Abogados presentan a la Corte recurso de inconstitucionalidad en contra de Ley 254

Un grupo de integrantes del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) presentó este miércoles, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 254 de 2021, que introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales, "ya que atenta contra el rol de los abogados y les obliga asumir el rol de contador público autorizado que, no le corresponde".

Gilberto Boutin, presidente del MAG, manifestó que la Ley propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas da autoridad a la Dirección General de Ingresos (DGI) a demandar información sin ninguna causa judicial ni jurídica, generando un "fishing expedition” (en español, "expediciones de pesca") que, obliga al abogado asumir el rol de contador público autorizado que, no le corresponde.

"Hay que hacer la diferencia que el abogado solo responde por la constitución de sociedad, pero no por las transacciones que salgan de la jurisdicción panameña. Por ende, es un fardo excesivo y abusivo. Nosotros pensamos que en esta fase vamos a interponer las acciones inconstitucionales, pero esto va a desencadenar acciones penales contra las autoridades que incurran en abuso de autoridad, para obligar a los abogados a dar información que no corresponde a ninguna causa judicial", dijo Boutin.

Y agregó: "Realmente, la preocupación es que esta ley no beneficia a la profesión ni tampoco cumple con las exigencias de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ni del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)".

"Yo, creó que la injusticia tributaria está en los privilegiados que son las grandes corporaciones y los inversionistas extranjeros que, tienen exención de impuesto y no la clase media", sentenció el representante del MAG.

Por su parte, el también abogado, Francisco Carreira Pitti, destacó que con la Ley 254, al MEF le atribuyen un carácter de investigación penal que, tiene que ver con lavado de dinero y con aspectos de narcotráfico. Esta investigación viola la ley, porque son atribuciones del Ministerio Público. 

"Lo que quieren es convertir a los abogados en funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas teniendo la obligación de entregar información por adelantado que no tiene que ver con procesos penales específicos como es ahora", indicó. "Esto es un abuso de autoridad, viola el principio de intimidad y el principio de cliente abogado", puntualizó.

Por su parte, el homólogo de Boutin y Carreira Pitti, Adolfo Linares, destacó que se trata del segundo recurso de inconstitucionalidad que los abogados están presentando en contra de las imposiciones del GAFI y la OCDE. La primera, la Ley 256 de 2021 sobre las facturas electrónicas y otra serie de procesos confiscatorio que buscaban destruir el concepto de las profesiones liberales.

"Las profesiones liberales no ejercemos el comercio, nosotros damos un servicio a nuestros clientes. La Ley 254 (junto a la Ley 256), es otra imposición del GAFI y la OCDE. Aquí pareciera que el poder público no emana del pueblo ni de la Asamblea Nacional sino de estos organismos internacionales", acotó Linares tras presentar el recurso ante la Corte Suprema de Justicia.