30 de Nov de 2021

Nacional

Caraballo 'garantiza' una investigación objetiva y transparente

El propio Javier Caraballo, procurador encargado, encabezará la investigación de los cinco fiscales superiores querellados. La del resto de los denunciados, Kenia Porcell, Rolando López y Jacinto Gómez, recaerá en parte en la Fiscalía Anticorrupción. Un desafío para el sistema, advierten abogados

Caraballo
El procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo.Cedida

El procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, garantizó a La Estrella de Panamá que habrá una investigación transparente y objetiva a cinco fiscales superiores denunciados recientemente por varios delitos y tres exfuncionarios de la administración de Juan Carlos Varela.

Caraballo será el encargado de hacer la investigación a los fiscales superiores. No siente limitantes, ni siquiera con la posibilidad de ser removido en cualquier momento: “El hecho de que esté en el cargo como encargado, en vez de nombrado en propiedad, no depende de mí, sino del Ejecutivo. Pero la independencia de mi trabajo sí depende de mí y eso está garantizado”, indicó a este diario.

Tampoco estima necesaria la creación de una comisión especial para que se encargue de la tarea, en esta o cualquier otra querella que llegue a su despacho, como han adelantado algunos abogados con intención de querellar a otros fiscales. “Vamos resolviendo las cosas como se vayan presentando, lo demás es imaginación”, exclamó el jefe de los fiscales.

“La administración de justicia tiene los recursos, la disponibilidad y la objetividad para hacer estas investigaciones”, aseveró.

Como primera acción, envió de vacaciones a cuatro de los cinco fiscales (una ya lo estaba) denunciados por los supuestos delitos de corrupción de servidores públicos; abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos; simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales; falso testimonio y delito de falsedad ideológica, en perjuicio del testigo protegido Abraham Williams, conocido como 'Euro 14'.

Lo anterior ocurre dos días después de haber dado curso a la querella presentada por la exministra de Educación (2009-2014) Lucy Molinar en contra de los cinco fiscales superiores, quienes supuestamente formaron parte de una red para fabricar casos en diferentes instituciones con abogados contratados para tales fines y la participación del Consejo de Seguridad durante la administración Varela.

Por eso, el procurador encargado tomó la decisión de enviar de vacaciones a los siguientes fiscales denunciados: Adecio Mojica, fiscal superior de Descarga Anticorrupción; Ruth Morcillo, fiscal superior Anticorrupción; Zuleyka Moore, fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y previamente fiscal Anticorrupción; y Nahaniel Murgas, fiscal superior de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, antes fiscal primero Anticorrupción. Mientras que Tania Sterling, fiscal superior Anticorrupción, ya gozaba de esta medida.

Todos ellos, según el escrito presentado por Molinar, también investigada en el caso, forman parte de la trama relatada por Williams. A estos se añade la que fuera la jefa de todos los anteriores y del propio procurador encargado, la exprocuradora Kenia Porcell; también Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y Jacinto Gómez, su mano derecha en el CSN.

El detonante fue la declaración dada por Williams (Euro 14), quien en la audiencia preliminar del caso 'Granos' denunció que fue coaccionado por el CSN en el despacho de los fiscales para que en su declaración incluyera los nombres de funcionarios de alto perfil de la administración del expresidente Ricardo Martinelli a cambio de ser exonerado y recibir un trabajo en una embajada. También habló de irregularidades en la actuación de los fiscales.

Con respecto al resto, que no forma parte del aparato estatal, una parte podría quedar en la fiscalía Anticorrupción, de ahí la medida de las vacaciones que podría prolongarse sin obstáculos por la cantidad de meses acumulados.

La denuncia trae al debate la interrogante sobre cómo garantizar un proceso objetivo tanto de los propios actores del Ministerio Público, como del denunciante, y quién encabezará dicha pesquisa.

Los fiscales denunciados son funcionarios que han liderado pesquisas de alto perfil, que serán continuadas por fiscales de distrito o subalternos.

¿Quién investiga a quién?

La afinidad entre los fiscales Anticorrupción cuestionados y sus compañeros de despacho, así como las relaciones laborales que los unen al procurador de turno, son un verdadero desafío.

A diferencia de la confianza que siente Caraballo en cuanto a la objetividad y los mecanismos que tiene la institución para salir airoso en este proceso, algunos abogados consultados perciben algo distinto.

“Los cuestionamientos al funcionamiento y operación del Ministerio Público deben ser esclarecidos, y si no hay mecanismos para ello, el procurador debe exponerlo, porque a lo largo de los últimos años hemos visto deficiencias y nadie indica dónde debemos mejorar. Sin embargo, estos señalamientos lastiman la credibilidad en el sistema”, expresó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

César Ruiloba, expresidente del mismo colegiado coincide en que el problema es la institucionalidad y los instrumentos con que cuenta para resolver este tipo de casos. “No hay que inventar nada en estos temas. En otros países ya existe la fórmula, al igual que cuando se trata de jueces”, consideró.

La aspiración es que el procurador logre emprender una investigación y supervisión que supere una duda y sea esclarecida bajo su administración. A diario los abogados o afectados presentan quejas contra funcionarios, pero la mayoría queda en reproche, procesos administrativos o rotaciones de fiscales, precisamente por lo señalado por los abogados.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia ha establecido la Oficina del Procurador de los Derechos de Víctimas para recibir e investigar las denuncias presentadas por las víctimas de delitos en contra de sus empleados, y ha implementado procedimientos para promover el cumplimiento de las quejas contra estos para cumplir con los derechos de las víctimas.

Pero en nuestro país, esa ha sido la gran deficiencia: quién investiga a quién.

La Constitución atribuye al Ministerio Público la facultad de investigar, por tanto, pensar en una comisión externa para dicha tarea contraviene la carta magna.