Un fallo, las críticas y el sistema de justicia panameño

La forma como está constituida la ley para juzgar a los diputados en la Corte Suprema de Justicia, parte de la desigualdad y el privilegio para seguir manteniendo las cúpulas de poder intactas. En cualquier otro país del mundo, un fallo de cinco contra cuatro declara culpabilidad, sin embargo, en Panamá cuando se trata de juzgar a un diputado no es así, entonces nos queda pensar cómo funciona este binomio y cómo es funcional para mantener el pacto patriarcal que se tiene dentro de las instituciones judiciales y las del resto del Estado. El mejor ejemplo para comparar esto es el reciente fallo que declara no inconstitucional mantener la diferencia de edad entre hombre y mujer para la esterilización; ambos fallos solo nos indican que la vida, el cuerpo y los sentidos de las mujeres no importan, y que estamos para servir al patriarcado y al capital.

Como te expliqué en la pregunta anterior, es un modelo totalmente desigual y está construido para favorecer el poder político y económico sin que haya una verdadera justicia a favor de las víctimas; es necesario entenderlo de esta forma porque, de lo contrario, vamos a seguir buscando respuestas escuetas, sin mayor sentido alrededor de la propia ley. Si entendemos que el sistema está construido desde la desigualdad, desde los privilegios políticos para mantener esa dinámica de que la Asamblea Nacional juzga a los magistrados y la Corte Suprema de Justicia a los diputados para taparse mutuamente, no vamos a poder desmontar el modelo.

Me parece bien la medida, aunque creo que se puede demandar de inconstitucional la ley que establece la mayoría calificada para condenar a un diputado; obviamente una ley sanaría esto. Siendo bien honesta, me preocupan los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en caso de una demanda de inconstitucionalidad. Por ejemplo, ya tenemos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que las mujeres son vistas como un vientre que puede parir, que no tiene dignidad ni derecho.

Es necesario cambiarlo; se requiere un cambio a la Constitución, pero lo que necesitamos es una asamblea constituyente originaria y no paralela, porque de lo contrario estas realidades que se viven en el sistema de justicia serán difíciles de cambiar. Si hacemos una constituyente paralela, en la que se mantiene el poder, no será posible hacer ninguno de estos cambios.

Definitivamente es un modelo que garantiza la impunidad; ya hay varios casos en los que la justicia declara no culpable, como fue el de Ricardo Martinelli, que por tecnicismos no fue condenado. El sistema de justicia panameño no está hecho para que haya justicia y se caen los casos por aspectos de tecnicismos, de tiempo, y se hace a propósito para que todas estas cosas pasen. Hay un problema palpable del sistema de justicia panameño que no está garantizando el acceso a la justicia, y en el caso del diputado Arquesio Arias se vieron muchas deficiencias del sistema, en las que no solo se garantiza la impunidad, sino que no se protegió a las víctimas y no se garantizaron en lo mínimo sus derechos.

Que existe justicia selectiva y privilegiada. Jurídicamente, el fallo se ajusta a derecho. Ahora, confirma que hay una diferencia en el tratamiento y aplicación de la justicia para los ciudadanos y otra para los actores de poder. Una mayoría de magistrados determinó la culpabilidad, empero, la prerrogativa, que prefiero llamar por su nombre, esto es, el privilegio, que establece una mayoría de dos terceras partes del pleno de la Corte, según señala el artículo 495 del Código Procesal Penal, permitió que la minoría declarara no culpable al diputado, lo que no ocurre en un Tribunal de Juicio o un Tribunal de Apelaciones.

Constituye un privilegio y una violación de garantías y principios, entre ellos, la inexistencia de fueros y privilegios que se traduce en igualdad ante la ley. Aunque la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de ese diseño de procedimiento, el mismo contraviene convenios internacionales de los que Panamá es signatario, entiéndase Convención Americana de Derechos Humanos. Es importante diferenciar lo que es la competencia para juzgar, que se fija por razón de la probable pena, tipo de delito y, excepcionalmente, la condición de la parte, con el procedimiento que debe ser aplicado en todo tipo de juzgamiento para todos los ciudadanos. En el caso de los diputados, la ley ha creado un privilegio injustificable y perverso. Este privilegio de juzgamiento para los diputados fue diseñado con el ánimo y propósito político, no con inspiración jurídica.

Aunque no conozco el texto completo del proyecto, la iniciativa legislativa es conveniente para enderezar este entuerto codificado que daña a la sociedad. Debemos equipararnos como ciudadanos. Y es que la competencia define qué nivel de la estructura judicial tiene capacidad para juzgar, lo que no debe confundirse con el privilegio creado para imposibilitar el juzgamiento objetivo de un diputado.

Insisto, el diseño es legal, porque así lo establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, el mismo obedece a la voluntad política de poderes no a la filosofía jurídica que debe buscar y apuntar hacia el bien común y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El propósito de la democracia y sus instituciones es caminar en dirección al genuino estado de derecho, que implica el reconocimiento de iguales derechos para los ciudadanos. Cuando se crean estas mal llamadas prerrogativas, se descalifica a la mayoría social diciéndole: “Ustedes son inferiores al poder”; se endiosan autoridades que deben someter sus actuaciones al servicio de la sociedad.

Hay una combinación de factores. El modelo de las investigaciones penales y el de administración de justicia exhibe falencias que imponen una urgente revisión del Código Procesal Penal, incluso, se puede iniciar con aspectos muy puntuales y menos controvertidos. El histórico problema presupuestario que limita el recurso humano y la capacitación, se mantiene; quienes ejercen el poder conciben la justicia sin rédito político, porque, mayoritariamente, trabajan para torneos electorales futuros no para el desarrollo de la institucionalidad democrática. El presupuesto de la administración de justicia debe salir del debate político, viene creando rejuego y dependencia. Precisamente, estos factores influyen en los operadores judiciales poniendo en duda decisiones aunque se ajusten a derecho. La gran percepción ciudadana de impunidad en procesos denominados de alto perfil, parece irse materializando al transcurrir los años mermando la credibilidad de la sociedad ante la justicia. No se mide el grave y profundo daño que se inflige a lo interno y externo del país.