Panamá, el país que somos

Durante más de dos semanas Panamá fue escenario de intensas movilizaciones sociales. El gobierno panameño se vio duramente cuestionado por amplios sectores populares y clases medias que se manifestaron a lo largo y ancho del país, en protesta, inicialmente, por el alto costo de los combustibles y de la canasta alimentaria, así como por el desabasto de medicamentos en el sistema de Seguridad Social.

En la medida en que se agruparon las distintas fuerzas sociales y políticas, y fue consolidándose el movimiento, se ampliaron las demandas a otras de fondo, con firmes cuestionamientos al modelo económico y político, estructuralmente dual, centralizado y excluyente, generador de los altos niveles de exclusión, desempleo, informalidad laboral, desigualdad social y pobreza, prevalecientes en el país.

Aunque no hay certeza sobre los alcances de este movimiento y su posible impacto futuro más allá de las reivindicaciones económicas inmediatas planteadas e incluso que, luego de las largas negociaciones, sean cabalmente cumplidas por el gobierno, el solo hecho de acontecer en el país centro nodal y asiento de operaciones logísticas del capital financiero internacional en la región, indefectiblemente vinculado y dependiente de la dinámica capitalista global, le confiere una importancia enorme, en circunstancias en las que el modelo neoliberal parecía adecuar fácilmente sus exigencias a las particularidades del país. La crisis actual exhibe la crisis estructural y el agotamiento de dicho modelo, acelerada con la pandemia y su impacto y repercusiones sociales sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.

Panamá es un país de altos contrastes y desigualdades territoriales y sociales. Los rezagos internos del Panamá rural y semiurbano poco tienen que ver con la hipertrofia inmobiliaria de la ciudad capital y zonas aledañas, caracterizada por grandes rascacielos, sólo equiparables a los de países del mundo desarrollado. Panamá fue el país de la región con mayor crecimiento y dinamismo económico durante las últimas décadas e, inclusive, el de mayor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, a pesar de la pandemia; con un PIB per cápita que rebasa la media regional, además de contar con la segunda estructura de salario mínimo más alta de la región; todo ello, hasta muy recientemente, favorecido por la dinámica del comercio mundial y el incremento de la renta generada por concepto de peaje del tránsito por el Canal, a partir de su devolución.

No obstante, en Panamá, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y también de fuentes oficiales, además de las altas tasas de desempleo estructural, la informalidad laboral afecta a más de 50% de los ocupados. Este sector, que suele operar como barrera de contención ante las crisis y servir de protección ante los riesgos de pobreza, en los límites de subsistencia, fue de hecho el más afectado durante la pandemia, por lo que, con su retiro momentáneo del mercado laboral, en circunstancias en las que la política pública fue inadecuada o insuficiente, contribuyó al incrementó de las desigualdades de ingresos y de la pobreza laboral.

Panamá, según datos de la Cepal y del Banco Mundial, ocupa la tercera peor distribución del ingreso de la región. De ahí que decir que Panamá tiene una de las mejores estructuras de salario mínimo de la región, es sólo medianamente cierto, considerando que más de la mitad de los ocupados lo hacen en la informalidad laboral, a los que se suman los desempleados y desalentados, a pesar de las supuestas bondades del modelo económico, lo que, por el contrario, afirma la estructura de desigualdad endémica prevaleciente en el país.

El modelo económico panameño presenta contradicciones estructurales notables, derivadas de la existencia de una clase empresarial rentista y una forma de Estado capturado por dicho sector de clase dominante, además de caracterizarse por sus altos niveles de corrupción, una particularidad del modelo neoliberal, sustentado en la especulación, apropiación y despojo de bienes acumulados que, en el caso panameño, tiene sus raíces en la preminencia económica y política de dicha clase empresarial, que opera a través del control directo del Estado y sus instituciones y, desde ellas, asegura el reparto y apropiación de la riqueza nacional en su propio beneficio. Esta clase, además de los privilegios que le confiere decidir directamente sobre el ingreso nacional, goza de la casi total exención de pago de impuestos, a través de las facilidades que le otorga el control sobre el aparato institucional afín a sus intereses.

El desafío es grande y complejo, si se piensa desde los intereses y demandas legítimas de los excluidos del sistema, pero también lo es para la élite empresarial que por largas décadas ha operado al amparo de un Estado puesto a su servicio. La crisis que enfrenta el país es estructural. Poco se avanzará sin la puesta en cuestión de los fundamentos del modelo transitista, sus debilidades y contradicciones de fondo. El modelo panameño amerita un cambio del marco institucional, quizá a partir de una nueva constituyente o una reforma del andamiaje que da sustento a la estructura de poder, que replantee la relación ensimismada entre el poder económico y el poder político.

En Panamá no existe separación entre dichos poderes. La élite capitalista ejerce el poder sin mediación estatal. Esta relación viciosa ha representado una rémora para el desarrollo de un sistema de partidos auténticamente democrático ya que, por el contrario, institucionaliza y viabiliza el control político directo de la élite empresarial bajo la forma de Estado capturado, al servicio de dicha minoría privilegiada.

El tema de las desigualdades de ingresos es crucial. Las disparidades salariales existentes advierten sobre la necesidad de una reconceptualización del servicio público, quizá estableciendo un tope salarial dentro de la alta burocracia estatal, contraria a las estrategias consuetudinarias de recurrir al despido como forma de enfrentar y dar salida de las crisis, y fomente la ocupación laboral, particularmente de los jóvenes que aspiran a su primer empleo en el sector público.

En Panamá, por el contrario, en el entorno de la pospandemia, el aumento en el gasto estatal en salario fue paradójicamente acompañado de la reducción del empleo público, en clara congruencia con la política de la exclusión que promueve la concentración de los ingresos a expensas del aumento del desempleo e incremento de la desigualdad e inequidad social endémicas en el país.

La irrupción de dicho movimiento, caracterizado por la heterogeneidad de los actores sociales y la espontaneidad con que se expresaron, le confiere un carácter, en cierto modo, inédito en el país, sobre todo, si se tiene en cuenta que desde la crisis política de mediados de la década de 1980, que tuvo como desenlace la invasión del país por parte de Estados Unidos y la aniquilación y desmantelamiento definitivo del modelo torrijista, con la cancelación de todas sus conquistas y la instauración del modelo neoliberal actualmente vigente, sobrevino un largo periodo de desmovilización social. De ahí la importancia de este movimiento y de su mantenimiento, el cual, independientemente de sus alcances y logros, tendrá un efecto demostrativo sobre la crisis del modelo neoliberal, con posibles consecuencias sociales y políticas en el mediano y largo plazo en el país y más allá de sus fronteras.

El autor es sociólogo y demógrafo. Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.