El reto de reflotar las pensiones y optimizar los servicios de la CSS

La dirección de la Caja de Seguro Social (CSS) promueve cambios estructurales en la gestión médica y administrativa para optimizar los servicios que ofrece la entidad.

En tres meses de gestión, el nuevo director de la CSS, Enrique Lau Cortés, ha identificado una serie de situaciones que empobrecen la gestión administrativa y los servicios de salud de la entidad.

En un informe que recoge el diagnóstico, la visión y las propuestas de la nueva administración para la CSS, identificó los problemas de la entidad. Entre ellos se menciona las dificultades para el financiamiento de importantes programas, una inadecuada gestión administrativa y financiera y la entrega tardía y desmejorada de los servicios de salud y de las prestaciones económicas.

El nuevo administrador ha trazado un plan de acción para corregir estas situaciones y ofrecer un servicio eficiente a la población asegurada y pensionada. Entre las prioridades de su administración está recuperar la mística entre los pacientes y los médicos, que mejore la relación entre ambos.

Otra tarea inmediatas es implementar un modelo de atención basado en la prevención de las enfermedades. Las 74 instalaciones de la CSS están colapsadas. Por ejemplo, el Complejo Hospitalario Metropolitano concebido para 20 mil pacientes mensuales atiende a tres veces más personas. “El diseño de atención médica demanda urgentemente un diseño y una reformulación estratégica”, indicó Lau Cortés.

Entre las iniciativas también está la acreditación de los hospitales con los más altos estándares internacionales, la implementación de la cita electrónica y la dispensación de recetas al 100%. La institución pretende acercar sus servicios a los pacientes a través de los dispositivos móviles.

La administración de Lau Cortés también busca modernizar la gestión administrativa y los servicios de salud haciendo uso de la tecnología. El rezago tecnológico en el que se halla la institución conllevó a no contar con estados financieros confiables y auditados y al desconocimiento del consumo de medicamentos. Además, ha provocado deficiencias en la operatividad del expediente clínico electrónico y un mal control del inventario de insumos. Por ejemplo, en el salón de operaciones existen pérdidas $2 millones por insumos vencidos y dañados. Más $6 millones perdidos en los almacenes quirúrgicos. Existen, además, 119 medicamentos agotados de 415 renglones, indicó Lau Cortés.

En once años se han invertido $176 millones en sistemas de computación que no se usan de manera eficiente, que incluso se adeudan a proveedores sin que existan contratos de prestación de servicios.

Con relación al programa de pensiones, Lau Cortés propone primero contar con los estados financieros y estudios actuariales auditados para posteriormente convocar a un diálogo nacional, que busque soluciones para reflotarlo.

La información provisional que mantiene la CSS indica que el sistema de pensiones está en crisis. En Panamá coexisten dos sistemas de pensiones dentro del régimen obligatorio de la Caja, uno es el antiguo sistema de reparto (Subsistema exclusivamente de Beneficio Definido) y el otro es el nuevo sistema con cuentas individuales (Subsistema mixto)

En estos momentos (2020), ambos sistemas de pensiones (mixto, $2,425 millones y solidario, $3,319 millones) mantien un fondo de $5,744 millones. Desde hace dos años, las reservas del sistema de pensiones que beneficia a más de 200 mil personas han empezado a usarse. En el año 2018, se extrajeron $48 millones. Para 2019, se estima que el uso de las reservas asciendan a $228 millones. Las proyecciones indican que para el 2023, las reservas del sistema se habrán agotado. Aunque Lau Cortés reconoce que la información no es cien por ciento confiable por el inadecuado manejo de los programas de contabilidad y la falta de depuración de data, admite que es una prioridad contar con estados financieros auditados y confiables para conocer la sostenibilidad del sistema.

El sistema solidario de beneficio definido prácticamente está cerrado a nuevos cotizantes. Sin embargo, todos los años aumenta el número de pensionados; es decir, que entra menos dinero y sale más para pagar las nuevas pensiones.

La CSS requiere que existan más de cinco cotizantes por cada pensionado para sostener los programas de pensiones. Pero, actualmente, solo hay 2.3 cotizantes por cada pensionado.

El 13.5% de las cuotas obrero patronales son destinadas al IVM. Sin embargo, los sistemas de recaudación de las cuotas son obsoletos. A julio de 2019, 38 mil empleadores, más del 50%, están morosos. La deuda asciende a $283 millones en el sector privado. En 2019, la CSS mantenía cuentas por cobrar por $734.9 millones. Pero recientemente el Gobierno Central pagó $421.3 millones de cuotas obrero patronales de funcionarios públicos y de municipios.

El subprograma mixto de capitalización individual mantiene una mejor situación por el grueso de beneficiarios que ingresarán a partir de 2027, indicó la CSS.

Hay problemas estructurales que afectan el programa de pensiones, entre ellos, la baja tasa de crecimiento poblacional de 1.8%. Esto representa una baja tasa de renovación generacional, es decir, existe la necesidad de nacimientos que garanticen un aumento de la población que debe ser de 2.2% a 2.5%.

Otro factor que atenta contra el sistema de pensiones es la esperanza de vida, que en 1960 era de 61 años. Pero para 2016 se extendió a 78 años. Esto demanda mayores recursos para la cobertura de las pensiones por un mayor tiempo.

El desempleo que alcanza el 7% y la de informalidad laboral que ronda el 40% también afectan la sostenibilidad del fondo de pensiones.

En un informe que presentó la Junta Técnica Actuarial, a finales de noviembre de 2019, se recomienda aumentar las cuotas obrero patronales y la edad de jubilación para reflotar el sistema de pensiones. Además, para salvar los fondos de pensiones, la junta actuarial recomienda una disminución en los beneficios y aportes extraordinarios del Estado.

Jorge Juan De La Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), reconoció que el escenario de la CSS es difícil. Agregó que no se debe esperar más para enfrentarlo.

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, dijo que se tienen que encontrar soluciones técnicas para enfrentar el problema de la CSS. “Tenemos que asumir la responsabilidad de rescatar el IVM”, concluyó.

Por otro lado, la institución ha contratado obras por $875.2 millones y se han pagado $520.8 millones. La nueva administración de la CSS también se compromete a concluir los proyectos detenidos. Entre ellas, la Ciudad de la Salud, que mantiene un saldo por cancelar de $230.7 millones.

Inicialmente, la Ciudad de la Salud tenía un costo $554.3 millones. A esto se le sumó $176 millones, más $4 millones en órdenes de cambios. Además, habría que sumarle $164.2 millones en equipo y mobiliario. Se estima que el proyecto estaría costando entre $850 millones y 890 millones, explicó Lau Cortés. También están detenidas la construcción de la Policlínica de Boquete, de Penonomé, de Aguadulce y los estacionamientos de la Policlínica J. J. Vallarino.