Asamblea Nacional le impone su agenda al Órgano Ejecutivo

Sectores políticos y de la sociedad civil miran muy de cerca las actuaciones de los diputados de la Asamblea Nacional, en las últimas semanas, especialmente de la mayoría oficialista, llegando a la conclusión de que le han impuesto o le quieren imponer su agenda al Órgano Ejecutivo.

Primero fue el rechazo en primer debate y posterior archivo del proyecto de ley 844 enviado a la Asamblea por el Órgano Ejecutivo y que buscaba la derogatoria de las leyes de incentivos turísticos.

Mientras que ayer, en poco menos de tres semanas la Asamblea aprobó el proyecto 890 que modifica la Ley de Descentralización para que representantes de corregimiento, alcaldes y sus suplentes puedan optar por el mejor salario entre el que recibían como funcionarios antes de ser elegidos y el que recibirían como autoridad de elección popular.

Pero estos también mantendrían los ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal o los incluidos y aprobados en el presupuesto del Consejo Provincial.

Contrario a la celeridad que se le dio a esta iniciativa legislativa, el proyecto de ley como el que promueve la extinción de dominio, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública, no ha sido aprobado ni siquiera en primer debate.

De igual manera, en estos precisos momentos la comisión de Presupuesto de la Asamblea discute el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2023, sobre el cual el presidente de esta instancia legislativa, el diputado y presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, ya advirtió que peligra la aprobación de este presupuesto, remitido al Legislativo por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

“Esta vez no queremos que el Gabinete nos baipasee, (no prestarles atención) porque aquí se está peligrando de no aprobarse el presupuesto. Yo he estado cuatro años en este gobierno en la comisión de Presupuesto y a veces nosotros hacemos recomendaciones y es muy poco lo que el Gabinete asume y nosotros seguimos pasando el presupuesto. Nuestra recomendación va a ser muy importante, porque si la respuesta no son la que nosotros esperamos del Gabinete, peligra la aprobación del presupuesto del próximo año”, indicó.

Al respecto, el veterano dirigente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas manifestó que en la situación actual, desde el inicio del presente gobierno, “aquella hipertrofia” de poder político que se viene desarrollando en la Asamblea Nacional, desde el gobierno de Ricardo Martinelli, se ha hecho más evidente.

“Solo las amenazas recientes del presidente de la comisión de Presupuesto, la negativa de derogar las leyes de incentivos turísticos y el desplante de una diputada de Cambio Democrático ante el pésimo trabajo del ministro del MOP, dejan al desnudo la intención de los diputados actuales de hacer valer su poder político por encima de los otros poderes del Estado”, indicó.

Sostuvo que lo anterior es sumamente peligroso para la democracia, tras señalar que la capacidad política de la actual Asamblea no es aquella de dónde podríamos sacar estadistas y políticos que vean más por el interés y bienestar de toda la población que por el interés electoral propio asegurando su reelección.

Agregó que para ello, estos diputados crean leyes que les permitan a sus buscadores de votos de los corregimientos, distritos, etc., tener los recursos que a su vez les facilite la reelección de todos. “Por esa última razón peligra la democracia, ya sea por explosión social o porque el sistema derive hacia grupos que para mantener su hegemonía pongan en práctica medidas o sistemas antidemocráticos”, dijo.

Sánchez Cárdenas consideró que el responsable político del destino democrático de la nación es el Ejecutivo, el presidente y su Gabinete, “les toca a ellos, sin romper el orden constitucional, lograr la armonía de los tres órganos del Estado”.

En tanto, el precandidato independiente a la Presidencia de la República Eduardo Quirós manifestó que la Asamblea Nacional actúa de espaldas al país al aprobar un proyecto de ley que autoriza a alcaldes, representantes y sus suplentes a cobrar un salario que no se trabaja.

Calificó esta iniciativa como inconstitucional, ya que, asegura “irrespeta” una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.

Sostuvo que con la aprobación de estos privilegios, la Asamblea se burla de miles de panameños y panameñas que diariamente buscan un empleo para satisfacer sus necesidades básicas, y que además atenta contra las instituciones públicas en las que laboraban, porque no podrán nombrar un reemplazo para brindar sus servicios”.

Mientras que el exdiputado y exministro de Obras Públicas José Antonio Domínguez afirmó que lo que existe es un chantaje de la Asamblea al Ejecutivo. “Cuándo en la historia ha sido una percepción (el chantaje). Más real, ni la misma moneda”, dijo.

Agregó que al llamarles padres de la patria a los diputados, se lo toman casi que textualmente. Así como un padre le dice a su hijo, tú aquí vas a hacer lo que yo te diga porque soy tu papá. “Ellos piensan que pueden actuar de manera similar”, precisó.

Añadió que si se tiene a un jefe que no sabe cómo manejar a su personal, jamás podrás esperar que las cosas salgan bien, y muy probablemente lo que va a conseguir es una sublevación de su personal.

“Gritar, amenazar y proponer no sirve de nada si no estás dispuesto a actuar. En este gobierno eso no ha sucedido y no se espera que suceda. ¿Quién lleva el verdadero control? Bueno, los hechos nos dejan hacer conjeturas. Por cómo está conformada la Asamblea y viendo quienes la manejan, no se puede esperar algo diferente a lo que ha venido pasando”, concluyó Domínguez.