Gobierno de Panamá sigue con atención publicaciones de la ICIJ; ex presidente Varela y ALCOGAL se defienden

El Gobierno de Panamá afirmó este domingo 3 de octubre que está trabajando de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país, luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que se hacen señalamientos sobre supuestas actuaciones financieras irregulares ocurridas en el país.

En un comunicado el gobierno panameño indicó que sin menoscabo a la libertad de prensa e información que respeta decididamente, y con la intención de evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, han comunicado al equipo directivo de la ICIJ que Panamá sigue con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país.

Destaca además que la Superintendencia de Sujetos no Financieros, a su vez, hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país.

Mientras que la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas.

En el comunicado se señala además que Panamá ha firmado acuerdos de cooperación internacional como el Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para prevenir la erosión de la base y la transferencia de beneficios (MLI), y la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios (MAC) y ha implementado el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios (BEPS) para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo.

En tal sentido, aseguran que producto del continuo trabajo que Panamá está efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña se suspendieron más del 50% de las 762,709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público, y se impulsa la supervisión constante del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales, y se cumple con el intercambio de información fiscal con 66 países por medio de la DGI.

Al respecto, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen recalcó que: “es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley”.

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación de la ICIJ es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

También se menciona que el bufete panameño llamado ALCOGAL, ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Al respecto, la firma ALCOGAL rechazó las "conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones realizadas este 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación".

Frente a ello, señalaron que ALCOGAL tiene una sólida trayectoria profesional.

"Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos", destaca la firma en un comunicado.

De igual manera señalan que la firma ha sido promotor activo de reformas al sistema y las ha adoptado ágilmente. 

"La publicación del ICIJ está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma. En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros. En otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas por ALCOGAL".

Precisan que se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es decir, indica ALCOGAL, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares aplicables han evolucionado. 

Plantean la firma que siempre han cooperado de forma inmediata, proactiva y efectiva con todo requerimiento de las autoridades competentes (reguladores, supervisores, autoridades judiciales, tributarias, o de cualquier otra índole), y reitera que lo seguirá haciendo. Durante toda nuestra trayectoria hemos estado a disposición de las autoridades competentes para aclarar cualquier situación o suministrar cualquier información o documentación que sea requerida.

"El ICIJ desconoce que antes de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas permitían que las firmas de abogados confiaran en la información de debida diligencia obtenida por los intermediarios profesionales (bancos, proveedores de servicios corporativos, fiduciarias, firmas de abogados, etc.), de quienes son realmente clientes directos los beneficiarios finales.

ALCOGAL reafirmó que sus actividades son exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa. Nosotros no prestamos servicios financieros, ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos internacionales.

"Rechazamos de manera frontal las conjeturas e insinuaciones de faltas en Cumplimiento Regulatorio; por 35 años hemos estado sujetos a supervisiones de entes reguladores en distintas jurisdicciones, con resultados intachables".

Señala el bufete que las publicaciones hechas este domingo 3 de octubre, demuestran claramente que tanto ICIJ como otras organizaciones que nos contactaron solo lo hicieron como una mera formalidad: "ellos ya tenían decidido quién sería culpable y quién sería inocente en su particular manera de entender los procesos de debida diligencia. Con un prejuicio ya adoptado -incluso acuñado en una marca (Pandora Papers)- el único interés era confirmar sus propias creencias".

En tanto, el expresidente de la República, Juan Carlos Varela detalló que el pasado 15 de septiembre fue contactado por Sean McGoey, periodista del ICIJ, solicitando que respondiera a un cuestionario, el cual fue contestado en su totalidad.

Destacó que el interés principal era conocer sobre la sociedad de la que es uno de sus accionistas, VHS Capital, constituida por la firma ALCOGAL.

También, indicó, que fue consultado sobre las medidas adoptadas por Panamá en el control y combate del lavado de dinero y la corrupción, así como sobre temas vinculados al financiamiento de sus campañas políticas.

"En relación a VHS Capital se le indicó que es una sociedad transparente y que mi participación accionaria está incluida en mi declaración jurada patrimonial de bienes, rendida antes de asumir como Presidente de la República y al salir del cargo, las cuales además hice públicas en ambas ocasiones", enfatizó el ex gobernante.

En cuanto a las medidas tomadas por Panamá para combatir el lavado de dinero y la corrupción, Varela enfatizó que se le detalló ampliamente el gran avance alcanzado durante su gestión.