Molino Mola: 'Vemos una justicia lenta, ineficaz al aumentar los casos de impunidad'

Los casos de corrupción, la falta de castigo al que delinque, la existencia de leyes especiales para diputados y altos cargos, la deficiente selección de jueces y magistrados, así como la ausencia de moral, honradez e idoneidad de esos funcionarios en el ejercicio de sus cargos, y la negativa de hacer las correcciones que se necesita han causado un efecto pernicioso en la justicia panameña, opina Edgardo Molina Mola, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el jurista y constitucionalista expone los problemas y ofrece soluciones para la deteriorada imagen de la administración de justicia panameña.

La administración de justicia es un servicio y una función pública, quizá la más importante de cualquier Estado, porque busca la paz y convivencia social al proteger los derechos de los ciudadanos, resolver sus litigios, y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades de los miembros de la sociedad y de las autoridades para que en el desempeño de sus funciones se apeguen al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Por eso, la justicia debe ser imparcial, íntegra, independiente, rápida y eficaz, y contar con los recursos suficientes para su ágil desempeño.

Creo que en los actuales momentos esos requisitos no se cumplen a satisfacción. Vemos una justicia lenta, ineficaz al aumentar los casos de impunidad, se cuestiona la probidad de algunos jueces, la carrera judicial no funciona por falta de recursos y el número de jueces es insuficiente para tener una justicia rápida. La independencia judicial está seriamente comprometida por la falta de funcionamiento de la carrera judicial, y la forma de escoger a los magistrados y procuradores no se hace por mérito, sino por amiguismo o afinidad política, o por conveniencia, y la ausencia de tribunales constitucionales y administrativos regionales y un presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades del sistema.

La imagen negativa que lamentablemente viene arrastrando el Órgano Judicial, y esa percepción de corrupción, de falta de independencia, transparencia y de probidad de jueces y magistrados, a quienes se señala de ser nombrados a cambio de favores, ha socavado la credibilidad y mermado la confianza ciudadana en la justicia, causando un grave perjuicio al país.

Diariamente se cuestiona la incapacidad, o se tilda de “dudosa” la legalidad de las decisiones judiciales. Los derechos que son desconocidos en los fallos restan legitimidad al actuar de los jueces, causando no solo un daño social, sino reputacional y económico incalculable al país, pues al afectarse la seguridad jurídica se ahuyenta la inversión nacional y extranjera, y como sabemos, sin inversión muy difícilmente puede haber desarrollo.

Principalmente en el periodo dictatorial en que la justicia se manipulaba abiertamente. Creo, igualmente, que después de la dictadura, en el momento en que la Asamblea Nacional condenó a prisión a un magistrado expresidente de la Corte. Y para esa misma época renunció un magistrado para no ser juzgado por la Asamblea, pienso que ese fue uno de los momentos en que el deterioro de la Corte Suprema se iba acentuando. Y no han faltado magistrados de la Corte, que en su momento criticaron muy fuertemente la administración de justicia, al compararla, uno, como un potrero lleno de garrapatas, y otros, al sostener que en la Corte se venden fallos y se archivan expedientes, corroborando con estas declaraciones la percepción que se tiene del sistema de justicia panameño. Todos estos antecedentes han contribuido a deteriorar la imagen de la administración de justicia.

Es el puesto más alto de la administración de justicia, y por ello es natural que los profesionales de la ley aspiren a llegar a la cumbre, así como el militar quiere llegar a general o el educador a rector. Esa aspiración debe ir acompañada con el firme compromiso de corregir los defectos del sistema, que desde la abogacía ha sufrido en el ejercicio de la profesión y que la propia sociedad reclama una justicia rápida, que se logra con personas conocedoras de la materia, honestas, que despejen toda duda sobre su integridad, imparcial, que sus fallos se basen únicamente en la Constitución y la ley, y ser valiente para darle la razón al que, de acuerdo con tu criterio, tiene el derecho sin importar si es un poderoso político o un adinerado o un pobre o un amigo o una celebridad, porque la razón no tiene color político ni económico o de fama.

No hay confianza en los órganos Ejecutivo y Legislativo, que son los que al final escogen a los candidatos, pues hay un convencimiento de que el criterio de selección no se basa en los méritos y los valores de las personas, sino en su afinidad política, de amistad o de conveniencia por personas que creen que pueden manipular a los que nombran para tenerlos como aliados y así torcer la justicia a su favor. Por eso es que se exigen cambios constitucionales, para cambiar la forma de nombrar a magistrados y procuradores, como a cualquier cargo que necesite independencia e imparcialidad.

Honestos, incorruptibles, trabajadores y conocedores del derecho en la sala en que se desempeña, para que de esa manera se garantice una justicia rápida, eficiente y valiente, para que tenga valor de fallar en favor del lado que esté la razón y el derecho, sin importar la posición de los litigantes. Y que su vida personal sea ejemplar, que no tenga ninguna mancha delictiva o amoral.

Vemos que el cargo de procurador general ha sido uno de los más inestables en nuestro país. Muy pocos de los que han ocupado el cargo han terminado el periodo para el cual fueron nombrados, entre los que podemos recordar a Víctor De León, el que más tiempo lo ha ocupado por 15 años de 1941 a 1956, Hermógenes De la Rosa y José Antonio Sossa. El último procurador antes del golpe militar fue Jaime O. De León, que salió del cargo por el golpe de Estado militar.

