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16 de Jan de 2020

Nacional

Procurador Ulloa y fiscales analizan principio de especialidad de Martinelli

Equipo de la Procuraduría revisa y analiza diversos documentos sobre la vigencia del principio de especialidad en el marco del proceso de extradición del expresidente, Ricardo Martinelli

Renovación de tres poderes de control del Estado
El procurador Ulloa junto a equipo de fiscales especializados analiza diversa documentación sobre la vigencia del principio de especialidad en el marco del proceso de extradición del expresidente. Archivo | La Estrella de Panamá

  1. El Procurador General de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, en compañía de su equipo de trabajo en el Despacho Superior, sostuvo reunión con los Fiscales Superiores Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, Fiscales contra la Delincuencia Organizada y el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, encargado, con el propósito de analizar la situación relacionada con la vigencia del principio de especialidad en el marco del proceso de extradición surtido al expresidente de la República, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

Para tal finalidad revisaron y analizaron el contenido de diversos documentos, entre ellos, la carta remitida por el sub-asesor legal de Inteligencia y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 12 de diciembre de 2019 a la exprocuradora, en el contexto de una comunicación informal, con relación a la situación de la persona extraditada.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que también evalúan "el canje de notas que se surtió el 4 de abril de 2019 entre la Cancillería panameña y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual guarda relación con la vigencia y aplicación del referido principio, y la Ley 75 de 14 de junio de 1904, que aprueba una Convención de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, específicamente en su artículo VIII, en concordancia con las normas de procedimiento penal panameño según el sistema procesal de que se trate, con el propósito de que tengan una mejor orientación sobre las acciones legales viables en el marco del debido proceso.