Organizaciones exigen comisión independiente para investigar abusos en Bocas del Toro y Darién

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil panameña envió una carta formal al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, expresando su profunda preocupación por los presuntos abusos cometidos durante el estado de urgencia declarado en la provincia de Bocas del Toro y los hechos registrados en la comunidad indígena de Arimae, en Darién.

En el documento, las organizaciones —entre ellas CEASPA, Espacio Encuentro de Mujeres, Fundación Levántate y Anda, y otras— denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad, incluyendo posibles actos de crueldad, tratos inhumanos y expresiones discriminatorias contra pueblos indígenas. Alertaron además sobre la falta de transparencia estatal y la circulación de material audiovisual cuya veracidad no ha sido confirmada.

Ante este panorama, las organizaciones exhortan a la Defensoría del Pueblo a liderar la conformación de una Comisión Independiente de Derechos Humanos, integrada por expertos y defensores de derechos humanos. Esta comisión tendría como misión revisar los informes existentes, investigar de forma autónoma los hechos denunciados, escuchar a las víctimas, identificar patrones de violaciones de derechos y emitir un informe público con recomendaciones.

También señalaron que esperan avances en las investigaciones penales y administrativas por parte del Ministerio Público y de la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, enfatizando que la magnitud de las denuncias exige una respuesta institucional inmediata.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido de cerca la situación en Panamá y expresó este viernes su preocupación por el uso de la fuerza, el impacto diferenciado en pueblos indígenas, y las restricciones al acceso a internet y a la información pública.

La CIDH recordó que los derechos y garantías fundamentales deben mantenerse incluso en contextos de excepción, especialmente los relacionados con la vida, la integridad personal y la libertad. También enfatizó que el acceso a internet es crucial para visibilizar violaciones a los derechos humanos, ejercer la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana.

En relación con las protestas sociales iniciadas en abril contra la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social, la Comisión observó que el rechazo ciudadano incluye reclamos por afectaciones a derechos adquiridos y falta de consulta previa en territorios indígenas frente a proyectos extractivos.

La CIDH reconoció los esfuerzos de diálogo y negociaciones que permitieron desbloquear vías en las zonas en conflicto. Sin embargo, reiteró que las intervenciones estatales deben observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que la violencia no justifica el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado.

El Consejo de Gabinete decretó el 20 de junio de 2025 un estado de urgencia en Bocas del Toro, suspendiendo parcialmente garantías constitucionales, incluyendo el habeas corpus, como respuesta a cierres de vías y disturbios atribuidos a “actos criminales y terrorismo urbano”. La medida fue prorrogada hasta el 29 de junio.

Durante este periodo, se registraron cortes de telefonía móvil e internet en gran parte de la provincia por parte de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), lo que, según el Gobierno, fue una medida temporal y excepcional para preservar la seguridad pública. Al menos 376 personas fueron detenidas en operativos de seguridad, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.