Algunas recetas, mientras tanto

En algunas partes del mundo, los partidos políticos tienen un aspecto funerario indiscutible. Existen razones que explican la anemia de las colectividades políticas. Unas las atribuyen a la falta de probidad, otras a la ausencia de cultura política en el entorno social y no pocas a las caducas estructuras funcionales. Sumados esos tres factores, acumulados como realidades en la percepción pública, se encuentran en ellos buenos puntos de apoyo para un dictamen certero sobre la crisis de los partidos y también para recomendar recetas restauradoras.

Desde luego, existen otras concausas que determinan el debilitamiento de las actividades políticas. El incumplimiento tradicional de las promesas electorales o el aprovechamiento indebido de las fallas institucionales para medrar libremente en la burocracia, constituyen algunas de esas concausas.

Me refiero en este último punto a la inexistencia de una carrera administrativa que impida convertir el erario público en un interminable botín político. También me refiero a los privilegios establecidos por ley a favor de algunos sectores. Ambas situaciones, creadas y aprovechadas por los partidos políticos desde los inicios de la República, repercuten negativamente en la sociedad, cada día más vinculada a las tareas fiscalizadoras. El antídoto preciso contra estas concausas se encuentra en lo que puede ofrecer la clase política en bien de una carrera administrativa técnicamente concebida. La eliminación de los privilegios también depende de la clase política y en ambos casos sólo con decisiones heroicas se podrían superar esos anacronismos. ¿Privilegios en el siglo XXI?

Las caducas estructuras funcionales no sólo de los partidos políticos, sino también del Estado, contribuyen a la ruina de los partidos. Debo partir de una hipótesis: la democracia moderna no descansa exclusivamente en la representatividad. Ahora se enlaza indisolublemente con la participación ciudadana. De democracia representativa, en la práctica de los partidos, se ha evolucionado a la democracia participativa de la sociedad. Los partidos no han querido alfabetizarse con el abecedario de la democracia participativa. No han querido enterarse de que el carácter representativo del sistema se afianza con la participación social.

Los partidos tampoco han deseado adoptar nuevas formas constitucionales que rompan con el monopolio del sufragio, por ejemplo. Si en las constituciones del siglo XIX sólo podían ingresar a la Asamblea Nacional los ricos, los que contaban con ciertos ingresos o con bienes patrimoniales, las constituciones del siglo XX, vigentes en el XXI determinan que sólo pueden ser diputados los designados por los partidos políticos, privilegiando de esa forma a la clase política. Existe la representatividad de los partidos o a través de los partidos, pero no existe la participación indiscriminada de la sociedad. Este sistema imperante que no permite el ejercicio político electoral de todos los estamentos sociales, y que otorga a los partidos el derecho de ser la única fuente selectora de los candidatos a la Asamblea Legislativa, genera el reproche de la sociedad democrática que –en su conjunto– desea participar en la vida institucional del país.

El sistema constitucional actual clasifica en dos a los miembros de la sociedad: el sector partidista que puede elegir y ser elegido, y el sector puramente social, no partidario, que sólo puede elegir, pero no ser elegido. Se retorna con esta práctica al siglo XIX, cuando los ricos eran los únicos ciudadanos plenos y los pobres eran semi-ciudadanos. En el siglo XXI, los que pertenecen a los partidos son ciudadanos plenos y, por tanto, con todos los derechos de la ciudadanía, pero los que no tienen partido son semi-ciudadanos. Este bochorno constitucional lesiona el prestigio de los partidos y por eso proyectan, y también por otros motivos, una lánguida imagen funeraria.

La receta para aliviar los actuales males de los partidos es sencilla: adecuarse a las exigencias de la democracia participativa, abrir el compás o democratizar el compás, y para ello basta eliminar en una nueva Constitución la disposición actual que concede exclusivamente a los partidos políticos la potestad de nominar los candidatos a la Asamblea Legislativa.

Así como deben existir candidaturas independientes para la Asamblea Legislativa, estas candidaturas también deben darse a nivel presidencial. Se ha argumentado, basado en antecedentes, que las candidaturas independientes están condenadas al fracaso, pero es preferible que el fracaso provenga del veredicto de las urnas.

En mi pueblo había un restaurante de tercera categoría, de “primeros auxilios” o de menús precarios, que tenía por nombre “Mientras tanto”; es decir, mientras se llega a casa. Mientras se llega a la nueva Constitución, los partidos podrían dar un paso en firme hacia la democracia participativa, incorporando en sus estatutos una disposición que indique que un porcentaje X de los candidatos a los puestos de elección surgirán de la sociedad civil organizada democráticamente. Esta apertura ya existe en el sistema electoral de varios países, según noticia leída hace algunos años. Así mismo, debe extenderse a todos los partidos la obligación de postular un porcentaje no menor del 30% a candidatas del sexo femenino para los cargos plurales de elección popular, como la Asamblea Legislativa.

El sábado pasado planteaba la purificación de los partidos como recurso idóneo para salvarlos de la extinción; hoy sugiero una receta para vigorizarlos dentro de la democracia participativa.

Mientras tanto, mientras se llega al menú de una Constituyente, consensuada y democrática, las recetas para aliviar la fatiga de los partidos deben estar en el orden del día de un necesario debate nacional.

El artículo original fue publicado el 16 de febrero de 2002