- 18/11/2026 00:00
Paola Rincón, pareja sentimental del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, fue imputada este martes 17 de noviembre por presunto enriquecimiento injustificado y se le ordenó la medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico.
De acuerdo al Ministerio Público, Rincón habría ayudado a encubrir el presunto enriquecimiento injustificado de Oliva entre 2019 y 2024. Los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público consistieron en el informe de Contraloría que detalla una discrepancia en los gastos e ingresos de Oliva por casi un millón de dólares, así cómo registros de cientos de transacciones entre cuentas bancarias por más de 100 mil dólares entre Oliva y Rincón.
La defensa de Rincón, liderada por el abogado Carlos Carrillo Villareal, arguyó que las transferencias fueron propias de una pareja que vive junta con un hijo menor de edad en común, y que los montos de 100 mil dólares son sobrepasan los ingresos reportados de Oliva quien devengaba 10 mil dólares mensuales como administrador de la AIG.
Oliva enfrenta un proceso por enriquecimiento injustificado por el cual fue imputado en mayo de este año y al cual está a punto de vencerse el término de seis meses para la investigación.
Para Carrillo, se trata de una táctica del Ministerio Público para solicitar que se declare causa compleja y extender el plazo de investigación contra Oliva el cual vence el próximo 30 de noviembre. Además, enfatiza que su defendida no era funcionaria y que la investigación contra su pareja es un tema aparte.
La fiscal Patricia Herrera confirmó luego de la audiencia que efectivamente se ha solicitado una audiencia para que se declare el caso como causa compleja. De lograrse, se extendería la investigación a más de 6 meses.
Por el momento, hay dos personas imputadas en este caso. Oliva se mantiene bajo detención provisional, y si no se declara causa compleja el proceso continuará su curso hasta llegar al juicio y su resolución.
“Con respecto a las llamadas audiencias combo de legalización de la aprehensión, imputación y medida cautelar, el Ministerio Público sustentó la legalización de la aprehensión, la cual fue accedida por el juez o la juez de garantía, y la imputación de cargos a la señora considerada en este proceso como interpuesta persona en el delito de enriquecimiento, en el caso de un exadministrador de la AIG”, manifestó Herrera. “En cuanto a la imposición de medidas cautelares, el Ministerio Público ha solicitado una imposición de medida rigurosa, lo cual no ha accedido el tribunal, por lo cual consideramos pertinente apelar”, acotó.
Tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la medida cautelar impuesta por la jueza de garantías. En el caso del Ministerio Público, piden que se ordene depósito domiciliario, mientras que la defensa quiere que el reporte periódico sea de solo una vez al mes.
Al tomar la decisión de reporte periódico, la jueza consideró que era importante velar por el bienestar de los dos menores de edad dependientes de Rincón.
Contra Oliva se mantiene también otra investigación por una plataforma digital implementada durante su administración en la AIG. Se trata del Caso Listo Wallet, que tiene que ver con una plataforma digital utilizada para el pago del Vale Digital y otros servicios.
La empresa Cable & Wireless ofrecía inicialmente el servicio, pero al retirarse quedó un vacío el cual lo llenó la empresa Fintek, S.A. Esta empresa no habría recibido dinero estatal, sino que cobraba un porcentaje de 0.5% por sus servicios a las empresas que la utilizaban.
El argumento de la Fiscalía es que hubo “malversación” al entregarle la base de datos con la información de los usuarios a Fintek. Además, aducen que no se formalizó un contrato con la empresa.
Por este caso fueron imputados Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios públicos, peculado y asociación para delinquir.