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15 de Aug de 2020

Nacional

Juez decreta ilegal la aprehensión de exdirectores policiales

La fiscalía sufrió su primer revés en la operación 'Furia', en la que acusa a seis exdirectores de la fuerza pública de tráfico de armas de guerra 

Omar Pinzón, exdirector de la Policía Nacional
Omar Pinzón, exdirector de la Policía Nacional.Didier Magallón | La Estrella de Panamá

El juez de garantías Eric González declaró ilegal las detenciones realizadas por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado durante la Operación Furia que contempló 28 diligencias de allanamiento y 19 detenciones.

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Ocho de los detenidos acudieron este miércoles a audiencia, que inició a las 2:30 de la tarde, en la cual se debatirían la legalidad de la detención, la imputación y las medidas cautelares de: Belsio González, exdirector del Servicio Nacional Aeronaval (Senan); Frank Ábrego, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras; Juan Pineda, Luis Zegarro,  exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, Roberto García Dapena y Jack Btesh, dueño de la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A., que importó las armas al país.

En la primera fase de la audiencia que promete culminar adentrada la noche, el juzgador dictó la ilegalidad de las aprehensiones de todos los detenidos. Esto, no obstante, no significa que posteriormente no se impongan otras medidas cautelares cuando llegue el momento de aplicarlas, sino que el juez "considera que antes de las detenciones no se agotaron todas las vías para arribar a su detención", como por ejemplo, que los hubieran citado y no hubieran comparecido.

"El mismo desarrollo del acto debe ser concentrado", indicó el abogado Julio Macías, defensa de Belsio González.

Luego de un breve receso, continuará la fase de imputaciones y por último la disposición de medidas cautelares.

La fiscalía aduce que los señalados participaron de alguna forma u otra en el tráfico internacional de armas de guerra porque supuestamente las armas arribaron al país en momentos que regía una veda en la materia. 

También argumenta que el usuario final de las armas era un estamento de seguridad, en cambio terminaron en manos de particulares. Sin embargo, los abogados entrevistados por este medio manifestaron que las armas eran de muestra y una vez el estamento decidía si las compraba o no, quedaban en manos del importador que podía venderlas a terceros.

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"Todo indica que pueden obtener una distinta a la detención preventiva", previó González.