Ejecutivo, sin marco legal para designar a directivos

Las designaciones de los miembros de las juntas directivas de las empresas e instituciones estatales están a discreción del Órgano Ejecutivo.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, concluyó que el país carece de una legislación marco que regule el funcionamiento de las juntas directivas. Similar situación ocurre con los patronatos.

Es una realidad que ha dejado el asunto “al arbitrio” de cada ley orgánica de las entidades. “Es una situación que ha producido disparidad en la regulación de las juntas directivas en cuanto a la forma en que son elegidos sus miembros y los criterios en base a los cuales se les elige y se determina el monto a pagar en concepto de dietas”, señaló el procurador.

La opinión de González está contenida en su repuesta a una queja que realizó el abogado Ernesto Cedeño ante la Procuraduría de la Administración sobre la designación de funcionarios en varias juntas directivas y las dietas que cobran.

“No existe un criterio uniforme en cuanto a la regulación del funcionamiento de las juntas directivas de las entidades descentralizadas, por lo que se hace imperioso regularlas, a través de una ley marco que optimice los recursos de la administración pública”, consideró el procurador González.

La queja del abogado Cedeño se presentó ante la Procuraduría de la Administración en medio de la polémica por la designación de varios funcionarios de la Presidencia en varias juntas directivas que pasaban el proceso de ratificación en la Asamblea Nacional. Entre los funcionarios que laboran en la Presidencia y pertenecen a varias juntas directivas están: Nadia Del Río, Juan Antonio Ducruet, Everardo De León, entre otros.

El procurador González consideró que “no existe (...) disposición legal alguna que prohíba o imponga límites al Ejecutivo para designar a un servidor público como director en varias juntas directivas”.

Tampoco existe, agregó, una normativa legal que imponga límites o rangos dentro de los cuales las autoridades competentes deban fijar el monto de la dieta a pagar a los miembros de las juntas directivas.

González, en declaraciones a los medios de comunicación, indicó que se hace necesario que el tema sea abordado de manera integral y plantear la creación de una ley que contemple aspectos como el perfil de las personas que integren las juntas directivas, además de las dietas que deben cobrar los directivos y en cuántas juntas directivas puede participar un funcionario o un particular.

Para el procurador es fundamental que la dieta no sea el incentivo de ninguna persona para formar parte de las juntas directivas.

“Si la dieta es el incentivo, entonces distorsionamos lo que debemos esperar de un profesional en su aporte al país”.

González pide que se establezca un mínimo y un máximo de las dietas.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez recordó que presentó un proyecto de ley que busca regular las juntas directivas “justamente para que eso que no está claro quede definido”.

Para el diputado, nada en el Estado se debe ver como un “botín político” como ocurre con las designaciones para las juntas directivas. Se quejó de que el pasado martes se ratificó a algunas personas, entre ellas al ministro consejero en inversión, José Alejandro Rojas, para siete años en la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá.

A juicio del diputado, las personas no deben pertenecer a una junta directiva para buscar el pago de una dieta o buscar información de una licitación que comparten con sus amigos o sacar provecho del cargo.