Defensoría del pueblo declara a juez de paz como funcionario 'hostil y entorpecedor'

Actualizado
  • 21/04/2021 16:32
Creado
  • 21/04/2021 16:32
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que Hedilberto González no ha respondido tres solicitudes de informes realizados por esta institución, por lo que ha obstaculizado dicha investigación

La Defensoría del Pueblo cuestionó este martes el comportamiento del juez de paz de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pacora, Hedilberto González, por considerar que este ha obstaculizado las investigaciones que lleva esa entidad.

Según la resolución No. 2427e-2020 de 8 de abril de 2021, Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo, indicó que González no ha dado respuesta a tres solicitudes de informes realizados por la Defensoría.

La resolución se da luego de que este, según la Defensoría, desatendió la queja presentada por Andrés González contra la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pacora.

En el comunicado, la Defensoría  informó que puso en conocimiento de su denuncia a Javier Caraballo, procurador general de la Nación (PGN) encargado, ante la posible comisión de un delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los servidores públicos.

Además,  interpuso una acción de Habeas Data ante el Órgano Judicial por la "renuencia injustificada" del Juez González al no enviar la información requerida"  comunicando a su vez a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, (AntaiI) que González, habría "incurrido en el incumplimiento notorio sobre el derecho de acceso a la información y de las disposiciones tipificadas en la Ley de Transparencia".

Igualmente pidió que la declaratoria de entorpecedor "aparezca en el informe anual que se presentará a la Asamblea Nacional de Diputados y se publicará en un medio de difusión nacional".

De acuerdo al numeral 1 del artículo 4 de la ley 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se crea la Defensoría del Pueblo, entre sus atribuciones está investigar los actos y omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que impliquen violaciones de los derechos constitucionales así como aquellos previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritos y ratificados.

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