El incoherente Plan Estratégico del Gobierno

La reciente publicación por parte del actual gobierno de su Plan Estratégico 2019 – 2014 (PEG 2019 - 2014) llama la atención, entre otras cosas, por insistir en la importancia de la Planificación. Es así que en su página 103 se destaca que “un buen gobierno no improvisa, planifica para el desarrollo”, mientras que en la siguiente propone la creación de un Instituto de Planificación adscrito a la Presidencia, institución que debería estar operativa para el año 2020.

Planificar, siguiendo las ideas de Carlos Matus, significa el desarrollo de cuatro momentos, los cuales se influyen mutuamente de manera dinámica, con el fin de mantener una alta correspondencia y coherencia entre los mismos. El primer momento es el de explicación de la realidad; el segundo es en el que se establece la visión de futuro que se busca alcanzar, es decir la llamada imagen objetivo. Por su parte el tercer momento va más allá del carácter normativo del segundo, de manera que en el mismo se plantean las políticas y metas concretas que aseguran los objetivos, poniendo énfasis en la viabilidad de las mismas. El cuarto momento, como es conocido, es el que da lugar al seguimiento y monitoreo del plan.

Resulta entonces importante analizar el contenido del PEG 2019 – 2014, con el fin de observar el nivel de coherencia que presenta entre sus momentos constitutivos, lo que permitirá evaluar su contenido en términos de su capacidad de resolver algunos de los agudos problemas que sufre nuestro modelo económico y social.

Desde luego que no hacen falta profundos estudios especializados en planificación para entender la importancia que tiene la presencia de una alta correspondencia entre los objetivos generales del Plan y los resultados esperados de la aplicación de sus políticas y medidas concretas. Tampoco es difícil que en el caso que nos ocupa observar que más que correspondencia y coherencia encontramos contradicciones.

Ya en el resumen ejecutivo del PEG 2019 - 2024 se plantea como un objetivo “acabar con las inequidades y desigualdades en el país”, mientras que el propio texto se propone que este sería el objetivo principal (p. 102). En términos de la palanca que se pretende utilizar para este fin se propone, entre otras cosas, una política capaz de “generar mayor número de empleo para nuestra población económicamente activa.” (p. 26). En el desarrollo del texto del documento bajo estudio se concreta la meta señalando que “entre 2020 y 2024 crearemos las condiciones que nos permitan generar suficientes nuevos empleos para revertir la situación existente y reducir la tasa de desempleo”. Concretamente se plantea “generar entre 240,000 a 275,000 nuevos empleos en el próximo quinquenio, de los cuales se estima que un 25% podría ser para jóvenes menores de 30 años” (p. 105).

Sin embargo, los resultados esperados en el llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo del Sector Público No Financiero, que hace parte del PEG 2019 – 2024, resultan incoherentes con la meta de empleo, lo cual muestra que las políticas encaminadas a tal fin contradicen el llamado objetivo principal. Esto significa que las mismas son insuficientes.

En efecto, una simple regresión, realizada en el espíritu de la llamada Ley de Ocum para el período 2001 - 2018, entre los cambios en la tasa de desocupación y la tasa de crecimiento del producto interno bruto real, muestra que solo para mantener estable la tasa de desempleo la economía debe crecer al 4.7% anual. Si, además, se incluye una tendencia observada que apunta al incremento secular de la desocupación, esta tasa necesaria se eleva prácticamente hasta el 5.0%, nivel que hasta el Banco Mundial considera el correcto.

Es en este contexto llama la atención que el PEG 2019 - 2024 propone una tasa de crecimiento económico lo suficientemente baja como para asegurar una reducción significativa en los próximos cinco años de la tasa de desocupación de la Población Económicamente activa. Esto se puede observar en los llamados supuestos macroeconómicos incluidos en este documento, donde se establece que “la tasa de crecimiento del PIB para el período 2020 – 2024 promedio es 4.3%”, en condiciones que en ninguno de estos años el crecimiento, salvo en el 2020, se pronostica como superior a la tasa necesaria para evitar el crecimiento de la tasa de desempleo.

Más aún, las recientes declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo a las que en el 2020 la economía crecerá entre 4.0% y 4.5%, llevan a pensar que ni siquiera en este año se dará un alivio al creciente desempleo en el país. Es claro que la situación será aún más dura si prevalece la previsión de la CEPAL, citada por el Presidente de la República en su reciente discurso en la Asamblea Nacional, según la cual el crecimiento del PIB en el 2020 solo alcanzará al 3.7%.

Lógicamente no solo se incrementaría el desempleo, sino que también disminuiría la calidad del empleo. Las cifras oficiales disponibles para el período 2012 – 2018 muestran una clara relación positiva entre la desaceleración económica y el incremento de la informalidad en el mercado laboral. Esta relación implica que por cada incremento de un punto porcentual en la tasa de desocupación, la tasa de informalidad se eleva en más de dos puntos porcentuales.

En el ámbito de las finanzas públicas, llama la atención que pese a la alarma que mostró el Presidente en su discurso de la Asamblea sobre el incremento de la deuda pública, así como la crítica contenida en el PEG 2019 – 2024 a las administraciones anteriores por haber elevado esta deuda en B/.10,972.00 millones, lo cierto es que los resultados propuestos en este documento no apuntan hacia una realidad diferente a la heredada. Es así que el Marco Fiscal Financiero del Sector Público no Financiero contenido en este documento prevé para finales del 2024 un nivel de deuda pública que supera en B/.10,000.00 millones, es decir en un 33.0%, al observado en noviembre de 2019. Así mismo se prevé que la relación deuda pública – PIB seguirá elevándose hasta alcanzar un nivel de 43.4%. Esto sin contar los compromisos que significarán para el fisco las APP, las cuales van a comprometer y elevar hacia el futuro el flujo de desembolsos que tendrá que hacer el gobierno, por lo que la mismas son consideradas como un mecanismo de “contabilidad creativa” para ocultar deuda pública.

Estamos, entonces, frente a un Plan Estratégico inadecuadamente formulado, que resulta incoherente e insuficiente para resolver los principales problemas del país. El mismo muestra una especie de intención propagandista encriptada en una profusa prosa, sostenida en una clara incapacidad técnica.