Grupos ambientales rechazan cambios a usos de suelo en el área canalera

 Grupos ambientales presentaron, este martes, una solicitud de desacatado al pleno de la Asamblea Nacional contra la orden que dio la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de dar primer debate al Proyecto de Ley 371 que habla sobre usos de suelo en la cuenca del Canal.

En un comunicado, la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla) y el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam), explicaron que el motivo del desacato es porque la orden presidida se da sin respetar el fallo del 2015, donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había declarado inconstitucional el documento tras conocerse que contenía ocho violaciones a la Constitución. 

El proyecto de Ley 371 modifica disposiciones de la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan Regional para el desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de uso, conservación y desarrollo del Área del Canal”, es casi un “copia y pega” de la Ley 12 de 2007, que respectivamente fue sancionada por la CSJ, mencionó la misiva. 

El problema, según Ciam y Aprecla, es que el proyecto de Ley 371, sin citar ningún estudio técnico, pretende autorizar usos no contemplados por la Ley 21 de 1997 a través de la figura de Áreas de Tratamiento Especial Sobrepuesto, alegando que son compatibles con ella; concretamente autorizar “áreas de recursos turísticos y ecoturísticos” y “áreas de proyectos de desarrollo” en zonas que la Ley 21 denomina “áreas de producción rural”, que no permite ninguno de estos dos usos.

Dicho Proyecto dice buscar la "reactivación económica" del país, pero su exposición de motivos no explica cómo las modificaciones al uso de suelo apoyarían esa reactivación, añaden.

La postura de la CSJ en su fallo de 2015 fue que las modificaciones a la Ley 21 de 1997 no se ajustaban a los propósitos de conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Canal, ni atendían la promoción de un modelo sostenible o la protección del derecho humano que tienen todos los habitantes del país a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación, destacó el documento.

Por ello, el Ciam y la Aprecla advierten que, ante la actual situación, la AN estaría nuevamente violando las disposiciones que exigen que el Título del Canal solo sea desarrollado por normas generales (propuestas por el Órgano Ejecutivo) y la Junta Directiva sea responsable privativa de reglamentarlas; “esta sería una violación que no se puede subsanar con ninguna modificación al texto, reunión o diálogo”.

Para frenar los avances hacia la discusión dentro de la Asamblea, el Ciam llama a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal a rechazar el Proyecto de Ley 371 y a cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 163 de nuestra Carta Magna, que prohíbe a la Asamblea expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución.