Ministerio Público habilita funcionarios en Bajo Chiquito, Darién

A partir de hoy el Ministerio Público habilitará de forma permanente a tres funcionarios en el pueblo de Bajo Chiquito, sur del Darién - primer poblado con el que se topan miles de migrantes después de haber caminado por cinco días - para recibir las denuncias de extranjeros irregulares.

La intención del Ministerio Público es tomar declaración a quienes en el camino pudieron haber sido víctimas de robo, hurto, delitos sexuales, testigos de asesinatos o asaltos registrados durante su peligrosa travesía en la densa selva del Darién para llegar a Panamá y continuar su recorrido hacia Estados Unidos.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las autoridades para esclarecer estos hechos, es que las víctimas se inhiben de hacer las denuncias porque quieren evitar los burocráticos trámites que conllevan este tipo de investigaciones.

El primer interviniente del gobierno panameño con el que se encuentran miles de haitianos, cubanos, africanos y asiáticos pertenece al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Esta institución, según fuentes oficiales, ha recibido en lo que va del año 63 denuncias que retratan robos y abusos sexuales. No obstante, solo una de ellas se encuentra bajo investigación de las autoridades panameñas. El resto ha quedado en sumarias debido a que las víctimas no interponen la denuncia. Nadie está interesado en detener la ruta para deslindar responsabilidades de estos obstáculos que enfrentan en la denominada - por los propios migrantes - 'ruta de la muerte'.

Encontrar al victimario resulta una tarea casi imposible. Los migrantes intentan describir el punto donde ocurrieron los hechos, pero las referencias se resumen a “tantos días de camino desde el punto de partida Capurganá, Colombia, o a tanto tiempo antes de llegar al poblado de Bajo Chiquito”.

La semana pasada el procurador de la nación encargado, Javier Caraballo, se entrevistó con el equipo de Médicos Sin Fronteras, quienes señalaron al diario estadounidense The Wall Street Journal que desde mayo habían documentado 180 casos de violación contra mujeres, lo que pareciera un patrón sistemático. Los médicos entregan un certificado a las víctimas como parte de la atención que reciben al denunciar los hechos. Pero las autoridades sospechan que “los migrantes están utilizando estos certificados como una herramienta para entrar a Estados Unidos por haber sufrido un caso de violencia de género”, indicó una fuente oficial vinculada a Senafront. Esto ha confundido a las autoridades en el sentido de la veracidad de las denuncias o si los migrantes aprovechan la coyuntura para hacerse de esta herramienta al llegar a la frontera con Estados Unidos y conseguir un permiso de residencia.

Los migrantes tienen información de que Estados Unidos otorga tarjetas verdes a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, aunque el agresor no porte la nacionalidad estadounidense. Pero también se puede solicitar estatus de visa U si la persona ha sido, está siendo, o será de ayuda a las autoridades en la investigación o acusación de un crimen, incluyendo violencia doméstica.

Los médicos en Bajo Chiquito han notado golpes y laceraciones que supuestamente son producto de delitos en perjuicio de las mujeres.

Como parte de las acciones para identificar a los posibles agresores, recientemente las patrullas del Senafront que están en la selva interrogaron a un colombiano en posesión de varios celulares que se presume eran robados.

Mientras se esclarece la situación, Senafront ha reforzado la zona con 100 unidades adicionales para vigilar la selva de 80 kilómetros en línea recta que divide a Panamá de Colombia. Mediante labores de inteligencia “ya se está identificando a personas que pueden ser los delincuentes para sacar los perfiles, hacer las entrevistas y levantar las carpetillas con miras de que el Ministerio Público autorice las aprehensiones”, indicó a La Estrella de Panamá la fuente policial. La ruta hacia Panamá inicia en Capurganá, Colombia. Muchos vienen acompañados de coyotes quienes supuestamente los guían al Istmo, los meten a la selva, cruzan el Hito de Cerro Gandí en Panamá y “luego los dejan solos y es la oportunidad que pueden tener los delincuentes, colombianos e indígenas locales, que se prestan para estas sinvergüenzuras”, añadió esta persona.

El viernes pasado, los ministros de Seguridad de Panamá y Colombia, acompañados de los directores de cuerpos policiales, sostuvieron una reunión en Carepa, departamento de Antioquia en Colombia, para implementar un control en el flujo de migrantes.

En agosto, Colombia se comprometió a enviar 500 migrantes por día de martes a sábado, pero a Bajo Chiquito llegan a diario flujos de más de mil personas. Situación que ha motivado el encuentro entre ambas partes, además de insistir a los vecinos colombianos que proporcionen las listas de verificación por adelantado con la información de las personas que llegarán a Panamá, “que tampoco se cumple”, añadió la fuente.

Panamá puede manejar 200 o 300 viajeros diarios, “pero mil es casi imposible” para la fuente que habló con este diario.

El paso de migrantes no cesará mientras los países mantengan una política de suelos abiertos, como Brasil por donde ingresan haitianos, africanos y asiáticos.

En lo que va del año más de 75 mil migrantes han transitado por Panamá hacia Centroamérica, según cifras de la Dirección de Migración.

De este monto, hasta el 31 de agosto pasado, Panamá contó 70,376 migrantes, de ellos 42,347 eran haitianos; 11,079 cubanos; 5,445 chilenos; 2,859 brasileños y 1,045 venezolanos. En este mismo periodo cruzaron por Panamá 2,201 personas del continente africano y 1,813 asiáticos. Con respecto a género, Migración registró 41,780, hombres y 25,365 mujeres irregulares extranjeros.

La ola de migrantes pareciera incontrolable. De acuerdo con las estadísticas de Migración, entre 2010 y 2019 transitaron 109,293 irregulares por la frontera con Colombia, mientras en el 2020 se registraron 8,594. No obstante, en 2021 el comportamiento podría igualar el paso de migrantes que lo hicieron en un periodo de nueve años.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc describió que luego de arribar a Bajo Chiquito, Darién, Senafront toma los datos de cada uno, se les da una comida en bolsa, pernoctan, reciben atención médica del Ministerio de Salud y de Médicos Sin Fronteras. Luego son trasladados en balsas a Metetí, Darién, donde está ubicada la siguiente estación de migrantes. Ahí pernoctan en carpas, pagan el transporte de la piquera de Darién con un personal de Senafront y de Migración como escolta y llegan sin escalas a Gualaca, Chiriquí, donde siguen su curso a Costa Rica.

La composición de los migrantes también ha cambiado. En años anteriores predominaban los hombres, pero últimamente Panamá ha recibido a mujeres con niños pequeños (desde meses a 10 años) o incluso embarazadas que, al parir en cualquier país de la ruta, se les permite reclamar la nacionalidad respectiva. La Defensoría del Pueblo indicó que 370 niños (194 niñas y 176 niños) han pasado por la selva darienita.

Los venezolanos son quienes acuden ante la Oficina Nacional Para la Atención de Refugiados de Panamá en busca de refugio. Pero el número de personas que han sido reconocidas con el estatuto de Refugiado desde 1990 hasta la fecha es 2,567, de estas la mayoría son de nacionalidad colombiana con un total de 1,682, según datos de la Defensoría del Pueblo.

A pesar de que el gobierno de Joe Biden ha intentado que su agenda migratoria no sea vista como un país que 'invita a migrar' y que el verano pasado la vicepresidenta, Kamala Harris pidió a los migrantes que 'no vengan', a ese país arriban miles de personas a diario que anhelan concretar el sueño americano.