internacional para evitar esas atrocidades y, en efecto, el contexto fue otro; dicho esto, sentimos que la Declaración de los Derechos Humanos, tal como está, es un marco de referencia para la defensa de los derechos humanos de los diferentes sectores; sin embargo, es evidente que hay nuevas luchas de reivindicaciones en materia de derechos humanos y tanto es así que en países europeos se habla de derechos humanos de cuarta, quinta y de sexta generación para defender conceptos como matrimonio igualitario, eutanasia, entre otros.

Históricamente, los derechos humanos han sido soslayados. Es un tema que pareciera que las personas no comprenden mucho y sentimos que estamos acostumbrados a discutir los derechos humanos en el marco de los derechos civiles y políticos, que es reducirlo al tema de elecciones y democracia. Los derechos humanos se deben abordar desde una óptica integral social, como el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, y esa misma medida analizar la calidad de vida que el Estado le ofrece a la población.

Según el coeficiente de Gini, Panamá es el sexto país más desigual del mundo. Los Derechos Humanos, el derecho a una vida digna, hoy lo celebra una minoría que disfruta del derecho a la salud, a la educación e, incluso, a la vivienda. Una gran mayoría de los panameños están desempleados o reciben salarios precarios con los que es imposible subsistir, para ellos los derechos humanos no existen.

En Panamá, muchos de los derechos que nos pertenecen a todos y todas han sido mercantilizados y convertidos en el negocio de unos pocos. Frente a la crisis de las instituciones del Estado, quien quiera acceder a salud, educación y agua de calidad, deberá pagar; y eso plantea brechas de desigualdad importantes para quienes no tienen los recursos económicos, generando ignorancia, muerte y enfermedad.

Por un lado, la corrupción ha sido un elemento en común de todos los gobiernos, el uso de los fondos públicos para el beneficio de los gobernantes y sus familias, en detrimento de la calidad de vida de todos los panameños y panameñas; por otro lado, la represión siempre ha sido y sigue siendo la respuesta a la indignación del pueblo. No es suficiente con robarnos el futuro, si nos quejamos, los mismos que nos roban ordenan se reprima al pueblo que les eligió.

Vivimos en una nueva época, con nuevas necesidades y exigencias. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 fue un esfuerzo importante para ese momento; sin embargo, los avances tecnológicos, la crisis ambiental y el surgimiento de nuevos actores sociales antes invisibles, exigen que comencemos a dialogar alrededor de derechos no considerados anteriormente, pero necesarios y urgentes.

Avanza a nivel mundial una ola de odio y discriminación que amenaza con retrocesos en materia de derechos humanos. La aporofobia, la xenofobia, la homofobia, los fundamentalismos religiosos y la pugna por los recursos naturales, constituyen hoy grandes peligros para la paz mundial que solo podrán ser enfrentados a través de la movilización de la población en miras generar cambios drásticos en nuestras formas de pensarnos y relacionarnos entre seres humanos y con la naturaleza.