Los reclamos y las deudas históricas de las normas electorales

Es lamentable que la Asamblea de diputados haya perdido una excelente oportunidad para avanzar y perfeccionar nuestra democracia, prefiriendo optar por hacer reformas que le convengan e intentar ver cómo pueden reelegirse de cualquier forma, ya que sospechan o están claros que el pueblo no los elegirá en las próximas elecciones.

Los dirigentes actuales de nuestros partidos se quedaron en la forma de hacer política del siglo pasado, cuya característica principal era la exclusión de todos, pero principalmente de las mujeres; simplemente se han dejado llevar por la fuerza de la costumbre y ver normal que solo sean los hombres quienes compartan los espacios de poder. Nuestra Constitución señala que nuestro gobierno es representativo y las mujeres no nos sentimos representadas ni en las juntas directivas de los partidos ni en la Asamblea de diputados y demás espacios políticos donde no se les permite participación a las mujeres en justicia, pero sobre todo con equidad.

Inicialmente el Tribunal Electoral dio espacio para el debate y la participación de la sociedad civil, a través de la Comisión de Reformas Electorales. Sin embargo, este proceso de consulta con la ciudadanía se debilitó cuando los magistrados aceptaron llevar lo consensuado a una mesa técnica, en la cual se ha retrocedido en temas en que ya había avances.

Me parece que los diputados debieron permitir a la sociedad civil ser parte de la mesa técnica, para que conocieran de viva voz de los integrantes de la sociedad civil sus argumentos. Los diputados deben reconocer que ellos allí representan al pueblo y los intereses del pueblo panameño, no a ellos mismos, y deben hacer leyes que mejoren el sistema electoral panameño y no concentrarse en cómo impedir el ingreso de nuevos actores a la política panameña. Todo esto terminará cuando se elimine la reelección inmediata a todos los puestos de elección popular, como sucede en nuestro hermano país de Costa Rica.

Definitivamente que la asignación de curules debe revisarse. Inicialmente la intención del residuo era permitir la representación de los partidos pequeños y en la actualización a los partidos independientes. Pero si se analizan los resultados de las últimas elecciones, el residuo ha beneficiado a los partidos grandes y ha eliminado del espacio político a varios partidos pequeños. Si no se revisa el tema del residuo, será imposible que entren nuevos actores a mejorar la participación política de la ciudadanía.

La Asamblea Nacional ha jugado el papel de negociador macabro, al encontrarse dentro de una coyuntura que le favorece. En la medida interviene jugando el papel de bisagra dentro de una pugna interburguesa, con cada fracción de la clase dominante buscando ajustar las reglas electorales a favor de sus partidos y candidatos, permitiéndole a los diputados apoyarse en uno u otro bando para mantener y proteger sus privilegios. En esencia, han negociado una reforma que mantiene el statu quo funcional tanto a los partidos, como a los donantes y al tribunal, con un control y uso discrecional y lucrativo del dinero en la política, un proceso electoral donde las que mandan son las chequeras, evitando una reforma que pudiera alterar ese equilibrio de fuerzas e intereses.

Los partidos reproducen el sexismo en la política, ya que les permite excluir en gran parte a las mujeres de puestos de toma de decisión y de la distribución de recursos, manteniendo así un Estado deformado que discrimina de forma sistemática por género, favoreciendo los intereses de los hombres en desmedro de las mujeres, evitando una mayor equidad de género en la sociedad en general, que se implementen leyes y políticas públicas que combatan la violencia contra las mujeres, el acoso, eliminen la brecha salarial, el reconocimiento del trabajo de cuidado, acceso equitativo a recursos, entre otras medidas.

El Tribunal Electoral fue en esta coyuntura, y ha sido históricamente, cómplice en mantener un Código Electoral que hace de las elecciones un gran negocio, permitiendo la compra de partidos y candidatos por donantes que invierten a expensas de recuperar su dinero y hacer una ganancia a costa de los recursos públicos, con concesiones, contratos y nombramientos, y con los candidatos, a su vez, usando el dinero recibido de los donantes para tratar de comprar a los votantes mediante el clientelismo. Es una política mercantilizada, donde las partes ven en las elecciones no solo la lucha por el poder, sino un negocio en sí mismo.

No, ellos pueden tomar la decisión de aprobarlo tal cual sale de la comisión nacional de reformas electorales. Pero no lo harán, porque van a proteger sus intereses particulares como diputados, asegurando que las normas les sigan permitiendo reelegirse y negociar prebendas con el Ejecutivo a cambio de leyes, a la vez que aseguran los intereses generales de sus partidos y donantes, por lo que el filtro legislativo impide que sea aprobada cualquier reforma sustancial que vaya en contra del statu quo, es decir, contra los intereses de los diputados, presidente, partidos y donantes.

No, es un mecanismo que favorece a los partidos grandes, porque el cálculo del residuo termina contando dos veces los votos que recibieron los partidos. Hay otros factores que contribuyen a favorecerlos, como el tamaño de los circuitos y la cantidad reducida de diputados que se eligen en cada uno, además del cada vez mayor costo de las campañas.