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07 de Jul de 2020

Nacional

Corte IDH pide al gobierno  información sobre condiciones de migrantes en Darién

La solicitud obedece a una petición de medida de protección que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el gobierno debe responder antes del jueves

La Peñita, Darien, migración
En La Peñita, Darién, hay más de 1,000 migrantes.Cortesía 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al gobierno panameño información sobre la situación de personas migrantes que permanecen en la Estación Temporal de Atención Humanitaria de La Peñita, en la provincia de Darién.

La Corte pide específicamente información sobre la “agravada situación de riesgo” que enfrentan los migrantes por la pandemia y obedece a una solicitud de medidas provisionales de protección a favor de los extranjeros que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con la finalidad de evitar “daños irreparables a sus derechos a la vida, salud e integridad personal”.

Esta solicitud se da en el marco del proceso de supervisión de la sentencia en el caso de Jesús Vélez Loor, en la que la Corte estableció que “serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular”, señala un comunicado del organismo emitido ese lunes desde su sede principal en San José, Costa Rica.

El organismo de derecho humanos, adscrito a la Organización de Estados Americano, hace referencia a la condena que recibió Panamá por la detención arbiraria del ecuatoriano Vélez por la Migración.

De acuerdo al comunicado de la Corte, la solicitud de CEJIL se fundamenta en que las personas migrantes que ingresan a Panamá por la selva del Darién se enfrentan a una “política de detención automática y arbitraria, así como condiciones de hacinamiento en estaciones que funcionan como centros de detención, en particular en de La Peñita”.

Las medidas implementadas en el marco de la pandemia, en particular las restricciones sobre el movimiento a nivel interno y el cierre de la frontera entre Panamá y Costa Rica, han profundizado gravemente las prácticas de detención y la situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes, señala el comunicado de la Corte.

La situación de detención temporal que antes podría llegar a durar entre semanas y meses, se ha convertido en una detención indefinida, agrega el comunicado. Aunado a esta realidad, la situación de hacinamiento que enfrentan las personas migrantes en el centro de detención afecta las condiciones en las que viven e impide la adopción del distanciamiento social y otras medidas de protección sanitaria.

La capacidad de la Estación Temporal de Atención Humanitaria de La Peñita es para 200 personas. Sin embargo, existen unos 1,766 personas migrantes retenidas, lo cual refleja una sobrepoblación de alrededor del 783% con respecto a la capacidad total.

La Corte cita información de la Defensoría del Pueblo de Panamá que revela que en la estación hace falta colchones, agua, asistencia médica y algunos alimentos, situación que ya se evidenciaba anteriormente, pero que se ha agravado en el contexto de la pandemia.

CEJIL también denunció la falta de ventilación, graves carencias en higiene, insuficiente acceso a agua potable y provisión de alimentos, la falta de información y orientación. Además la falta de separación de grupos poblaciones con vulnerabilidades específicas, entre otras irregularidades.

“Frente a estas condiciones, es imposible que las personas migrantes detenidas en La Peñita cumplan con las recomendaciones sanitarias necesarias para protegerse contra el contagio”, señala el comunicado de la Corte IDH.

Las restricciones sobre movilidad en el país también han impedido que las organizaciones que llevan a cabo actividades de monitoreo y verificación de la situación al interior de La Peñita pueden trasladarse. Esto limita las labores de asistencia humanitaria y de defensa de los derechos humanos de la población migrante, dejándoles en una situación de mayor desprotección, se queja la Corte en el comunicado.

El CEJIl ha solicitado que el gobierno panameño garantice el acceso a servicios de salud a todas las personas migrantes, incluyendo detección temprana y tratamiento del COVID-19, así como la libertad de todas las personas detenidas, con el fin de proteger su vida, integridad y salud y las de las personas que allí laboran.

También garantizar las necesidades básicas de la población migrante frente al riesgo de contagio, incluido albergue, alimentación y agua, entre otras.

Utilizar la detención por razones migratorias únicamente luego de un análisis individualizado de la necesidad y proporcionalidad de la medida, y por el menor tiempo posible.

La Corte IDH le dio un plazo al gobierno de Panamá hasta el próximo jueves para responder la solicitud.