Asamblea Nacional

Conoce las propuestas de ley presentadas en la Asamblea tras el regreso de las sesiones ordinarias

  • 11/07/2025 16:51
Las iniciativas, presentadas por diferentes diputados entre el 2 y 10 de julio, incluyen reformas a la Ley de la CSS, la Ley de Contratación Pública, y el Código Penal, además de propuestas para mejorar la gobernabilidad institucional y la protección de derechos ciudadanos.

Durante el segundo periodo legislativo, los diputados de la Asamblea Nacional han impulsado una diversidad de propuestas que abordan desde reformas institucionales hasta temas de salud, justicia, contratación pública y derechos ciudadanos.

Desde el 2 de julio se inició con la presentación iniciativas enfocadas en reformas legales sensibles. El diputado Jairo Salazar propuso derogar la Ley 462 de marzo de 2025, restaurando así la vigencia de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Una propuesta similar fue presentada por Crispiano Adames, con el mismo objetivo.

En temas de seguridad y justicia, Orlando Carrasquilla presentó una modificación al Código Penal sobre los delitos de hurto pecuario y asociación ilícita para delinquir. Por su parte, el diputado Lenin Ulate propuso regular el uso de agentes químicos y municiones para el control de multitudes.

También se introdujeron reformas penales para aumentar las sanciones por delitos contra la libertad individual, como la privación de libertad y sustracción de menores, según la propuesta de la diputada Alexandra Brenes. En el ámbito educativo, Patsy Lee presentó un anteproyecto para organizar y regular las asociaciones de padres de familia en centros oficiales.

Asimismo, Paulette Thomas propuso una ley que declara de interés nacional garantizar el suministro eléctrico continuo a pacientes electrodependientes.

El 3 de julio diputado José Pérez Barboni propuso una ley que busca indemnizar daños vehiculares causados por instituciones del Estado. Mientras tanto, Luis Duke presentó una iniciativa que establece criterios para el nombramiento de altos cargos en entidades como Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) y el Registro Público.

Orlando Carrasquilla también presentó una propuesta para crear un programa educativo penitenciario, y el diputado Neftalí Zamora planteó someter a plebiscito la permanencia de Panamá en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), además de proponer la derogación del decreto que organiza los Bingos Nacionales.

El 7 de julio La diputada Grace Hernández propuso que sea obligatoria la restitución de fondos sustraídos del erario público mediante delitos contra la administración pública, según el Código Penal. En otra iniciativa, el diputado Jairo Salazar presentó un anteproyecto que reforma beneficios de jubilaciones especiales dentro de la Fuerza Pública y los estamentos de seguridad.

Jorge González, por su parte, planteó la modificación de la Ley 39 de 2012 para reforzar el apoyo económico a personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema.

Durante la sesión del 9 de julio, el diputado Jamis Acosta presentó dos propuestas: una para sancionar estafas realizadas a través de páginas web y otra para modificar artículos del Código Judicial y del Código Procesal Penal.

Janine Prado introdujo un proyecto que define el delito político dentro del marco legal panameño, y Betserai Richards propuso regular los ingresos de las notarías públicas. Finalmente, Ernesto Cedeño propuso cambios al Decreto Ley 3 de 2008 relacionado con el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Ayer, 10 de julio, El diputado Crispiano Adames presentó un anteproyecto para regular los requisitos que deben cumplir los alimentos con grasas trans y/o saturadas. La diputada Alexandra Brenes promovió reformas a la Ley de Contratación Pública, al régimen del área económica Panamá-Pacífico y a la ley que creó Mercados Nacionales de la Cadena de Frío.

También se presentó una iniciativa para desarrollar el artículo 51 de la Ley 23 de 1997, vinculado con el Acuerdo de Marrakech y las funciones de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

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