Durante la dictadura, cinco procuradores ocuparon el cargo, cuando para el periodo de nombramiento solo debieron ser dos. Ellos fueron Olmedo Miranda, el que más tiempo estuvo en el puesto durante la dictadura; Rafael Rodríguez, que fue notorio que fue expulsado del cargo por el régimen militar; Issac Chan Vega, José Manuel Calvo y Carlos Villalaz. Con la restauración de la democracia, cuatro de ellos (Cruz, Gómez, Porcell y Ulloa) no han completado su periodo. Todo apuntaría a que la investigación de los delitos de alto perfil también ha estado sometida a presiones políticas, a intimidaciones por parte del narcotráfico, delincuencia organizada y del poder económico que han forzado la salida de estos funcionarios. Observamos deficiencia y errores en la investigación, falta de recursos presupuestarios y de personal idóneo para afrontar la creciente delincuencia, que en los últimos años ha tenido como acusados a expresidentes, ministros de Estado y otros altos funcionarios, sin que se lleguen a resolver estos casos, quedando la certeza de que la justicia no funciona.

Gómez fue destituida por la Corte en un fallo polémico y dividido, considerado por un sector más político que jurídico, y ella sostenía que tenía presiones para obligarla a investigar a un expresidente; Porcell se enfrentó, más que ningún otro procurador, a numerosos casos de alto perfil y renunció cuando se dijo que actuaba basada por presiones políticas, pero de sus actuaciones han quedado abiertas las posibilidades para que sea posible que alguno de esos altos personajes se siente en el banquillo de los acusados. Por tanto, estuvieron sometidas a las mismas causas que sufrieron sus antecesores en el cargo.

Creo que es necesario una nueva Constitución, porque el sistema electoral actual favorece el clientelismo político y una representación que solo busca sus intereses personales en detrimento de los intereses nacionales y regionales, en la existencia de un excesivo poder presidencial que hay que reducir para poder tener un mejor equilibrio de los poderes legislativo y judicial, reducir el número de diputados, eliminar suplentes, restringir la reelección a periodos alternos o a una sola vez, que los diputados no juzguen a los magistrados y que se prohíban todos los privilegios por razón del cargo de diputados. La creación de un tribunal constitucional, y una jurisdicción contencioso administrativa con tribunales administrativos, un consejo superior de la magistratura y otros, que se pueden señalar, pero que la falta de espacio no permite desarrollarlos. Establecer que Panamá es un estado de derecho de manera expresa en la Constitución, igual que regular con mayor ampliación cómo funciona el debido proceso. Y que la Constitución es de aplicación directa, sin necesidad de esperar leyes que la desarrollen. Ampliar las normas constitucionales referentes a los tratados internacionales y desarrollar más ampliamente los derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes del país. Y otras figuras institucionales y materias, que las limitantes de esta entrevista, no permite desarrollar.

Los cambios constitucionales relacionados con la justicia pueden y deben mejorar el sistema si van acompañados de escoger hombres y mujeres íntegros dispuestos a corregir las lacras existentes y en modernizar nuestra ley fundamental a los avances de los tiempos en que vivimos.

Crear un consejo superior de la magistratura para la administración del Órgano Judicial y que esté a cargo de la carrera judicial. Se debe aumentar a 13 la cantidad de magistrados de la Corte, creando una nueva sala laboral y que el magistrado presidente se elija por cinco años y se dedique exclusivamente a la administración del Órgano Judicial, siendo reemplazado por su suplente mientras esté a cargo de la presidencia. Un tribunal constitucional separado del Órgano Judicial, que juzgue a los diputados, a los magistrados de la Corte, procuradores, magistrados del Tribunal Electoral y contralor, y al presidente y vicepresidente del país, y que esté a cargo de toda la justicia constitucional, tanto de normas, de actos como de los derechos protegidos en la Constitución o en los tratados internacionales.

Una jurisdicción contencioso administrativa con tribunales administrativos de primera y segunda instancia. En títulos apartes regular a los procuradores general y de la administración y, sobre todo, ampliar y perfeccionar los derechos fundamentales, impidiendo que las formalidades impidan su defensa. Y muchas otras más que corrijan los males que queremos superar, estableciendo un número apreciable de prohibiciones, como la prueba idónea, los privilegios fiscales por razón del cargo, la suspensión de los términos de prescripción de la acción penal cuando los tribunales determinen que los recursos y acciones han sido interpuestos con el deliberado propósito de demorar la causa, etc.

Sí se logra la meta de conseguir las firmas que se requieren, me gustaría participar ya sea como asesor o como constituyente, pero no me veo buscando firmas para una postulación independiente. Creo que la asamblea constituyente que se elija debe tomar en cuenta para su trabajo, la existencia de varios proyectos de constituciones existentes en el país y de algunos que tratan sobre reformas puntuales a la ley fundamental preparados por personal capacitado y representativo de toda la sociedad panameña que aportó sus ideas, y que tuvieron el encargo de realizar estos proyectos.

Es fundamental que los electores de una constituyente comprendan el deber y la responsabilidad que tienen de escoger a las mejores personas para dichos cargos, porque tienen que actuar como si estuvieran realizando lo mejor para el bienestar de sus hijos y nietos, ya que así sería igual, a lo que deben querer para su país.