Derechos de migrantes son evaluados por Defensoría, Ministerio Público y Naciones Unidas

Una reunión de seguimiento a los casos judiciales en los que se vulneran los derechos humanos de los migrantes que ingresan a Panamá, sostuvieron Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo; Alberto Brunori, alto comisionado de las Naciones Unidas y Javier Caraballo, procurador General de la Nación.

En el encuentro el ombudsman Leblanc González ponderó la presencia del Ministerio Público en la comunidad de Bajo Chiquito a fin de que se atiendan de primera mano los hechos delictivos de los que son víctimas los migrantes, lo cual también da tranquilidad a la población receptora.

Por su parte Alberto Brunori, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central, expresó que la Comisión de la Desaparición Forzada ha emitido la necesidad de que cada país, continué con las investigaciones para identificar el paradero de los desparecidos durante la migración, al tiempo reconoció la proactividad de la Defensoría del Pueblo de Panamá en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

La función del Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es de supervisión en la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.

Para el Procurador General de la Nación encargado Javier Caraballo se hace necesario un acuerdo regional no solamente para que el flujo migratorio sea seguro sino que ayudaría mucho para identificar a los migrantes desaparecidos en el área selvática luego que pasan de Colombia hacia nuestro país.

El Defensor del Pueblo, recordó que en el encuentro realizado en la comunidad de Capurganá se sugirió la necesidad de contar con la data de los migrantes que llegan procedentes de Colombia y el Procurador Caraballo manifestó que se encuentran cuerpos a los que se les hacen las pruebas pero no se tiene con que contrastar por la falta de una base de datos.

Este encuentro entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo resultó muy productivo para establecer esfuerzos en el registro de los migrantes quienes son asistidos por Sicólogos, trabajadores sociales y atención médica.