Pacto del Bicentenario, informe realista y crudo, pero con una mirada optimista al futuro

La hoja de ruta para construir un país más equitativo e incluyente fue recibida por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, de manos de la coordinadora del documento Pacto por el Bicentenario “Cerrando Brechas”, Paulina Franceschi.

“(El pacto) revela las necesidades urgentes de la población que no podemos seguir evitando”, dijo el mandatario, al tiempo que se comprometió a crear un instituto de planificación para el desarrollo del país, el 2 de enero de 2022, y una comisión de alto nivel para darle seguimiento a la ejecución de los acuerdos plasmados en el documento de 77 páginas.

“Hacer valer cada uno de los acuerdos es importante, es mi compromiso... tienen mi palabra”, afirmó el mandatario. Y exhortó a los gobiernos que lo sucederán a continuar ejecutando el pacto social.

Por último, el mandatario reconoció que el mérito de lograr un documento consensuado que expone los problemas más apremiantes de la sociedad panameña y sus soluciones es de los panameños para alcanzar “el país de los sueños”.

Franceschi celebró la exitosa conclusión del Pacto del Bicentenario en su fase deliberativa, de diagnósticos, de propuestas y de acuerdos.

“Este es un informe realista y crudo en sus diagnósticos, pero la mirada que predomina es el optimismo sobre el futuro del país, y la actitud es la de respeto por la diversidad de miradas y propuestas”, dijo la coordinadora del pacto.

Franceschi recordó que los ciudadanos confían en el rol del Estado y demandan seguir avanzando en la construcción plena del Estado de Panamá. “Cierro estas palabras invitándolos a todos a que respondan al clamor ciudadano y acepten el reto de un mejor Panamá, con el corazón lleno de civismo y orgullo por nuestras voces..., nuestro futuro”, concluyó Franceschi.

El Pacto por el Bicentenario “Cerrando Brechas” evidenció la necesidad de crear políticas públicas más vinculadas a la realidad de los ciudadanos, a partir de las aspiraciones y expectativas de ellos.

El documento, elaborado para superar los obstáculos y las injustas condiciones que experimentan 777 mil de los 4,2 millones de habitantes del istmo de Panamá que viven en pobreza multidimensional, contiene 187 acuerdos para orientar las acciones públicas para el mayor bienestar de la sociedad.

En un contexto general, los problemas detectados y las soluciones propuestas apuntan a concentrar esfuerzos para “cerrar brechas” en asuntos como, por ejemplo, mejorar y apoyar las condiciones del agro panameño y la seguridad alimentaria, procurar una educación de calidad para la vida y el trabajo, la existencia de salud con cobertura universal, hospitales, entre otros puntos.

En este sector se elaboraron 11 acuerdos agrupados en varios temas: apoyo a los estudiantes (1), infraestructura (3), acceso a internet (3) y sistema educativo (4). El propósito de los acuerdos es asegurar educación de calidad a los grupos y territorios más marginados y, por otra parte, asegurar mayores estándares y formalidad en la carrera docente.

En salud se lograron 26 acuerdos para garantizar el acceso a medicamentos (7), infraestructura (5), servicios médicos (13) y salud preventiva (1). El horizonte al que apuntan estos acuerdos es avanzar hacia la transformación del sistema de salud para alcanzar una cobertura universal para un acceso equitativo a servicios de salud integrales y garantizados a lo largo de toda su vida, con calidad y sin dificultades financieras.

La comisión de infraestructura, por su parte, alcanzó 25 acuerdos para potenciar la comunidad (6), transporte (5), electricidad (3), vialidad (3), vivienda (6) y un (1) acuerdo transversal de todos los temas anteriores. A través de la acción del Estado se busca la provisión de la infraestructura necesaria para la calidad de vida familiar comunitaria, entre ellos, parques, recintos deportivos y culturales, y también proveer de los servicios básicos de electricidad, transporte y tratamiento de residuos. Se apunta también a que esa infraestructura sea equitativamente distribuida y medioambientalmente sostenible.

Mientras que la comisión de Estado alcanzó 10 acuerdos en institucionalidad (3), reforma (2), seguridad (3) y transparencia (2). El objetivo común al que apuntan los acuerdos de esta comisión es al fortalecimiento de la institucionalidad pública para garantizar de manera oportuna, justa y eficaz los derechos, tanto individuales como colectivos, de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y la modernización del Estado para una mejor provisión de servicios, especialmente la seguridad ciudadana.

El documento plantea una reforma constitucional para redefinir aspectos esenciales como los fueros, privilegios e inmunidades de que gozan ciertos funcionarios, conformación de la Asamblea Nacional, forma de escoger a los miembros del Órgano Judicial y del contralor de la República, y aseguramiento de los principios de independencia de los órganos del Estado.

En el eslabón Estado, en el tema de seguridad, el pacto plantea revisar las leyes orgánicas de los diferentes estamentos de seguridad.

También se promueve revisar las leyes orgánicas que rigen los estamentos de seguridad, sus cargos de dirección y recursos humanos para optimizar la proyección a futuro.

En este segmento se elaboraron 16 acuerdos, agrupados en los siguientes temas principales: deforestación (2), limpieza de aguas (3), desechos (3) y conservación (8).

El objetivo común al que apuntan los acuerdos de esta comisión es aumentar los niveles de conciencia y compromiso de la ciudadanía, la coordinación de las instituciones responsables, la adecuación de los marcos legales, y mayores recursos para el cuidado del patrimonio forestal del país.

Los acuerdos alcanzados en materia agropecuaria, seguridad, sanitaria, deportiva, educativa, cultural, infraestructura y estatal fueron concebidos a partir de 175 mil propuestas que hicieron los ciudadanos de todo el territorio nacional, a través de la plataforma virtual Ágora.

Ágora es un concepto relacionado con la antigua Grecia, en donde sus ciudadanos se reunían en las plazas públicas –ágoras– para realizar asambleas y discutir los problemas de interés social, con el fin de dar a conocer sus intereses, aspiraciones, carencias y problemas que enfrentaban cada día. Esta fue la primera etapa del diálogo nacional, que fue denominada Panamá Propone. En una segunda etapa denominada Panamá Decide, las comisiones temáticas regionales analizaron y debatieron los aportes de los ciudadanos desde una perspectiva regional y local.

Este diálogo nacional fue convocado por el presidente Laurentino Cortizo, en noviembre de 2020, como una iniciativa para conmemorar los 200 años de la proclamación de la independencia de Panamá de España. Se produce en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19, que ha agudizado los problemas sociales y económicos del país.