Denuncia ante el Minsa y la Antai por adjudicación de licitación millonaria a cuestionada compra

Este lunes fue presentada a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) una denuncia por el abogado Eduardo Pinnokc Quintero, vinculada a una licitación pública para pruebas e insumos de laboratorio para la detección de la covid-19, propuesto por el consorcio PCR Panamá 2021, pese a haberse solicitado una investigación por, supuestamente, no contar con el registro sanitario vigente.

La denuncia inicial fue presentada el pasado 9 de abril ante la directora de Compras de la Caja de Seguro Social, Zuleyka Carvajal, poniendo en conocimiento a las autoridades correspondientes: Luis Francisco Sucre, ministro de Salud; Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social, Gerardo Solís, contralor; y Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas, integrantes de la mesa interinstitucional.

En la licitación, por invitación en línea, no se encontró el registro sanitario No. 15337 en el sitio web del instituto Gorgas: http://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/Registros-sanitarios-Vigentes-de-reactivos-para-deteccion-de-SARS-CoV-2-24 -de-diciembre.pdf y hasta este día no se encontraba tampoco esta prueba en el listado que aparecía en la dirección de registros sanitarios vigentes: http://200.115.148.59/registros/public/

En aras de garantizar la transparencia en los actos públicos fue presentada esta denuncia, sin embargo, el pasado viernes 16 de abril le fue asignado al consorcio PCR este acto público de insumos de laboratorio, por $21,121,800 cuya entrega requieren de manera inmediata, denunció el abogado Pinnokc.

“Vigilantes del uso que se le den a los fondos públicos que deben ser fiscalizados, se hizo la denuncia solicitando prestar atención a la documentación que se presentan en estas cotizaciones en línea”, sin embargo, afirmó el abogado, “observamos que 'con gran celeridad' se asigna esta licitación sin contar con los requerimientos establecidos”.

Ante lo descrito, Pinnokc solicitó una investigación con la finalidad de verificar el incumplimiento de lo denunciado, lo que podría tratarse de un delito de falsificación de documentos públicos, ante lo cual debería ponerse un alto a esta situación que podría arriesgar no solo la utilización de los recursos estatales, sino la salud de la población panameña.