Yanibel Ábrego pide que la política saque las manos del juicio contra Martinelli

"Esperamos que el juicio se haga sin vicios, creemos en el debido proceso. Ya es hora de que la política saque las manos de la justicia panameña", recalcó este miércoles la diputada, Yanibel Ábrego, quien junto a una comitiva de simpatizantes acompañó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a la primera audiencia del nuevo juicio oral por el caso 'pinchazos'.

"Nosotros estamos confiados, no creemos en el doble juzgamiento, y de verdad consideramos que la justicia debe hacer su trabajo. Cuando la política mete su mano en la justicia de un país, acabamos con la economía y hacemos mucho daño a Panamá", manifestó Ábrego a la batería de medios de comunicación apostados a las afueras de las oficinas del Primer Circuito Judicial de Panamá, en Plaza Ágora

Martinelli enfrenta un juicio oral por supuestas interceptaciones telefónicas durante su período de administración entre el 2009 y el 2014. Sin embargo, debido a los motivos de salud que presenta, el acusado podrá seguir el juicio de manera remota desde su residencia, conforme a lo que dispone el Código Penal.

Por su parte, Martinelli acusó al vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, de estar detrás del juicio por el cual hoy enfrenta a la justicia.

"Estamos en esta patraña política, inventada por Gaby Carrizo, donde se nos está juzgando por un solo hecho, porque no es únicamente pinchazos", afirmó Martinelli a su salida de la primera audiencia.

En el caso del anteproyecto de ley que presentó el diputado Raúl Pineda, ¿usted lo está respaldando?, preguntó un reportero. "La Asamblea tiene que ejercer su rol de legislar, cada diputado tiene su labor constitucional de presentar leyes de la República, si va a un primer debate se aprueba, va a segundo debate va a contar con el respaldo de nosotros y también en tercero, de llegar a pasar", respondió Ábrego.

El anteproyecto de ley al que se refiere Ábrego es el que presentó el pasado lunes el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, con el objetivo de eliminar la pena accesoria por delito común, exceptuando los delitos contra la administración pública, que impide que los privados de libertad —una vez culminada su condena— ocupen cargos públicos.