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09 de Aug de 2020

Nacional

CIDH sienta al Estado panameño en audiencia por trato a migrantes en Darién

Cifras citadas en la audiencia revelan que al 25 de junio de este año había un total de 1,674 migrantes en el albergue de La Peñita, un centro con capacidad máxima para 200 personas

La Peñita, Darien, migración
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que ante un hacinamiento del 737% en La Peñita, provincia de Darién, es "imposible adoptar medidas de distanciamiento social" para enfrentar la covid-19.Cortesía | UNICEF

La situación de los migrantes en el albergue de La Peñita, provincia de Darién, en medio de la  crisis por la covid-19,  fue discutida este jueves en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En la sesión, que fue pública y de manera virtual, las supuestas víctimas y representantes de diversas organizaciones, entre ellas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señalaron al Estado panameño de no cumplir con las condiciones adecuadas para mantener a los migrantes, las consideran deficientes y bajo un marco de una política sistemática de detención migratoria.

Reunión virtual de la IDH
Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Cortesía

Durante su ponencia, Marcela Martino, subdirectora de CEJIL manifestó a través de Facebook:  "hemos reiterado que en el contexto de la pandemia se ha generado un riesgo extremadamente grave y urgente para las más de 1,700 personas detenidas en el Darién donde se han detectado decenas de casos de covid-19".

Para Martino, Panamá debe dotar los albergues con "acceso a ventilación natural, artículos de higiene, mascarillas, alcohol y otros aspectos básicos como lavado de manos" y protocolos para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.

En la audiencia participó el ecuatoriano, Jesús Vélez Loor, quien en 2010 ganó una demandan en un tribunal internacional en un caso en contra del Estado paname´ño, luego de que por una infracción migratoria permaneció bajo condiciones inhumanas en un centro penitenciario en el Darién, junto a personas procesadas y condenadas por delitos comunes.

"Por las omisiones del Estado de Panamá cientos de personas migrantes, hoy se encuentran donde yo estaba hace más 17 años, detenidos en el Darién en condiciones completamente inadecuadas (...) Ahronaviruora los hermanos migrantes en el Darién están pagado el precio en este contexto de cos. Las personas migrantes pagan con su salud y están en profundo riesgo de contagiarse y llegar hasta el extremo de la muerte", denunció Vélez Loor.

Cifras citadas en la audiencia revelan que para el 25 de junio, en el albergue de La Peñita había un total de 1,674 migrantes, cuando el centro tiene una capacidad máxima para 200 personas. Esto representa un hacinamiento de 737% ante lo que los representantes de los derechos humanos y víctimas sostuvieron es "imposible adoptar medidas de distanciamiento social". Además, del total de recluidos en el centro, unos 468 son menores de edad.

En respuesta del Estado panameño,  Samira Gonzaine, directora nacional del Servicio Nacional de Migración (SNM)  aseguró que el país "no detiene arbitrariamente a los migrantes" sino que  "los asiste".

La funcionaria argumentó además que el flujo controlado de migrantes no depende de Panamá sino de las fronteras de otros países como Nicaragua y Costa Rica, donde este último solo permite el traslado de 100 personas diarias, de preferencia solteros y de lunes a viernes. Una medida que complica el flujo de migratoria en la región.

Gonzaine manifestó que si Costa Rica deja pasar a 2,500 personas migrantes en un día, el SNM "contaría con la capacidad logística" de movilizar los buses que sean necesarios para ello. 

Según la funcionaria cada mes, el Gobierno Nacional destina del presupuesto unos $836 mil en la atención a las personas migrantes. 

"La gravedad de que, aun cuando el Estado hubiere dispuesto campamentos en Laja Blanca para trasladar a dichas personas, en La Peñita continúa albergando un alto número de personas que supone, al menos, siete veces más de lo que permitiría su capacidad, lo cual puede favorecer la propagación de la covid-19".Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La representante del SNM dijo que Panamá está anuente a seguir las recomendaciones de la CIDH, y en los próximos días sustentara la necesidad de un nuevo albergue en Darién con capacidad de 550 personas migrantes.

La directora nacional del SNM recordó que estos grupos de migrantes, en su mayoría procedentes de Colombia tienen 48 horas para llegar a Panamá atravesando la selva; luego Panamá los asiste y recaba la información que suministrará a Costa Rica, para que estos a su vez autoricen el ingreso de solo 100 personas en días hábiles.

Por parte, el vicecanciller Federico Alfaro, recalcó que cualquier esfuerzo que realice debe ser realizado "desde un punto regional". 

"Como resultado de la pandemia muchos países han decidido cerrar sus fronteras para evitar que se expanda el virus y un país individualmente no puede afrontar el reto", indicó Alfaro.

En tanto que, Ivor Axel Pittí, viceministro de Seguridad e Ivette Berrío, viceministra de Salud, destacaron que se han dado "diversas acciones" acatando las recomendaciones CIDH, como: traslados a otros centros de detención, atenciones preventivas y curativas, así como entrega de alimentos.

Con la audiencia, la CIDH le solicitó a Panamá que active el mecanismo de medidas provisionales a favor de las personas que se encuentran en los albergues migratorios La Penita y Laja Blanca, en la provincia de Darién.

El pasado 26 de mayo, la presidenta de la CIDH, Elizabeth Odio Benito, ordenó a Estado panameño adoptar las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en dichas estaciones migratorias.

En ese momento, la presidenta del tribunal interamericano destacó “la gravedad de que, aun cuando el Estado hubiere dispuesto campamentos en Laja Blanca para trasladar a dichas personas, en La Peñita continúa albergando un alto número de personas que supone, al menos, siete veces más de lo que permitiría su capacidad, lo cual puede favorecer la propagación de la covid-19".

Sumado a lo anterior en la audiencia de este jueves, el CEJIL supervisó el cumplimiento de la sentencia en el caso de Jesús Vélez Loor, relacionado con detención migratoria y decidido por la Corte Interamericana en 2010.