Empresa debe entregar ventiladores el 13 de mayo

Aunque aún no exista una orden de compra oficial hasta el momento y solo se trate de una carta de intención, el gobierno está dispuesto a desembolsar $5.2 millones a la empresa Muriba Company Inc, para que en 10 días hábiles ponga en suelo panameño 100 ventiladores para pacientes de cuidados intensivos positivos por Covid-19.

El viceministerio de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, cotizó en forma directa los aparatos en al menos tres empresas, pero según una fuente de la entidad, aunque es verdad que ofrecían un precio más barato todos los consultados solicitaban hasta 90 días para la entrega en puertos distintos, un tiempo inútil para las urgentes necesidades de salud.

Se había pensado en otras órdenes de compra que entregarían los ventiladores en junio, pero los funcionarios de gobierno consideraron que para entonces sería muy tarde ante las necesidades que plantea la crisis que definen como un tema de vida o muerte. En épocas de paz, un ventilador con las características programadas, HP-300 marca Allied, podría oscilar entre $25 a $30 mil, tal como lo admitió el viceminsitro de la Presidencia en conferencia de prensa reciente. Sin embargo, por la urgencia con la que el gobierno requiere los equipos, el precio se eleva, responde a la regla de oferta y demanda.

"Hoy me entero que lo más seguro es que la empresa no pueda cumplir (con el tiempo propuesto) porque Estados Unidos no está dejando salir esos aparatos", indicó una fuente oficial.

"El problema no es la empresa ni la compra, son los ventiladores, es el equipo más preciado que existe en el mundo en este momento, todos los países están atrás de ellos. Todos los proveedores solicitaban un adelanto y esperaban entregar los ventiladores en tres o cuatro meses, cuando tal vez ya no serán necesarios", añadió la fuente oficial.

La compra fue manejada por Muñoz quien exigió a la empresa Muriba Company Inc., entregar antes del 13 de mayo los equipos según había solicitado la junta técnica, la carta de intención tiene fecha del 23 de abril,  según conoció este medio.

Muriba Company Inc., fue registrada en el Registro Público en 2005, y la última actualización de la junta directiva se realizó en julio de 2019, mediante la cual se nombró a Julio César Mendoza como director presidente, a Amor Iveth Ibáñez como secretaria, Fernando Iván Murillo como tesorero, Irma Lorena Murillo aparece como suscriptora, ésta última mantiene domicilio, según Registro Público, en la Torre Global Bank piso 12.

La sociedad anónima está facultada para hacer todo tipo de importaciones y exportaciones, así como tareas relacionadas al ramo de contrataciones y servicios de compra, alquiler y venta, facilidades crediticias, contratos etc.

Por otra parte, uno de los directivos de la empresa, Fernando Murillo es titular de la empresa constructora Fernando Murillo y Asociados que en agosto pasado, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inhabilitó por un periodo de tres años para hacer contrataciones con el Estado a raíz de incumplimiento del contrato DNPC-389-2016 para la construcción del edificio para el laboratorio de estructuras de la universidad por un monto de $2,321, 242 para la cual tenía un periodo de 600 días a partir de noviembre de 2016.

La empresa presentó una apelación en tiempo oportuno ante el Tribunal de Contrataciones Públicas por la inhabilitación que hizo la UTP por tres años para participar en actos de selección de contratista ni celebrar contratos con el Estado mientras dure la inhabilitación.

Fernando Murillo y Asociados, el 30 de agosto de 2019, protocolizó un acta de junta directiva en la que otorgó poder a Julio Cesar Mendoza para administrar de manera individual o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a saber: para recibir dinero, abrir y cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del mundo, reclamar dinero s producto o cualquier otra cosa que se le pueda deber a la sociedad y extender los recibos correspondientes.

Este viernes durante la habitual conferencia de prensa de las fuerzas de tarea conjunta se dio a conocer la información por parte de Presidencia sobre la compra millonaria de los ventiladores, cada uno a un precio de $48,950.

El comunicado oficial no menciona el nombre de la empresa beneficiada, pero justifica el abultado monto aduciendo que los tiempos de paz en los que el aparato tenía un costo de 6 mil a 10 mil dólares quedaron atrás, y que la gran demanda por este tipo de equipos eleve su precio entre $25 mil y $30 mil. No obstante, la urgencia de contar con los aparatos en suelo panameño en 10 días, en vez de esperar 3 o 4 meses eleva a cada ventilador a $49,950.

La reacción de médicos especialistas sobre la supuesta adquisición se evidenció con incomodidad. El infectólogo Xavier Sáez Llorens colgaba en su cuenta "Ando intranquilo con el tema de la compra directa de ventiladores a precios excesivos; eso debe investigarse con rigurosidad; de lo contrario ruido mediático empaña el manejo transparente y técnico que realiza el Ministerio de Salud para combatir el Covid-19 de lo cual soy testigo independiente".

Y su colega Julio Sandoval, coordinador de Covid-19 en el Minsa, le respondió: me uno a tu preocupación. Hemos trabajado de manera incondicional y ad honorem al frente de esta pandemia evitando una tragedia en salud. Como parte del Comité Técnico Asesor del Minsa, solicitamos a la Presidencia una explicación detallada del proceso de compra de ventiladores", posteó el intensivista.

La presión en las redes obligó al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio sobre la millonaria compra y la Contraloría emitió un comunicado en el que indica que aún no ha recibido el contrato para refrendo, pero advierte que "ni siquiera una situación de emergencia nos exime de la responsabilidad de salvaguardar con transparencia el buen uso de los bienes y recursos del Estado", se lee en la nota de la Contraloría.