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15 de Aug de 2020

Nacional

Exprocuradora paga fianza de $150 mil y libra cautelación de bienes por parte de Martinelli

La mañana de este jueves, el Órgano Judicial ordenó un secuestro de bienes en la residencia de la exprocuradora Kenia Porcell, como parte de una diligencia solicitada por el expresidente Ricardo Martinelli. Dos horas después, los abogados de Porcell presentaron una fianza

El papel de ocupar un cargo público en el sistema judicial actual, permite que al no haber un mecanismo de protección institucional, así como de evaluación del funcionario que actúe como un verdadero contrapeso a sus actuaciones, las diferencias entre las partes se diriman en la justicia ordinaria.

Conjunto Mont Blanc, lugar residencial de la exprocuradora Kenial Porcell.Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Ayer se vivió una mañana agitada cuando el abogado Alfredo Vallarino, en representación de su apoderado, el expresidente Ricardo Martinelli, acudió a la residencia de la exprocuradora Kenia Porcell para secuestrar bienes, prendas, efectivo, o muebles a raíz de una solicitud de medida cautelar que interpuso en febrero pasado en el Juzgado Tercero del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

El abogado se dirigió al conjunto residencial Mont Blanc, ubicado en Brisas del Golf, casa 26 A, residencia de Porcell, acompañado de la alguacil del juzgado y varios estamentos de seguridad, y sorprendió a Porcell con la acción de secuestro producto del daño a la imagen del expresidente.

“(...) Cuando se afecta el honor de un ciudadano común, 
debe responder por esas declaraciones”

ALFREDO VALLARINO,
ABOGADO DEL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI

La defensa del expresidente se basa en señalamientos efectuados por la exprocuradora, quien según Vallarino, indicó que le “tenía probado a su cliente cuatro delitos y su vinculación, además de otros comentarios realizados, pues a pesar de haber ocupado el cargo de procuradora, estas declaraciones las hizo como ciudadana. En este caso, cuando se afecta el honor de un ciudadano común, debe responder por esas declaraciones”, manifestó el abogado.

Vallarino hace referencia a las acusaciones en contra de su cliente relacionadas al caso 'pinchazos', en el que en agosto de 2019 un tribunal de juicio declaró al exmandatario no culpable.

La defensa del expresidente había presentado en febrero pasado ante la juez del juzgado en mención, Ana Zita Rowe, la medida cautelar por $144 mil, que fue admitida luego de que el demandante consignara $30 mil, como parte de la costumbre tribunalista.

La esencia de la acción de secuestro no era directamente contra la propiedad, sino contra bienes muebles hasta por el valor de $144 mil que se determinan en una lista.

Al efectuar la diligencia, las autoridades se encontraron con una lista de bienes entregados en prenda, cuyo contrato no constaba en escritura pública, sino en papel simple.

“Porcell hizo una prenda a favor de una fundación que debe tener físicamente los bienes, y no es así, porque están en posesión de ella, es decir el deudor prendario. Debe tener la fecha que está en el protocolo, y no se especifica la fecha porque nunca lo llevó a escritura pública. Lo que hay es una prenda para suspender el secuestro que no reunía los requisitos legales, por lo tanto, el secuestro debe avanzar”, indicó a La Estrella de Panamá la titular del juzgado.

El caso promete ser un pleito civil largo y desgastante que está en su fase inicial.

Dos horas después de la aparición de Vallarino en la residencia de Porcell, sus abogados presentaron una fianza de seguro por la suma de $150 mil, que paralizó el secuestro y automáticamente los bienes quedaron liberados.

La defensa de Martinelli también presentó la demanda en el juzgado tan pronto se ejecutó la medida cautelar sobre los bienes de Porcell. Los detalles de la misma permanecen en reserva y pueden incluso elevar el monto inicial.

Para ser admitida dicha demanda debe cumplir con los requisitos. De ser así, la juez debe analizar si las declaraciones que hizo Porcell se efectuaron cuando ocupaba el cargo de procuradora. En caso afirmativo, el caso escapa de la jurisprudencia de la juez Rowe y compete a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Kenia Porcell, exprocuradoraArchivo | La Estrella de Panamá

En la posibilidad de que las declaraciones se hayan efectuado alejadas de su investidura, como afirma Vallarino, el proceso debe avanzar.

No obstante, luego de responder la demanda de Martinelli, Porcell tiene derecho a contrademandar a su demandante y secuestrarle bienes incluso por mayor cuantía.

'Fui amenazada'

Contra Porcell hay en fila otras 15 demandas. Desconcertada por la presencia de los estamentos de seguridad que acompañaron la diligencia, la exfuncionaria calificó la acción como una medida para amedrentar a los “fiscales y jueces valientes” del sistema que se atreven a investigar la corrupción.

Enseguida dijo: “Hago un llamado serio y responsable a la administración de justicia para que no se vuelva un tema personal contra Kenia Porcell y su familia. Quiero hacer un llamado a los estamentos de seguridad, porque les he avisado que me han estado amenazando (con llamadas telefónicas) y no han hecho nada, si algo le pasa a mi esposo, a mis hijos o a mí, ustedes son los responsables porque les he estado avisando. Hoy no era necesidad de traer tanta policía para venir a mi casa”, exclamó Porcell.

A renglón seguido, responsabilizó a los estamentos de seguridad por cualquier daño que le ocurra a ella o a sus hijos. Recordó que como procuradora daba entrevistas de acuerdo con informes que recibía de los fiscales.

“El caso de los 'pinchazos' es un caso emblemático, no quiero hablar de ese tema, pero lo importante es que cuando yo hablo en nombre de la institución es porque había una institución a la que yo representaba. Yo comunicaba al país lo que se daba, esa labor es como servidora pública y debe hacerlo en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. A nivel particular no he hecho nada, esto es el sistema de justicia contra Kenia Porcell”, insistió la exprocuradora.

Garantizan independencia

La juez Rowe promete imprimir en el caso independencia, imparcialidad, y plasmar sus conocimientos para hacer de este caso un tema imparcial.

Defiende su actuación con su trayectoria. Rowe indica que en sus más de 30 años de ejercicio en el sistema judicial, no le han impedido hacer su trabajo y esto no va a cambiar su actuación. “No hay de qué preocuparse, porque no es el primer caso de Martinelli que conozco”, puntualizó.

En casos como el citado, al no haber un mecanismo de protección especial para funcionarios de alto perfil, y un sistema efectivo de evaluación de sus actuaciones, estos procesos se traducen en un conflicto real, que la ley opera en un tribunal ordinario, es decir, “lo que viven los ciudadanos con tiempos de respuesta ineficientes, o situaciones mecánicas”, explicó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien añadió que pueden repetirse ante la carencia de un Tribunal de Transparencia e Integridad.