Discriminación e ingratitudes

El sábado pasado asistí en Santiago a un congreso de la Academia de Derecho Procesal Penal. En el acto se rindió homenaje a varios abogados, quienes a juicio de los procesalistas se habían destacado en su vida profesional. Llamaron mi atención las palabras de una joven abogada al exaltar las virtudes del abogado litigante Waldo Suárez. “Es un profesional activo y capaz”, dijo. “A sus 92 años me ha dado lecciones en juicios donde él representaba la contraparte”. Esa referencia trajo a mi memoria la meritoria figura de don Ascanio Mulford. Ya nonagenario deambulaba por los tribunales como auxiliar eficaz de la justicia. También me hizo recordar la estampa amable de don José Oller. A sus 90 años asistía puntualmente a su despacho ubicado en el Ministerio de Hacienda y Tesoro. En un país donde todo el mundo sueña prematuramente con la jubilación, especial o no, estos tres casos son propios de especies a punto de extinguirse.

En la asamblea de procesalistas hablaron algunos octogenarios, entre ellos los abogados Marcelino Jaén y Diógenes A. Arosemena G. El abogado y profesor Arosemena expresó: “Tengo casi 50 años de estar vinculado a la Universidad. Pero ya no lo estoy, porque cuento con más de 75 años de edad, y la legislación panameña me considera no apto para desempeñarme como funcionario. A estas alturas de mi vida recibí un puntapié de las autoridades universitarias”.

La ley aplicada al doctor Arosemena y a otros servidores de la administración es la 61 del 20 de agosto de 1998. A partir de su expedición, todos los empleados del Estado, al cumplir 75 años, deben acogerse a la jubilación. Pero los autores de la ley crearon una excepción en su beneficio. Los legisladores pueden tener 100 años y a ellos no se les aplica la ley. Ellos están inmunizados contra los virus de la vejez.

Si lo que motiva la ley es la probable incapacidad del servidor público a los 75 años, pienso que con tal despistado criterio, el país debería salvaguardarse prioritariamente de la incapacidad mental de un legislador de 75 años, porque poner en manos de un arteriosclerótico la responsabilidad legislativa constituiría una decisión absolutamente temeraria.

Don Waldo Suárez a sus 92 años tiene el brillo intelectual indispensable para dar lecciones de derecho en los estrados de la justicia, pero no lo tendría para ser servidor del Estado. Don Diógenes Arosemena o don Moisés Chong Marín podrían ser excelentes ensayistas, litigantes o filósofos en el ámbito privado, pero en la docencia, su capacidad sufriría la metamorfosis terrible de someterse al flagelo de la demencia senil.

A los profesores Diógenes A. Arosemena G., Moisés Chong Marín y otros jubilados a la fuerza, les ha ocurrido lo que ocurrió a un abogado penalista, según cuenta Piero Calamendrei: Todos los clientes fueron amnistiados y se quedó sin causas. El abogado imprimió una tarjeta de visita que decía: “NN”, “extinto por amnistía”. Los profesores universitarios víctimas de la ingratitud de la Universidad –del abuso de los legisladores de 1998– ahora sin estudiantes, sin aulas, sin borradores y sin tablero, podrían presentar una tarjeta, a guisa de ejemplo: Doctor Diógenes A. Arosemena G., exprofesor universitario, extinto por ley.

No recuerdo la edad que tendría el doctor José Dolores Moscote cuando impartía sus clases, ya en las postrimerías de su fecunda existencia. Pero de sus labios sólo salían palabras sabias y sus alumnos las absorbíamos como esponjas sedientas de sabiduría. En su ancianidad, las enseñanzas del maestro llenaron las alforjas del entendimiento de sus discípulos. Yo lo recuerdo con su voz apagada, megáfono en mano, iluminando con los últimos destellos de su talento la Facultad de Derecho y el camino de las nuevas generaciones. Si en aquellos tiempos una ley hubiera ordenado que el doctor Moscote y todos los docentes ya mayores debían irse para sus casas, los estudiantes, en señal de protesta, hubiéramos modificado los evangelios para asegurar que Caín mató a Abel con la quijada de un legislador.

A pesar de las lecciones de la historia, el panameño insiste en crear privilegios o en sembrar discriminaciones. Antes, cuando los poderosos no querían perder el control político, establecieron en las cartas magnas del siglo XIX que para ser diputado o senador era requisito tener una renta anual considerable o ser propietario de bienes inmuebles. Los abuelos y bisabuelos de los legisladores de 1998 no pudieron, por ello, ser legisladores.

Antes, aquí en Panamá, los asiáticos eran discriminados y por mandato de las primeras constituciones, eran indeseables. Ahora, largas comitivas oficiales y privadas viajan al oriente a buscar el oro, la mirra y el incienso deseables de los asiáticos.

Es que la humanidad siempre ha sido perversa para crear privilegios, discriminaciones o desigualdades entre prójimos. En estos días recordaba Camilo José Cela, el gran Nobel español, que no fue hasta el siglo III de la era cristiana que un concilio ecuménico aceptó que las mujeres tenían alma. ¿Significaba aquello que san Pedro discriminó a las mujeres del mundo y no permitió que entraran al cielo? ¿Las dejaba penando en el purgatorio?

¿Y cuando los conquistadores llegaron a colonizar estas tierras de América, no decían que los aborígenes carecían de alma? Sin embargo, engendraron sin alma, sin amor y con violencia el mestizaje. En Panamá, tengo entendido, existen más de 75 mil ciudadanos mayores de 70 años. Yo diría con toda seriedad: “¡Ancianos del istmo, uníos! Uníos para defender el talento enriquecido por la experiencia; uníos para que cesen los privilegios y las discriminaciones; uníos para que esos 75 mil votantes pertenecientes a la última edad no vayan a las urnas a votar en favor de los partidos que se han convertido en los Herodes de los viejos. Los legisladores del año 2000 deben derogar la Ley 61 de agosto de 1998. Ellos podrían ser más sensatos que los de 1998. Deben hacerlo antes de que la Constituyente recoja el precedente y apruebe una norma que diga: “Articulo primero: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se acogerán obligatoriamente a la jubilación al cumplir 60 años de edad. Los diputados a la Asamblea Nacional lo harán al cumplir 50 años de edad”.

¿Y por qué a los 60 y a los 50? Por puro capricho y porque así, sin traumas, quedarían descabezadas casi todas las togas, y los beneméritos padres de la patria sentirían los efectos de la vara con la que sus predecesores midieron a los docentes universitarios y a los empleados públicos mayores de 75 años. He aquí los peligros de la discriminación y de los precedentes funestos como fuentes de la ley.