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23 de Sep de 2020

Nacional

Aseguradores advierten que su opinión no figura en cambios a Ley de Contrataciones Públicas

Los agremiados a la Asociación Panameña de Aseguradores sostienen que son las garantes de la contratación pública por medio de notas escritas

Panorámica Panamá
El gremio asegura que no tomaron sus sugerencias ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.Aris Martínez | La Estrella de Panamá

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) manifestó este martes su preocupación, ya que las recomendaciones del gremio no fueron tomados en cuenta en la discusión "en bloque" del proyecto de ley 10, “Que modifica el texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones” presentado por el Ministro de Economía y Finanzas, para consideración de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

La “Apadea ha expresado la preocupación de las aseguradoras / afianzadoras responsables de ser garantes de la contratación pública de nuestro país por medio de notas escritas. En esta ocasión reiteramos nuestra posición, sobre todo por lo relacionado con la extinsión y ejecución de fianzas extemporáneas por parte de entidades contratantes del Estado; así como lo relacionado con el ejercicio del derecho de las aseguradoras / afianzadoras de las obras del Estado”, destacó el gremio en el documento.

Además de que la Ley de Contratación Pública debe expresar, sin lugar a duda “que las aseguradoras / afianzadoras tienen derecho de recurrir contra, y defenderse de, las decisiones adoptadas administrativamente. Actualmente, con frecuencia las aseguradoras / afianzadoras deben recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a demandar la ilegalidad de arbitrarias resoluciones administrativas de contratos vencidos, cuyas fianzas igualmente se encuentran vencidas”.

Lo anterior evidencia que “así como las aseguradoras / afianzadoras emiten fianzas a beneficio del Estado, también deben tener derecho a ejercer todos los recursos legales contra reclamaciones extemporáneas que se resuelven administrativamente por parte de las instituciones del Estado, por lo que solicitamos la aclaración de este derecho inherente a toda institución y que ha sido desconocido en algunos casos recientes”.